Antecedentes

Tras la dimisión de Berenguer, el rey intentó formar un nuevo gabinete ofreciendo la presidencia a José Sánchez Guerra y a Melquíades Álvarez, quienes no aceptaron. Finalmente, fue el almirante **Juan Bautista Aznar** quien accedió, creando un gobierno que, en un intento de ganar popularidad, convocó **elecciones municipales para el 12 de abril de 1931** a las que pudieron presentarse todos los partidos políticos.

Esta decisión fue entendida desde la oposición como una consulta al pueblo a favor de la monarquía o de la república. Aunque los concejales monárquicos obtuvieron la mayoría en todo el país, las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en 41 capitales de provincia, pues en las ciudades industrializadas la opinión pública no estaba sometida a los caciques. Los republicanos se consideraron vencedores, pero también los monárquicos interpretaron así los resultados. El ímpetu republicano de las manifestaciones pacíficas que se hicieron en las ciudades tras conocerse los resultados electorales, convenció a **Alfonso XIII**, quien decidió exiliarse abandonando el ejercicio de la soberanía y embarcando en Cartagena rumbo a Marsella.

Así, el **14 de abril se proclamó la II República** como consecuencia de la mala gestión de la monarquía, incapaz de afrontar los graves problemas que el Estado arrastraba y desacreditada por haber apoyado la dictadura de Primo de Rivera.

La proclamación la realizó en Madrid **Niceto Alcalá-Zamora** en nombre del comité revolucionario, constituyéndose inmediatamente un gobierno provisional de republicanos, socialistas y regionalistas que iniciaron reformas urgentes en el ámbito social y militar, convocándose elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio.

Constitución de 1931

Los resultados electorales dieron una victoria aplastante a la coalición republicana y socialista que formaron un gobierno presidido por **Manuel Azaña**, ratificando como Jefe de Estado a Alcalá-Zamora. Una comisión presidida por el socialista **Jiménez de Asúa** se encargó de la redacción de una nueva Constitución, promulgada meses después sin consenso. El texto, de 125 artículos, tenía como objetivo la construcción de un régimen democrático con amplios derechos, entre ellos los de carácter social:

• Subordinación de los intereses particulares a los nacionales.
• Obligación de proteger el trabajo mediante la previsión social.
• Sometimiento de la propiedad individual a la posibilidad de expropiación mediante indemnización o nacionalización.

También reconoció libertades individuales propias de un Estado de derecho, inspiradas en buena parte en el texto vigente en la república de Weimar (Alemania).

Además, la **Constitución** estableció por primera vez un sistema democrático de gobierno con unas Cortes unicamerales (Congreso de los Diputados) que detentaban el poder legislativo y eran elegidas cada cuatro años por **sufragio universal** para mayores de 23 años, concediéndose el **voto a las mujeres** (no lo ejercieron hasta 1933). El Gobierno, con poder ejecutivo, era responsable de la gestión estatal. El presidente de la República, el Jefe del Estado, era elegido por las Cortes para seis años no renovables, poseía capacidad de veto y podía para nombrar o destituir al Jefe del Gobierno (quien realmente gobernaba si tenía mayoría), promulgar leyes y disolver las Cortes, quedando su actuación subordinada al poder legislativo. Los posibles conflictos entre los poderes estaban confiados al **Tribunal de Garantías Constitucionales** y a la Diputación Permanente.

La estructura del Estado era unitaria, pero se reconoció el derecho de autonomía a las regiones a través de estatutos de autonomía, como harían Cataluña, País Vasco y Galicia.

La cuestión religiosa originó un fuerte debate parlamentario que reflejó el **anticlericalismo** de republicanos y socialistas. Se estableció la **separación Iglesia-Estado**, instaurando un régimen laico que suprimió la asignación al clero católico, la imposibilidad de ejercer la enseñanza por parte de las órdenes religiosas, la supresión de la Compañía de Jesús (Jesuitas) y la aprobación de la libertad de cultos, el matrimonio civil y el divorcio. La Iglesia aceptó el triunfo de la República, pero vio con recelo la definición laica del Estado, atacando la jerarquía eclesiástica al orden republicano a través de cartas pastorales y medios de comunicación afines. Esta actitud provocó una oleada anticlerical que se manifestó en la **quema de iglesias y conventos en la noche del 10 al 11 de mayo de 1931** (especialmente virulenta en Madrid y Málaga, con numerosos establecimientos religiosos asaltados).