La Dictadura Franquista (1939-1975)
La España de 1959-1975: Transformación Económica, Social y Política
A partir de los años cincuenta, la insostenible autarquía económica española comenzó a mostrar graves signos de descomposición. La intención revisionista del régimen y la ayuda económica norteamericana permitieron, desde 1950, un intenso y regular crecimiento industrial que se prolongaría hasta 1974. El fin del aislamiento político y el acercamiento a Occidente incrementaron el flujo turístico. Los ingresos por turismo fueron cruciales para equilibrar la balanza de pagos.
Durante la década de 1960, la economía española experimentó un crecimiento espectacular: se modernizó, se industrializó, aumentaron los niveles de bienestar y consumo, se incrementó la renta per cápita y el PIB, al igual que las exportaciones. Las familias comenzaron a adquirir electrodomésticos como televisores y frigoríficos. España dejó de ser un país agrario para convertirse en uno industrial y urbano.
Hacia 1957, el Estado español estaba al borde de la bancarrota. Para afrontar esta situación, se nombraron ministros con formación en Economía y Derecho Administrativo, quienes aprobaron el Plan de Estabilización de 1959. Las consecuencias fueron inmediatas: aunque con costes sociales considerables (pérdida del nivel de vida), se logró sanear la economía. En el campo, una sequía aumentó el paro rural y provocó un éxodo hacia las regiones industriales de la periferia y la emigración al extranjero.
Entre 1962 y 1975, el gobierno franquista intentó coordinar el saneamiento económico mediante los Planes de Desarrollo, que buscaban estimular la producción. España se convirtió en la décima potencia industrial mundial. El artífice de estos planes fue el catedrático de Derecho Administrativo Laureano López-Rodó, quien en 1962 dirigía la Comisaría del Plan de Desarrollo.
Entre las medidas de estos planes destacan las inversiones públicas, las ayudas a empresas para estimular la iniciativa privada y la creación de polos de desarrollo en siete ciudades: Burgos, Huelva, Vigo, La Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla. Otros factores que contribuyeron al rápido desarrollo económico español entre 1960 y 1973 fueron:
- La favorable situación económica internacional.
- Las constantes inversiones de capital extranjero.
- Los ingresos procedentes del turismo, favorecido por los bajos precios del país.
- Las remesas de los trabajadores españoles en el extranjero.
- Los reducidos costes laborales.
- Las inversiones estatales en obras públicas.
Esta recuperación económica, calificada oficialmente como “milagrosa”, no pudo ocultar importantes problemas:
- Desigual crecimiento sectorial: industria y servicios frente al sector agrícola.
- Éxodo rural masivo hacia las ciudades y emigración a Europa.
- Desequilibrios regionales: concentración de la riqueza en determinadas zonas.
- Sistema deficiente de prestaciones sociales y servicios estatales.
- Crecimiento urbano desordenado: barrios obreros y poblados de chabolas.
- Sistema fiscal injusto.
- Desastres ecológicos: vertidos incontrolados de las fábricas, construcciones cerca de las costas, etc.
A finales de 1973, la crisis mundial del petróleo agravó la situación en España debido a:
- La enorme dependencia energética del exterior.
- La disminución del turismo.
- El descenso de las exportaciones.
- La interrupción de las migraciones y el regreso de trabajadores desde Europa.
Las consecuencias fueron un descenso del PIB, altas tasas de paro, fuerte inflación, aumento del déficit público y exterior, y caída de las inversiones. Socialmente, el éxodo rural conllevó problemas humanos y urbanísticos. La clase obrera aumentó considerablemente, la clase media se duplicó y la presencia de la mujer en el mundo laboral se incrementó. Los nuevos medios de comunicación facilitaron el acceso a la información y la cultura, contribuyendo a una sociedad más tolerante y abierta. La Ley General de Educación de 1970 estableció la escolaridad obligatoria hasta los 14 años, combatiendo el analfabetismo.
Los gustos y costumbres se homogeneizaron entre los grupos sociales. En diciembre de 1963, la Ley de Bases de la Seguridad Social estableció un régimen de previsión total, en línea con el Estado de Bienestar europeo. La cobertura sanitaria se extendió, completándose en los años noventa.
Políticamente, el régimen franquista modificó sus estrategias para asegurar su supervivencia. Esto generó un profundo contraste que se intentó reducir modernizando las instituciones. Surgieron discrepancias entre tecnócratas y falangistas, con planteamientos aperturistas pero con diferencias.
Los tecnócratas priorizaban el crecimiento económico como garantía de estabilidad social. Apostaban por la continuidad del franquismo a través de una monarquía autoritaria con Juan Carlos de Borbón, para desterrar la influencia falangista. Los falangistas, en cambio, pretendían impulsar las instituciones franquistas, relegando la cuestión monárquica.
El gobierno franquista aprobó leyes para homologarse con los Estados de Bienestar occidentales, como la creación del Tribunal de Orden Público y la Ley de Prensa de 1966 (impulsada por Manuel Fraga, Ministro de Información y Turismo), que eliminó la censura previa. Se intentó revitalizar el Sindicato Vertical promoviendo la participación de los trabajadores. La Ley Orgánica del Estado de 1966 estableció la separación de los cargos de Jefe de Estado y Presidente del Gobierno, cargo que ocuparía el almirante Luis Carrero Blanco en 1973.
En 1967, la Ley de Libertad Religiosa introdujo una limitada tolerancia religiosa, y la Ley de Representación Familiar permitió que los cabezas de familia y las mujeres casadas eligieran a los diputados.