Los Primeros Gobiernos de Transición (1833-1836)

El testamento de Fernando VII establecía la creación de un Consejo de Gobierno para asesorar a la regente María Cristina. Este consejo, presidido por Francisco Cea Bermúdez, tenía la pretensión de llegar a un acuerdo con los carlistas.

La división provincial de España, promovida por Javier de Burgos, intentaba poner fin a la administración local del Antiguo Régimen. De este modo, en 1833, España quedó dividida en 49 provincias.

Ante la extensión de la insurrección carlista, el trono isabelino empezó a tambalearse por falta de apoyos sólidos. Algunos militares y asesores reales convencieron a la regente de la necesidad de nombrar un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales. Se escogió para presidirlo a Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, que llevó a cabo las primeras reformas, aunque muy limitadas. Su propuesta fue la promulgación de un Estatuto Real, que no era una constitución, sino tan solo un conjunto de reglas para convocar unas Cortes, que seguían siendo las mismas del Antiguo Régimen, pero ligeramente adaptadas a los nuevos tiempos.

Pronto se hizo evidente que estas reformas eran insuficientes para una buena parte del liberalismo. La división entre moderados y progresistas formó las dos grandes tendencias que dominarían la vida política española en los siguientes decenios. La Corona y los antiguos privilegiados apoyaron a los moderados.

Los Progresistas en el Poder

En el verano de 1835, y de nuevo en 1836, los progresistas protagonizaron una oleada de revueltas urbanas por todo el país. Los motines se iniciaron con asaltos y quemas de conventos en diversas ciudades y la mayoría de las Juntas redactaron proclamas expresando sus principales demandas:

• Reunión de Cortes
• Libertad de prensa
• Nueva ley electoral
• Extinción del clero regular
• Reorganización de la Milicia Nacional
• Leva de 200.000 hombres para hacer frente a la guerra carlista

Mendizábal inició la reforma del Estatuto Real y tomó medidas con el fin de conseguir los recursos financieros necesarios para organizar y armar un ejército contra el carlismo.

Estallaron revueltas en muchas ciudades a favor del restablecimiento de la Constitución de 1812. Ante tantas presiones, en 1836, María Cristina accedió a restablecer la Constitución de Cádiz y entregó el poder al progresista Calatrava.

El Desmantelamiento del Antiguo Régimen

Entre 1836 y 1837, los progresistas asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un sistema liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Una de sus primeras actuaciones fue la llamada reforma agraria liberal.

Esta reforma se llevó a cabo en 1837 a partir de tres grandes medidas:

• La disolución del régimen señorial. Implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores. Así, el antiguo señor se convirtió en el nuevo propietario y muchos campesinos pasaron a la condición de arrendatarios o jornaleros.
• La desvinculación significó el fin de los patrimonios unidos obligatoriamente y a perpetuidad a una familia o institución, y sus propietarios fueron libres para poder venderlos sin trabas en el mercado.
• La desamortización había sido un elemento recurrente como medio para conseguir recursos para el Estado con la venta de tierras propiedad de la Iglesia y de los ayuntamientos.

Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta mediante subasta pública a la que podían acceder todos los particulares interesados en su compra.

Una serie de medidas encaminadas al libre funcionamiento del mercado completaron la liberalización de la economía: la abolición de los privilegios de la Mesta, la libertad de arrendamiento agrario y también gremial, el reconocimiento de la libertad de industria y comercio, la eliminación de las aduanas interiores y la abolición de los diezmos completaron el marco del liberalismo económico.

La Constitución de 1837

El documento dejaba al margen una serie de cuestiones que se regularían posteriormente por leyes orgánicas, con el objetivo de fijar un texto estable que pudiera ser aceptado por progresistas y moderados.

La Constitución de 1837 proclamaba algunos de los principios básicos del progresismo: la soberanía nacional, la libertad de prensa, de opinión, de asociación, la división de poderes y la aconfesionalidad del Estado.

También recogía algunos elementos moderados: establecía el Congreso y el Senado, y concedía amplios poderes a la Corona. La constitución recogió el compromiso de financiación del culto católico.

La Ley de Imprenta hizo desaparecer la censura previa y la Ley Electoral fijó un sistema de sufragio censitario y extraordinariamente restringido.

La Alternancia en el Poder (1837-1843)

A partir de este momento quedó configurado un primer sistema de partidos, sobre la base de los partidos moderados y progresistas, que se alternaron en el poder durante el reinado de Isabel II. La intromisión constante de los militares, que habían aumentado su poder gracias a las guerras carlistas, fue una constante.

Los Moderados en el Gobierno (1837-1840)

Aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones, que fueron ganadas por los moderados. Intentaron desvirtuar los elementos más progresistas de la legislación de 1837. En 1840, limitaron la libertad de imprenta y una Ley de Ayuntamientos dio a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia. Además, se inició una legislación que tendió a devolver los bienes expropiados al clero y también se preparó un proyecto de reimplantación del diezmo. La Ley de Ayuntamientos enfrentó a progresistas y moderados. El apoyo de la regente a la propuesta moderada provocó la oposición progresista. Los sectores afines al progresismo dieron su apoyo al general Espartero, vencedor de la guerra carlista y con un gran soporte popular, que asumió el poder y se convirtió en regente en 1840.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero disolvió las Juntas revolucionarias y convocó nuevas elecciones, que dieron la mayoría parlamentaria a los progresistas. Actuó con un marcado autoritarismo: fue incapaz de cooperar con las Cortes y gobernó sin más colaboradores que su camarilla de militares afines, conocidos como los ayacuchos. Espartero se aisló cada vez más del entorno progresista y perdió la popularidad que lo había llevado al poder.

La aprobación de un arancel que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingles perjudicó a la industria textil catalana. La burguesía y las clases populares, que veían peligrar sus puestos de trabajo, se sintieron gravemente amenazadas. La medida provocó un levantamiento en Barcelona. Espartero mandó bombardear la ciudad hasta conseguir su sumisión.

En 1843, Espartero abandonó la regencia y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los 13 años.