Introducción

La transición política es el proceso por el que España pasó de la dictadura franquista a la democracia. Comenzó con la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975) y la proclamación de Juan Carlos I como rey de España y finalizó con la victoria electoral del PSOE, en octubre de 1982, hecho que significó la consolidación de la democracia en España.

La democracia se estableció sin ruptura con la dictadura, que fue desmantelada desde las propias instituciones franquistas. El cambio fue pacífico y resultado de un pacto entre las fuerzas políticas franquistas (el rey y los aperturistas) y la oposición democrática (los liberales y la izquierda, que abandonó sus propuestas más radicales). Los inmovilistas del franquismo (el llamado “búnker“) y la extrema izquierda estuvieron en contra. Pero no hubiera podido realizarse la transición sin la movilización popular, que presionó para que se produjeran los cambios. El proceso coincidió con la crisis económica mundial del petróleo. La transición española se convirtió en modelo de referencia para otros países que querían salir de una dictadura.

Fases de la Transición

1. Los Primeros Momentos del Reinado de Juan Carlos I. El Gobierno de Arias Navarro (noviembre 1975 – julio 1976)

Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey en un contexto político de gran incertidumbre. Se iniciaba un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un sistema democrático.

Muchos sospechaban que la nueva monarquía sería una mera continuación del franquismo sin Franco. Sin embargo, el nuevo monarca se fue rodeando de un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda, que diseñaron un plan de cambio político. Este cambio se vino en denominar la reforma. Se trataba de aplicar cambios controlados que garantizaran la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema democrático desde las propias leyes franquistas.

En un principio, el rey optó por mantener al frente del gobierno a Arias Navarro, quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El gobierno incluía a Manuel Fraga en el puesto clave de ministro del Interior y figuras jóvenes procedentes del Movimiento como Adolfo Suárez o Martín Villa.

El gobierno de Arias fracasó a la hora de implantar un proceso de reformas creíble y respondió con represión a las protestas sociales. Una oleada de huelgas se extendió por el país en enero de 1976. La respuesta represiva culminó con los incidentes de Vitoria, en marzo de 1976, cuando cinco trabajadores murieron a manos de la policía.

Ese mismo mes de marzo, toda la oposición se agrupó en la Coordinación Democrática, lo que reforzó las protestas contra el inmovilismo del gobierno de Arias Navarro. Finalmente, el rey, que no había disimulado su descontento con la labor del ejecutivo, destituyó a Arias Navarro en julio de 1976.

2. El Gobierno Suárez y la Ley de Reforma Política

El nombramiento de Adolfo Suárez, joven político procedente del Movimiento, como nuevo presidente del gobierno fue recibido con decepción entre la opinión democrática. Pese a que el nuevo gobierno estaba formado por ministros aperturistas, muchos pensaron que Suárez no era el hombre adecuado para liderar el proceso hacia la democracia.

El nuevo gobierno adoptó un programa reformista para pasar legalmente de la dictadura a la democracia (“de ley en ley”). Concedió una amnistía parcial en 1976 y realizó el proyecto de Ley para la Reforma Política. Era la concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del franquismo desde el propio régimen. Paralelamente, Suárez inició contactos discretos con la oposición democrática.

Los sectores más inmovilistas del franquismo, crecientemente irritados por la evolución política y los atentados terroristas de ETA y el GRAPO, empezaron a conspirar para organizar un golpe militar contra el incipiente proceso de reformas. En septiembre de 1976, Suárez nombró al teniente general Gutiérrez Mellado vicepresidente del gobierno. Gutiérrez Mellado fue una figura clave para controlar el peligro golpista en el Ejército.

Pese a las conspiraciones golpistas y a los actos terroristas de ETA, la Ley de Reforma Política fue aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1976 (lo que suponía su “suicidio político”) y en referéndum popular el 15 de diciembre de 1976, con un 81% de los votos. La oposición recomendó la abstención ya que aseguraba la permanencia de la monarquía.

El terrorismo representaba un grave obstáculo para el proceso de transición; los GRAPO, de extrema izquierda, secuestraron al presidente del Consejo de Estado (diciembre de 1976) y la extrema derecha realizó una matanza de abogados laboralistas, ligados al PCE, en la calle Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977, lo que provocó una oleada de solidaridad con el PCE.

Suárez consiguió que la oposición democrática aprobara sus reformas; se entrevistó con los jefes de los partidos de oposición, estableciendo una “ruptura pactada”. El PSOE fue legalizado en diciembre de 1976. Suárez legalizó al PCE el 9 de abril de 1977, en Semana Santa. Se produjeron numerosas dimisiones y protestas de militares franquistas. El PCE renunció al uso de la bandera republicana y se comprometió a acatar la monarquía.

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España desde la Segunda República.

El partido triunfador fue la Unión de Centro Democrático (UCD), nuevo partido organizado por Suárez, en el que se agrupaban los aperturistas del franquismo con algunos elementos moderados de la antigua oposición democrática. La UCD obtuvo el 34.5% de los votos.

El segundo partido más votado fue el PSOE de Felipe González con casi el 30% de los votos. Ante la sorpresa de muchos, el PSOE se hizo con la hegemonía en la izquierda. Por detrás quedó el PCE, liderado por Santiago Carrillo, con un 9.4% y la Alianza Popular de Manuel Fraga con el 8.0%. Convergència i Unió de Jordi Pujol y el PNV se constituyeron como las principales fuerzas nacionalistas. La izquierda radical no tuvo representación y apenas el franquismo no democrático.

Tras las elecciones comenzó la segunda etapa (1977-79) del gobierno de Suárez. El nuevo gobierno de Suárez se aprestó a hacer frente a los dos principales desafíos del momento: elaborar una Constitución que articulara políticamente el nuevo sistema democrático y hacer frente al terrorismo de ETA, que seguía atentando pese a una amnistía total decretada en octubre de 1977, y al peligro golpista.

Todo este delicado proceso político debía hacerse en un contexto de profunda crisis económica. La crisis del petróleo de 1973 había golpeado duramente a España y el paro y la inflación crecían alarmantemente. Para estabilizar la situación económica, las principales fuerzas políticas firmaron en octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa, una serie de medidas consensuadas para hacer frente a las graves dificultades económicas.

En septiembre de 1977 se restableció el Gobierno autonómico en Cataluña, volviendo del exilio su presidente, Josep Tarradellas. El Gobierno configuró 13 preautonomías, una simple descentralización administrativa provisional. Se elaboró una Constitución, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un 88% de votos a favor. Hubo un alto índice de abstención en el País Vasco, donde los votos negativos fueron muy elevados (23%), debido a la propaganda de los nacionalistas, contraria a la Constitución. También fue rechazada por la extrema derecha.

3. Consolidación Democrática y Crisis de la UCD (1979-1982)

Aprobada la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones para marzo de 1979, que volvió a ganar UCD, en minoría. En este periodo se desarrolló el Estado de las Autonomías con la aprobación de estatutos y la celebración de elecciones entre 1979 y 1983 para constituir los respectivos parlamentos autonómicos. Se celebraron también las primeras elecciones municipales democráticas (abril de 1979) con victoria de la izquierda, generalmente el PSOE o el PSOE-PCE, en las principales ciudades (Tierno Galván en Madrid). Se aprobaron el Estatuto de los Trabajadores (1980) y la Ley del Divorcio (1981). España entró en la OTAN, con la fuerte oposición de la izquierda; el PSOE se comprometió a convocar un referéndum sobre la permanencia en la OTAN del país cuando llegara al poder. El PSOE renunció a la ideología marxista tras un Congreso extraordinario del partido y endureció su oposición; el PCE sufrió una crisis debido a que Carrillo no pudo controlar las disidencias. AP se reforzó con la incorporación de políticos de UCD.

La UCD entró en crisis. El PSOE presentó una moción de censura contra el gobierno en mayo de 1980 y Suárez empezó a recibir críticas de los barones de su propio partido, escindido en dos grupos: liberales y socialdemócratas en el centro-izquierda; democristianos y conservadores, en el ala derecha. Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno, dimitió (julio de 1980) y también Suárez en enero de 1981.

La UCD eligió como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo, quien se vio envuelto en el intento de golpe de estado de Tejero durante la votación en que se procedía a su investidura como nuevo presidente del gobierno. Calvo Sotelo no pudo detener la descomposición del partido, que sufrió el abandono de personalidades hacia derecha (AP) e izquierda (PSOE). En las elecciones de octubre de 1982 ganó por mayoría absoluta el PSOE. Es el punto final de la etapa de transición democrática en España.

La Constitución de 1978

La Constitución democrática de 1978 fue fruto del consenso entre casi todos los partidos; el texto es extenso, detallado y algo ambiguo. La explicación hay que buscarla en el contexto histórico: España estaba pasando de una dictadura a una democracia de forma pacífica y ordenada, pero sobre todo guiados por la palabra mágica y clave de la transición: el consenso, para que el pasado no condicionara el presente y para que no se volvieran a repetir los errores de la Segunda República y los sufrimientos de la Guerra Civil y la dictadura. Además, hay que tener en cuenta que no existía ningún partido con mayoría absoluta que pudiera imponer sus principios.

Una ponencia formada por siete miembros redactó un anteproyecto, que fue debatido en las Cortes. La Constitución fue aprobada el 6 de diciembre de ese año en referéndum, con un 87% de votos afirmativos.

La Constitución de 1978 es una ley de leyes pactada, consensuada y no partidista. Es la novena del constitucionalismo español, pero presenta unas características totalmente distintas a las otras:

• Constitución apartidista: Por primera vez en la historia del constitucionalismo español estamos ante una Constitución que no responde a los intereses y a la ideología del partido en el gobierno. Ello explica su vigencia, está dentro de las tres constituciones más duraderas, y ha permitido desarrollarse una consolidación del sistema de partidos, con una rotación de ellos (UCD, PSOE y PP).
• Constitución ecléctica: Se pueden observar influencias de muchas constituciones, tanto españolas (la del 31 y la del 12 fundamentalmente) como extranjeras.
• Constitución ambigua: Se trata de un texto abierto y ambiguo, pero deja abierto para el futuro la posibilidad de construirlo por consenso de todos, como en el caso del divorcio, aborto, Estado de las Autonomías, la educación, etc.

Contenido de la Constitución

En su preámbulo se contienen los principios fundamentales de la Constitución:

Se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, se proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo y se define la forma política del Estado como una Monarquía parlamentaria.

El artículo 2 hace compatible la unidad de la Nación –indisoluble unidad de la nación española– con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Es una situación intermedia entre la descentralización administrativa y el federalismo.

El título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, libertades y deberes de los españoles.

Aquí se recogen los derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa y de culto, a la libertad de expresión, a la educación, etc. También se incluyen algunos derechos sociales como la protección a la familia, disponer de una vivienda digna, disfrutar del medio ambiente, derecho al trabajo, a la protección de la salud, etc.

En lo que se refiere a la Corona, se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Su poder es formal.

El Estado es no confesional, aunque protege a la religión católica mayoritaria y abre cauces para otras creencias.

Se reconoce el castellano como la única lengua oficial en todo el territorio, pero son lenguas cooficiales las regionales en su ámbito territorial.

La Constitución establece la separación de poderes y organiza los poderes del Estado:

• Las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo.
• El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa, ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo.
• Los jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional, cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución y vigilar que no haya leyes que contradigan al texto constitucional. Es también el máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.

En su título VIII, la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen.

La única modificación realizada en la Constitución hasta el año 2006 se realizó en 1992 para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en España. Esta modificación se hacía necesaria tras la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea.