El Bienio Reformista de la Segunda República Española (1931-1933)
El Bienio Reformista, también conocido como republicano-socialista, abarca los años 1931 a 1933, un periodo crucial en la historia de la Segunda República Española. Durante estos años, se implementaron una serie de reformas profundas que buscaban modernizar el país y consolidar el nuevo régimen republicano.
Reforma Militar
Objetivo: Modernizar el ejército español y asegurar su lealtad a la República.
Medidas:
- Se promulgó la “Ley del retiro de la oficialidad”, que permitía a los militares retirarse con el sueldo íntegro, mientras que los que permanecían debían jurar fidelidad a la República.
- Se eliminaron los cargos de teniente general y capitán general.
- Se suprimieron los tribunales militares.
- Se creó la Guardia de Asalto, una fuerza policial urbana leal a la República.
Valoración:
Aunque se buscaba modernizar el armamento, este aspecto quedó pendiente. Muchos militares percibieron estas medidas como un ataque a su poder y una imposición de la autoridad civil sobre la militar. A pesar del retiro voluntario de 10.000 oficiales, la lealtad de los que permanecieron pronto se pondría en duda.
Reforma Religiosa
Uno de los principales objetivos de la República era limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. La Constitución de 1931 estableció:
- La no confesionalidad del Estado.
- La libertad de cultos.
- La supresión de la financiación estatal al clero.
Para reducir la influencia de las órdenes religiosas en la educación, se les prohibió dedicarse a la enseñanza. La Ley de Congregaciones limitó la posesión de bienes por parte de las órdenes religiosas y permitía su disolución en caso de considerarse un peligro para el Estado. Los jesuitas, debido a su voto de obediencia al Papa, fueron disueltos y sus bienes nacionalizados. Estas medidas generaron una fuerte oposición de los sectores católicos al régimen republicano.
Reforma Agraria
La Reforma Agraria fue el proyecto más ambicioso de la República. Buscaba:
- Terminar con el predominio del latifundismo en el centro y sur de España.
- Mejorar las condiciones de vida de los jornaleros.
- Reducir el latifundismo.
- Crear una clase media agraria que apoyara a la República.
- Aumentar la producción agrícola.
- Estructurar un mercado interior sólido.
La desigual distribución de la tierra, el exceso de población rural y la baja productividad eran las causas de la miseria de los campesinos, que a su vez limitaban el desarrollo del comercio interior. La Ley de Reforma Agraria permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de la alta nobleza y, con indemnización, de las grandes fincas no cultivadas directamente por sus dueños, las tierras sin cultivar y las de regadío no regadas. El Instituto de Reforma Agraria (IRA) gestionaba las tierras expropiadas y las distribuía entre jornaleros y colonos a cambio de una pequeña renta. Se excluían de esta reforma las tierras de pastos, las comunales y las de explotación forestal.
Los resultados fueron muy inferiores a lo esperado. A finales de 1933, solo 12.000 familias se habían beneficiado, frente a las 60.000 previstas anualmente. Más de un millón de campesinos seguían reclamando su derecho a la tierra y, al ver frustradas sus esperanzas, se inclinaron hacia posturas más revolucionarias y de enfrentamiento con las fuerzas del orden.
Reformas Regionales y Autonomías
La República también buscó configurar un Estado que permitiera a las regiones con sentimientos nacionalistas acceder a la autonomía.
Cataluña
En Cataluña, el 90% de los ciudadanos votaron a favor del Estatuto de Autonomía, que fue aprobado en septiembre de 1932. Se eliminaron del Estatuto las referencias al derecho de autodeterminación, la declaración del catalán como lengua única y el derecho de incorporación de otros territorios. El Estatuto establecía que “Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado Español”. Cataluña tendría un gobierno autónomo, la Generalitat, con un presidente (Macià), un poder legislativo (Parlamento) y un poder ejecutivo (Consejo). También tendría policía propia y se reconocían como lenguas oficiales el castellano y el catalán. La mayoría de los catalanes aceptaron el Estatuto, excepto los radicales que buscaban la separación total de España.
País Vasco
Los vascos también intentaron obtener un estatuto similar, pero no lo lograron hasta 1936.