La Constitución de 1978
Las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 no tenían formalmente el carácter de constituyentes, es decir, existía ausencia de un gobierno provisional, por lo que existían en cuanto al fondo y no en relación a la forma. Sin embargo, pronto se impulsó la opinión de que su primera tarea debía ser la elaboración de una constitución democrática que garantizara todos los derechos y libertades del ciudadano y que además reuniera los principios teóricos básicos de cualquier régimen democrático.
Para la redacción se eligió una ponencia formada por los diputados de todos los partidos que tenían representación en las Cortes; sin embargo, existía una excepción, la vasca, ya que estas pedían un estado independiente y renunciaron voluntariamente debido a que no se encontraban de acuerdo con el Estado de las Autonomías, puesto que pedían independencia.
Con esta constitución se inició la llamada política de consenso, es decir, se encontraban en acuerdo. Cabe destacar que el fracaso de los anteriores intentos democráticos se debió a una falta de consenso entre todos los ciudadanos y entre todos los partidos, puesto que este hecho garantiza un criterio fundamental para cualquier organismo democrático: la soberanía nacional, así como el pluralismo político, puesto que el poder emana y reside en la nación. Si no existe acuerdo, se hace complicado llevar a cabo todos los principios básicos para elaborar una constitución democrática.
Sin embargo, este consenso se realiza tras una serie de negociaciones entre los diferentes partidos políticos, debido a que los partidos PCE y PSOE abogaban por el marxismo, por lo que no aceptaban la monarquía parlamentaria en un primer momento. Sin embargo, ante el entusiasmo de conseguir una constitución democrática que garantizara los cinco principios básicos, aupado por el cambio de mentalidad de los españoles, aceptaron y se llevó a cabo dicha constitución.
Características de la Constitución
Esta constitución define a España como un estado social democrático de derecho organizado por una monarquía parlamentaria en la que la Corona tiene básicamente funciones representativas, y donde las Cortes representativas garantizan la legitimidad de unas elecciones mediante las cuales los ciudadanos elegirán a los representantes en el parlamento. No obstante, en comparación con las constituciones anteriores, esta sometía al ejército y al poder civil, y no intervenía en el estado como un suceso previo.
Asimismo, el texto fija el carácter aconfesional del Estado, a diferencia del régimen franquista que era eminentemente católico. Abolió la pena de muerte, así como desarrolla una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas que incluyen el derecho a la huelga y a la libre sindicación, es decir, garantiza la existencia de un derecho prioritario en un régimen democrático: el derecho de reunión y asociación.
Principios de Política Social y Económica
En la constitución se recogen también los principios rectores de la política social y económica. El texto recoge la libertad de mercado; sin embargo, prevé la posibilidad de planificación económica con la intervención del estado en la propiedad por motivos de interés público. La carta magna establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y reconoce como lengua oficial el castellano, además de las lenguas propias de cada comunidad autónoma. También instaura un tribunal constitucional y los mecanismos necesarios para la reforma del texto constitucional.
Estado de Autonomías
Así pues, recoge un Estado de Autonomías, como afirmaba Sánchez Gallanes, existía un estado social, aquel que defiende de una manera caracterizada los derechos sociales de los ciudadanos, es decir, el ejercicio real de los conceptos socioeconómicos. Era además un Estado democrático o de derecho que significa abrir el camino para todas las posibilidades que surjan de la voluntad del pueblo que puedan realizarse y que las leyes definan condiciones que limitan o controlen todos los actos del gobierno. En este Estado hay que realizar lo que la voluntad popular quiera (soberanía nacional), señalando que los representantes son elegidos por el pueblo con el voto que se les llevó al Parlamento.
Descentralización y Comunidades Autónomas
El título VIII de la Constitución de 1978 regula la descentralización de ciertos poderes estatales y posibilita la creación de comunidades autónomas. Este proceso constituyó varias etapas: en la primera fue la de las preautonomías; la segunda se emprendió en cuanto se estableció la Generalitat bajo la presidencia de Tarradellas, antes en el exilio, y se creó un gobierno provisional. Posteriormente, en el País Vasco se creó un consejo general, y en Galicia se formó una junta provisional.
La Constitución estableció la posibilidad de que todas las regiones se convirtieran en autónomas; cada una debía seguir un estatuto de economía y estar dotada de órganos legislativos apoyados en el sufragio universal. No obstante, establecía dos procedimientos distintos ya previstos en el artículo 151, al que accedían directamente las comunidades autónomas que debían ser ratificadas con referéndum o prebiscito, una consulta para conocer la opinión del pueblo, ratificando una vez más el principio teórico de soberanía nacional. Sin embargo, la mayoría de las comunidades se regían por el artículo 143, a excepción de comunidades históricas como Navarra, que se estipulaba por un mecanismo especial.
En cuanto a los estatutos de autonomía, la plasmación jurídica del régimen aprobó a dichos estatutos que contenían competencias y sus propias instituciones. En 1995 se reguló el último estatuto para Ceuta y Melilla.
Transformaciones Sociales del Franquismo
La victoria de Franco en la guerra civil tuvo repercusiones económicas muy negativas. A corto plazo, sumió en el hambre y la miseria a muchos españoles; a largo plazo, consolidó una economía poco competitiva que dificultó en gran medida la reconstrucción y el crecimiento económico de la posguerra. Uno de los principales objetivos de la primera etapa del franquismo fue conseguir la autosuficiencia económica (autarquía).
Para ello, se fomentó una política económica que propugnó el aislamiento del exterior y la sustitución del libre mercado por la intervención del estado en la economía, justificando esta política con un discurso fascista y patriótico. La política autárquica tuvo grandes ámbitos de actuación, como la reglamentación del comercio exterior, ya que de este modo las exportaciones e importaciones pasaron a estar controladas por el estado. Era necesaria una autorización administrativa para realizarla.
Esta política también afectó al fomento de la industria, sobre todo la de interés estratégico, con el fin de asegurar la independencia militar y política del nuevo estado. Al igual que se impulsó el estado de industrias de bienes de equipo que recibieron una considerable y continua ayuda pública, lo cual generó un elevado gasto público que tuvo importantes efectos inflacionistas. Por lo que en 1941 se fundó el Instituto Nacional de Industria, destinado a promover la nueva política industrial, que estimuló la creación de numerosas empresas públicas cuyo objetivo era producir los bienes que el sector privado no fabricaba por falta de rentabilidad.
Por último, el intervencionismo estatal involucró al sector agrario, que vio cómo el estado regulaba la producción, la comercialización, los precios y el consumo de la mayoría de sus productos, lo que provocó un descenso de la producción debido a los bajos precios oficiales y una disminución considerable de la productividad por hectárea. El resultado de la política autárquica fue un profundo estancamiento, además de un freno a las tendencias modernizadoras de la economía española a principios del siglo XX, ya que tardó 15 años en alcanzar los niveles de 1935.
Cambio de Rumbo Económico
A mediados del decenio de 1950, era evidente que las posibilidades del desarrollo económico de España, inmersa en un sistema de autarquía, estaban agotadas. Por ello, se hizo imprescindible un cambio de rumbo que abriera la economía española al mundo occidental y permitiese una aceleración del crecimiento económico. El gobierno formado por Franco en 1957 y los que le sucedieron en el decenio de 1960 supuso un profundo giro en la orientación del franquismo y marcaron la transición de una primera etapa dominada por los principios falangistas a una etapa con claro predominio de los llamados tecnócratas, una nueva generación de políticos vinculados al Opus Dei que consideraban el crecimiento económico como la principal garantía de estabilidad social, apostando por un reformismo técnico que, sin cuestionar la dictadura, encontrara una salida a la grave situación económica y social derivada de la autarquía.
La primera oposición correctora de la economía vino de la mano del llamado Plan de Estabilidad, por el que se pretendía reducir la inflación y pasar de déficit a superávit a través de un plan de saneamiento financiero, por el cual se suprimirían los obstáculos a la liberalización comercial y capitalista. Para ello, se elevaron los tipos de interés, se limitó la concesión de créditos bancarios y se congelaron los salarios, pues para paliar el déficit público era necesario limitar el gasto del estado, por lo que se propuso una reforma fiscal que incrementase la recaudación.
Liberalización de la Economía
Para la liberalización interior de la economía, se eliminaron los organismos estatales interventores y la reglamentación de los precios fijos, mientras que para la liberalización exterior se devaluó el valor de la peseta con el objetivo de facilitar los intercambios comerciales, propiciando que las importaciones se disparasen, ya que se facilitaría la inversión de capital extranjero. Se añadió la propuesta de los planes de desarrollo económico y social, que consistían en una planificación económica indicativa con la finalidad de impulsar desde el estado el crecimiento de la economía española a partir de la programación de la actividad del sector público y ofrecer información y previsión a los inversores privados. Sin embargo, la planificación franquista fue un fracaso, ya que la ejecución de este proyecto estuvo siempre más condicionada por los rendimientos inmediatos de los grupos económicos cercanos al poder que por los intereses económicos generales.
Crecimiento Económico y Limitaciones
Entre 1959 y 1973, España conoció un intenso periodo de crecimiento económico en el que su tasa de crecimiento fue la segunda entre los países de la OCDE, después de Japón, ya que el sector industrial actuó como la locomotora central de la expansión de la economía española, lo que implicó la apertura al nuevo mercado. En el decenio de 1960, se produjo un considerable aumento del peso de los servicios en el conjunto de la economía española, ya que en la terciarización influyeron notablemente un intenso proceso de urbanización, el aumento de las redes de distribución y comercio, la mejora de los medios de transporte y comunicación, y con un peso muy específico, el turismo. La llegada masiva de turistas supuso una elevada fuente de ingresos y un aumento de la actividad hotelera y de los servicios complementarios. Igualmente, las necesidades de financiación promovieron el crecimiento del sector bancario, que invirtió cuantiosos capitales en empresas industriales y obtuvo abundantes beneficios.
Sin embargo, la balanza comercial resultante seguía siendo negativa, ya que las importaciones superaron siempre a las exportaciones. Este tradicional déficit comercial se vio compensado por los ingresos procedentes del exterior, generando un saldo pasivo en la balanza final de pagos. En conclusión, la prolongada etapa de crecimiento económico, con tasas anuales de aumento del PIB superiores a la media del resto de países europeos, comportó un crecimiento del 40% en la renta per cápita entre 1960 y 1975. Sin embargo, estos datos no pueden ocultar las grandes limitaciones del crecimiento económico franquista, ya que el sector agrario quedó relativamente abandonado, provocando una situación de atrasos. La gran dependencia de la tecnología e inversiones extranjeras implicó un gasto importante en la compra de patentes y maquinarias, al igual que sucedía con los recursos financieros, debido a la congénita debilidad y la poca competitividad del sistema financiero español, que no inició su transformación hasta mediados del decenio de 1979.
Creación de un Estado Franquista
El resultado de la guerra civil fue la consolidación del régimen dictatorial que los sublevados contra la república habían empezado a construir desde octubre de 1936. El ejército se convirtió en la columna vertebral del régimen, de modo que los militares eligieron como jefe a Franco. El 1 de octubre de 1936 se publicó el decreto de nombramiento de jefe de gobierno, del estado y generalísimo de los ejércitos españoles, concentrando poderes al que se le definió como caudillo.
El franquismo constituyó un estado legitimado gracias a la victoria en la guerra, caracterizado por un autoritarismo extremo. Entre sus rasgos destaca, por un lado, el totalitarismo basado principalmente en un partido de masas donde toda la población prestaba su apoyo. Sin embargo, no se puede considerar plenamente totalitario, sino que tiene un carácter militarista, pues el principal apoyo era el ejército. Así se configuró un estado corporativo, fascista, que no permitía la descentralización. Suprimió la constitución y todas las garantías individuales y colectivas, clausuró el parlamento y prohibió todos los partidos políticos y sindicatos.
Por otro lado, se encuentra la concepción unionista y centralizada del estado, pues el franquismo abolió los estatutos de autonomía y fomentó la españolización. En tercer lugar, la represión de la oposición tuvo un carácter sistemático y fue ejercida por el ejército, la Falange o autoridades políticas. Por último, el control de los medios de comunicación, mediante la censura. Los tres pilares de la dictadura fueron: el ejército, que fue el más destacado sostén del régimen y participó activamente en el poder, pues una buena parte de los procuradores y gobernantes eran militares de carrera; el partido único, que se encargó de dotar al régimen de sus bases ideológicas, de controlar los medios de comunicación y de suministrar los cargos de la administración; y, por último, la iglesia católica, que tuvo un papel destacado en la construcción del régimen franquista, definido como estado confesional católico.
Desde sus inicios, la dictadura contó con el apoyo de las élites económicas y sociales que recuperaron el poder económico, social y político, así como contó con la adhesión de los pequeños y medianos propietarios agrícolas que habían apoyado el alzamiento. En 1939, las clases medias constituían un sector social pasivo y apolítico en su mayoría. Finalmente, buena parte de los sectores populares fueron los primeros en oponerse al franquismo, aunque la represión, el miedo y el control policial, junto con el hambre y la miseria, condujeron a la mayor parte de las clases populares a la pasividad política.
La estructura política del estado se sustentaba en los grupos adheridos de forma incondicional al caudillo e integraban el llamado movimiento nacional. Los primeros en formar parte del estado fueron: falangistas, carlistas, ultracatólicos, monárquicos alfonsinos e incluso algunos republicanos sindicales, miembros de la CEDA y la Liga Italiana. La dictadura pretendió dar una imagen de legitimidad con la promulgación de una serie de leyes fundamentales en lugar de la constitución. Este proceso fue largo, pues se inició a principios de la guerra civil y concluyó en 1966 con la promulgación de la ley orgánica del estado.
El primer rasgo de la construcción del régimen fascista fue la concentración de poderes en la persona de Franco, jefe de estado, generalísimo de los tres ejércitos, jefe de gobierno y presidente del consejo nacional. En 1945, tras la derrota de las potencias, el régimen promulgó diversas leyes con el fin de aparentar que los ciudadanos españoles gozaban de ciertas libertades, como fueron el Fuero de los Españoles o la ley de referéndum nacionales. Aunque en 1958 se promulgó la ley de principios del movimiento nacional reafirmando el partido político, el régimen franquista realizaba el sistema democrático basado en la soberanía nacional, sufragio universal y separación de poderes.
Para la construcción del nuevo estado se inspiró en el estado corporativista italiano, que organizaba la participación popular a partir de la familia, el municipio y el sindicato. La representación popular en las instituciones del estado se reguló a partir de la ley constitutiva de las Cortes, que definía a estas como el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del estado. Sus representantes se denominaban procuradores, dado su carácter consultivo y porque procuraban que la ley le saliera adelante.
Por tanto, la victoria de la guerra civil por parte del bando sublevado supuso el pretexto para que en 1939 se proclamara un régimen dictatorial encabezado por Franco, quien concentraba todas las competencias del estado sobre su persona. En un primer periodo, entre 1939 y 1945, se inició un régimen con un marcado carácter totalitario que suprimía todos los derechos y libertades individuales. Tras la segunda guerra mundial, la dictadura adoptó caracteres basados en el autoritarismo, para que finalmente en el decenio de los 60 evolucionara económicamente hacia el liberalismo. Pese a ello, el carácter dictatorial se mantuvo hasta la muerte de Franco en 1975.