Introducción a la Reforma Agraria Liberal
La reforma agraria liberal se efectuó legislativamente en su mayor parte durante la Regencia de María Cristina de Borbón, en el momento que acceden al gobierno los liberales progresistas a partir de 1835. Éstos pretendían que la propiedad de tierras pasara a ser un bien libre y comercializable, que favoreciera un aumento de la producción y productividad agrícolas y, con ello, un mayor beneficio económico para los habitantes y el país en general. Para alcanzar estos objetivos, los progresistas se propusieron acabar con la propiedad agraria o urbana que no podía ser enajenada o vendida, o lo que es lo mismo, la propiedad vinculada (perteneciente a los nobles) y las propiedades de manos muertas o de la Iglesia. Primeramente, el gobierno se apoderaría forzosamente de dichas propiedades para posteriormente sacarlas a subasta pública una vez tasadas. El decreto y las dos leyes desamortizadoras se dan en los años 1836, 1841 y 1855.
Entre los años 1835 y 1837 se da lugar al cambio entre el modelo de propiedad del Antiguo Régimen al nuevo modelo expuesto por los progresistas. Quedarán suprimidos los mayorazgos y los señoríos jurisdiccionales, y de ello quedarán perjudicados los labradores o jornaleros que trabajaban las tierras de la nobleza, ya que pierden todo el derecho que sobre las tierras tenían. Se adoptaron otras medidas como la supresión de la Mesta o el diezmo eclesiástico.
Las Desamortizaciones de los Liberales Progresistas
Las desamortizaciones que tuvieron lugar durante el siglo XIX convertían la propiedad de manos muertas o amortizada en propiedad de libre venta y explotación. Para ello, el gobierno progresista legisló de manera que convirtiese tales propiedades amortizadas en bienes comunes que inmediatamente saldrían a subasta pública. Las primeras amortizaciones fueron de tipo eclesiástico; la primera afectó a las órdenes religiosas y tuvo lugar en 1836, y la segunda afectó al clero secular en el año 1841. La desamortización civil llegaría en el año 1855. Podemos encontrar antecedentes de estas amortizaciones en las propuestas en el siglo anterior por los ilustrados y también las leyes desamortizadoras que se incluían en las Cortes de Cádiz, tanto de bienes eclesiásticos como civiles. Estas desamortizaciones fueron abolidas por Fernando VII cuando retomó el poder, instauradas de nuevo en el Trienio Liberal y de nuevo abolidas por el propio Fernando VII en 1823.
La Desamortización de Mendizábal (1836)
La desamortización de Mendizábal vino dada cuando, a raíz de la Primera Guerra Carlista, se sucedieron una serie de revueltas urbanas dirigidas por los liberales progresistas que acabaron por conseguir que el progresista Mendizábal integrase el gobierno. Una vez en él, el político consiguió en el año 1836 convertir en bienes nacionales todas las propiedades que perteneciesen a conventos formados por menos de 12 personas y que no se dedicasen a tareas de beneficencia. Se ponían así a la venta los bienes de las órdenes religiosas extinguidas, lo que permitiría, entre otras cosas, la devolución de la deuda nacional a los poseedores de títulos, se haría circular libremente a la propiedad estancada y se intentaría aumentar el número de propietarios con la aparición de una nueva clase de propietarios medios y pequeños.
Ley de Desamortización de Bienes del Clero Secular (1841)
A continuación de esta desamortización llegaría la Ley de Desamortización de Bienes del Clero Secular, la cual sería aprobada el 2 de septiembre de 1841 durante la regencia del militar progresista Espartero y contando con la intervención de nuevo de Mendizábal en la nueva ley. Ésta convertía en bienes nacionales todas las propiedades pertenecientes al clero secular, es decir, al clero de catedrales, colegiatas y parroquias, así como todo lo relacionado con la construcción y mantenimiento de los edificios religiosos y las cofradías. Esta ley sería derogada años más tarde por los liberales moderados en 1844.
Consecuencias de las Desamortizaciones
Las propiedades desamortizadas por Mendizábal salieron, después de ser tasadas, a subasta pública, subasta en la que los compradores tenían dos formas de pago: por una parte, el pago en efectivo y, por la otra, pagando parte de la propiedad con bonos de deuda pública y el resto a 8 años. Los grandes lotes de propiedades que salieron a subasta, organizados por los municipios, cayeron esencialmente en manos de la aristocracia y de la burguesía adinerada, ya que podían hacer frente al coste de la subasta. Por tanto, la creación de una nueva clase de medios y pequeños propietarios se vio truncada ante el escaso acceso de las clases populares y baja burguesía a estos lotes. El latifundio se vio incluso ampliado.
La Iglesia trató de frenar el proceso desamortizador mediante la herramienta espiritual de la excomulgación, y el gobierno estableció en la Constitución de 1837 un método de recompensa hacia la Iglesia que consistía en mantenerla con dinero proveniente del Estado. La llegada de los liberales moderados al poder supuso una bocanada de aire fresco para la Iglesia, ya que las leyes desamortizadoras se cancelaron y se firmó un concordato con el Vaticano en 1851, según el cual se aceptaban las tierras ya expropiadas a cambio de mantener económicamente a la Iglesia, establecer el catolicismo como religión nacional e incluir el catolicismo en la enseñanza.