Orígenes de las Guerras Carlistas

El 3 de octubre de 1833, el administrador de correos Manuel María González, en Toledo, lanzó el grito de “Viva Carlos V”, acto por el cual fue fusilado. Este suceso marcó el comienzo de la actividad de pequeñas partidas en el bajo Aragón, inicialmente mal organizadas, pero que posteriormente se estructurarían mejor. El pronunciamiento militar no tardaría en llegar.

A principios del siglo XVIII, el rey Felipe V promulgó la Ley Sálica, que prohibía a las mujeres reinar en España. Con esta medida, pretendía evitar que los Habsburgo recuperaran el trono a través de la línea dinástica femenina.

Un siglo más tarde, el rey Fernando VII se enfrentó a un grave problema: no tenía hijos varones, solo dos hijas, Isabel y Luisa Fernanda. Su padre, Carlos IV, había intentado eliminar la Ley Sálica a través de la Pragmática Sanción, que no llegó a publicar. Sin embargo, Fernando VII sí la promulgó con el fin de que su hija Isabel reinara tras su muerte. Esto perjudicó a su hermano, Carlos María Isidro. Los partidarios de este último le presionaron para que derogara la Pragmática Sanción, pero Fernando mantuvo su postura. Cuando el monarca falleció, Isabel fue proclamada reina, aunque, debido a su minoría de edad, se nombró reina regente a su madre, María Cristina.

La situación del país era delicada. Fernando VII había reinado de forma absolutista, pero antes de su muerte, influenciado por su mujer, hizo concesiones a los liberales. Los absolutistas, ante el riesgo de que María Cristina e Isabel llevaran a cabo reformas, optaron por su opción natural: Carlos María Isidro.

Las Guerras Carlistas fueron tres guerras civiles que tuvieron lugar en España en el siglo XIX y que enfrentaron a los seguidores de Isabel II y a los de Carlos María Isidro. Estos conflictos se desarrollaron entre 1833 y 1876, afectando principalmente a determinadas zonas de Cataluña, Navarra y el País Vasco, y en menor medida al interior de la península.

Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Con la muerte de Fernando VII se inició la guerra civil entre absolutistas y liberales, que duró hasta 1840, afectando principalmente a los territorios vascos y Navarra, y en menor medida a Cataluña, Aragón y Castellón (Maestrazgo).

Se configuraron dos bandos: los absolutistas, defensores de Carlos María Isidro, y los liberales, defensores de Isabel II.

Los Carlistas

Los carlistas apoyaban el mantenimiento del absolutismo monárquico y los fueros tradicionales, así como la conservación de la propiedad de las tierras y la religión. Este bando estaba compuesto por el bajo clero, la pequeña nobleza rural (propietarios de tierras) y gran parte del campesinado.

Las provincias vascas y Navarra se pusieron del lado de Carlos, defendiendo las tradiciones y a la Iglesia Católica.

La visión foralista no fue la causa principal de esta guerra, sino más bien un intento de crear un nacionalismo anterior a Sabino Arana. La principal razón fue la influencia del clero vasco.

En Cataluña y Aragón, la causa fue la oportunidad de recuperar los fueros perdidos. A nivel exterior, contaron con el apoyo de la Santa Alianza (Rusia, Austria y Prusia).

Los Isabelinos

Los isabelinos apoyaban el liberalismo, la centralización y la uniformidad legislativa. Querían un gobierno constitucional y que la sociedad no estuviera controlada por la Iglesia. Este bando estaba formado por la burguesía, los funcionarios, el ejército, gran parte de la población urbana y la alta nobleza. Controlaban las principales instituciones del Estado y contaban con el apoyo del Reino Unido, Portugal y Francia, tanto económico como militar.

Aunque tenían medios para acabar la guerra en poco tiempo, la ineficacia del gobierno y la dispersión de los carlistas permitieron a estos resistir durante casi siete años.

Causas y Desarrollo de la Primera Guerra Carlista

El detonante de la guerra fue la cuestión dinástica al morir Fernando VII, pero la causa real fue la diferente forma de concebir el Estado y el gobierno por parte de la sociedad. La desamortización de la Iglesia hizo que esta se convirtiera en el principal pilar del carlismo, bajo el lema: “Dios, Patria y Rey”. El liberalismo era incompatible con el sistema político vasco.

La guerra comenzó con militares que se pronunciaron en contra de Isabel II sin el apoyo del ejército regular, como el general Ladrón de Cegama y el coronel Tomás Zumalacárregui. Obtuvieron importantes victorias en el norte, pero las grandes ciudades seguían bajo control liberal. Los hechos más significativos fueron:

• Victorias carlistas con tácticas de guerrilla.
• Desmoronamiento liberal en la batalla de las Amezcoas.
• Sitio de Bilbao y muerte de Zumalacárregui.
• Ruptura del cerco de Bilbao por Espartero.

Tras la muerte de Zumalacárregui, el bando carlista no encontró un sucesor a su altura, pasando la iniciativa al bando liberal. Se inició una dinámica de batallas estériles, muchas de ellas acabadas en tablas. El estancamiento dio paso a un retroceso carlista. Mientras tanto, en el este, el general carlista Cabrera mantuvo la iniciativa durante casi toda la guerra, pero sus fuerzas fueron demasiado escasas para lograr la victoria.

A partir de 1837, el ejército liberal se fue fortaleciendo gracias a los recursos económicos provenientes de la desamortización. En 1839, el cansancio llevó a ambos bandos a buscar un acuerdo. Los liberales accedieron a separar la causa de los Fueros de la de Carlos, y un sector carlista, llamado transaccionista, apoyó una solución negociada del conflicto. Como consecuencia de las negociaciones entre Espartero y Maroto, con la oposición de Carlos y de los alaveses y navarros, se firmó el Convenio de Oñate, sellado con un abrazo en las campas de Vergara (el Abrazo de Vergara). Se llegó a una serie de acuerdos: el trono pertenecería a Isabel II, los oficiales del ejército carlista conservarían sus puestos y se mantendrían los fueros. Sin embargo, debido a la falta de apoyo militar, Carlos abandonó España. La resistencia en Cataluña y el Maestrazgo duró hasta 1840, cuando Espartero entró en Morella y Cabrera se marchó a Francia.

El Sistema Foral Vasco tras la Primera Guerra Carlista

Los fueros eran un conjunto de leyes y costumbres, unidas a inmunidades económicas y políticas especiales, respaldadas por las leyes de Castilla a cambio de lealtad política a la monarquía. Abarcaban todos los aspectos de la vida vasca. La mayoría de los fueros se concedieron en los siglos XIV y XV. Las provincias vascas formaban la frontera norte de España, eran difíciles de defender de los ataques de Francia y tenían problemas de abastecimiento. La monarquía castellana buscó una solución: otorgar tierras y privilegios a cambio de que los campesinos defendieran su propio territorio.

El régimen foral vasco se basaba en el pase foral, la Junta General y el corregidor.

• El pase foral: Consistía en que no se podía aplicar cualquier ley o decisión judicial sin el permiso de las autoridades forales.
• Las Juntas Provinciales: Se apoyaban en los consejos municipales, donde se elegían sus miembros. El sistema era democrático, pero no del todo, ya que no cualquiera podía ser elegido. A partir del siglo XVI, se extendió entre los vascos el estatus de hidalguía, por lo que todos podían elegir y ser elegidos.
• El corregidor: Era el agente del rey en el País Vasco. Fue nombrado a petición de Guipúzcoa y Vizcaya para detener las luchas entre parientes mayores. Debía aprobar cualquier modificación de los fueros y tenía funciones judiciales y administrativas.

El régimen foral otorgaba a los vascos privilegios y libertad: no estaban obligados al servicio militar obligatorio, no se les podía torturar, y cada nuevo rey (también señor de Vizcaya) estaba obligado a jurar fidelidad a los fueros bajo el Árbol de Gernika. Además, tenían grandes ventajas fiscales. Sin embargo, los fueros se fueron perdiendo poco a poco.

Espartero y los Fueros Vascos

Durante la regencia de Espartero, la adaptación de los fueros al marco constitucional experimentó una serie de cambios. Los representantes vascos en las Cortes eran moderados y fueristas, mientras que los navarros eran progresistas y sus propuestas limitaban los fueros. Esta diferencia impedía que se formara un frente común para defender los fueros en las Cortes.

Gracias a las negociaciones particulares de Navarra, se promulgó la ley del 16 de agosto de 1841, llamada Ley Paccionada, por la que Navarra perdía la condición de reino, aceptando los derechos constitucionales y los sistemas electorales y judiciales españoles. A cambio, se le concedió autonomía administrativa.

El progresismo llegó a las provincias vascas, eliminándose el pase foral, lo que provocó una rebelión armada en las provincias entre carlistas, fueristas y liberales. La represión de Espartero, apoyado por la burguesía donostiarra, fue inmediata. En 1841, firmó un decreto por el que las provincias vascas se igualaban al resto del Estado, suprimiendo el pase foral y las diputaciones, y aplicando las leyes estatales. Esta ley no suprimió por completo los fueros, ya que se conservaron los privilegios militares y fiscales.