Ley de Responsabilidades Políticas (1939)

Clasificación del texto

Naturaleza del texto

• Tipo de fuente: Primaria.
• Es un documento jurídico, es decir, que emana de un poder político y tiene un carácter legal, concretamente del BOE del 13 de febrero de 1939.

Autor

El general Francisco Franco.

Circunstancias histórico-temporales

Poco antes de terminar la Guerra Civil, el 9 de febrero de 1939, el general Franco promulgaba dicha ley. Anteriormente, Juan Negrín, presidente del Gobierno de la República, en 1937 pronunció sus famosos 13 puntos, en los que expresaba su deseo de continuar la lucha, pero, si era posible, estableciendo un principio de acuerdo con el bando sublevado. Franco los rechazó, ya que su única oferta era la rendición incondicional. En julio de 1938, Manuel Azaña expresó la necesidad de una política de paz que pusiera fin a los dos años de guerra civil (“paz, piedad y perdón”). La respuesta de Franco fue la Ley de Responsabilidades Políticas.

Destinatario y finalidad

El pueblo español. La finalidad era perseguir a todas aquellas personas que hubieran formado parte del Frente Popular, desde los dirigentes a los militantes de base, o si hubiesen simpatizado con él, es decir, cualquier actividad política en desacuerdo con el nuevo régimen y, con efecto retroactivo, desde el 1 de octubre de 1934.

Análisis del contenido del texto

Se trata de la selección de tres artículos de la Ley de Responsabilidades Políticas.

• El Artículo 1º determina la responsabilidad política a todas las personas, físicas o jurídicas, que estaban en contra del autor de dicha ley, desde octubre de 1934.
• En el Artículo 2º se ilegaliza a todos los partidos políticos, agrupaciones y sindicatos opuestos al Movimiento Nacional.
• En el Artículo 3º el nuevo Estado incautaba todas las posesiones de los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones que habían sido declaradas ilegales.

Contexto histórico: La represión durante el Franquismo

El 1 de abril de 1939 es la fecha en la que se da por terminada la Guerra Civil española, pero el final de la guerra no trajo la paz a los españoles, sino la aplicación, a lo largo de 36 años, de lo que el régimen llamó la “victoria”.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 fue la base jurídica que justificó la actuación de los tribunales y el exterminio de oponentes políticos al régimen. La ambigüedad de su texto permitía la cárcel y ejecución de cualquier español comprometido con organizaciones democráticas anteriores a la guerra y presentaba la paradoja de considerar “rebelión militar” la no adhesión a la sublevación de 1936.

Se constituyeron los Tribunales de Responsabilidades Políticas que imponían tres tipos de sanciones: inhabilitación profesional, restricciones a la libertad de residencia (especialmente destierros) y multas económicas. Excepcionalmente podían proponer al Gobierno la pérdida de la nacionalidad española del responsable, como ocurría en el caso del primer presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora.

De todas estas penas, las más habituales e importantes eran las sanciones económicas, las incautaciones y las confiscaciones de bienes que iban a nutrir al nuevo régimen con una importante fuente de ingresos. Las acusaciones podían formularse con carácter retroactivo, sancionando acciones desde el 1 de octubre de 1934. En caso de que el acusado hubiese muerto o estuviera ausente, se hacía responsables a los herederos (viuda e hijos) del pago de las sanciones y multas.

Dichos tribunales estaban formados por el Ejército, la Magistratura y la FET de las JONS. Ante el efecto retroactivo de la ley, el tribunal no tenía que demostrar la culpabilidad del acusado, sino que este tenía que demostrar su inocencia. Los tribunales militares, algunos de ellos itinerantes, resolvían entre 12 y 15 casos por hora. La falta de garantías procesales era total, ya que se partía del principio de culpabilidad. Las mayores cotas de represión por parte de estos tribunales se dieron entre 1939 y 1942, aunque estuvieron en vigor hasta 1966.

Se dictó otra ley en 1940, la Ley sobre Represión de la Masonería y del Comunismo, que parecía responder a la obsesión particular del general por esas entidades.

Tras la victoria militar de Franco, millones de personas se vieron obligadas a cambiar bruscamente su comportamiento e ideas conforme a las exigencias políticas y sociales del nuevo Estado. Otras (unas 60.000 entre 1939 y 1945) no tuvieron ni siquiera esa oportunidad y fueron ejecutadas. Los exiliados tuvieron que adaptarse a los países de acogida en situaciones especialmente dramáticas y con la Segunda Guerra Mundial a punto de estallar, mientras que los miembros de los partidos políticos derrotados que optaron por quedarse en España sufrieron duras penas de cárcel y una continua marginación social. En la primera posguerra hubo casi 300.000 internados, cifra que sólo se redujo a una décima parte en 1950. A este tipo de represión se sumó, además, la profesional y la económica.

El franquismo trataría de hacer realidad aquello de que la historia la escriben los vencedores, y pondría todos los medios necesarios para conseguirlo. Universidades, institutos y, en particular, el cuerpo de maestros nacionales fueron víctimas de implacables procesos de depuración. España perdía para siempre científicos, historiadores, juristas, poetas y pintores, que encontrarían, en muchos casos, reconocimiento y acogida en países de Hispanoamérica. Cerca del 90% de los intelectuales abandonó el país. Casi al completo la generación del 27, con Pedro Salinas, Rafael Alberti y Jorge Guillén. Con el Premio Nobel concedido a Juan Ramón Jiménez en 1956, el mundo literario internacional manifestaría su reconocimiento a esa poesía española en el exilio; lo mismo ocurrió con el Premio Nobel de Medicina otorgado tres años más tarde a Severo Ochoa.

La represión política y social fue, junto con el hambre, la primera en aparecer en la escena de la posguerra. Un gran sector de las clases medias y obreras de filiación republicana fue depurado por el régimen, que los sustituyó en sus trabajos por otras personas, la mayor parte sin cualificación para la tarea encomendada. El temor a la represión y la necesidad de trabajar creó una adhesión interesada al régimen, que alcanzó a muchos sectores y se apoyó en un sistema policial de delaciones, denuncias y venganzas. Las peticiones de delación aparecían en órdenes municipales, requisitorias de juzgados, bandos militares, todas ellas recogidas en la Causa General, y las penas por no delatar provocaban casos dramáticos.

Cuando Franco dirigió la Guerra Civil, tenía claro que no quería una dictadura como la de Primo de Rivera. Necesitó una guerra larga para depurar, tanto dentro como fuera, a todos los elementos que estuviesen en contra de su idea de España, tuviese que eliminar a los españoles que fuera necesario. Estuvo en contra de firmar una paz pactada como le propone Negrín. Pero la depuración que se inició durante la guerra no terminó con esta, sino que siguió mientras vivió el dictador, hasta 1975.