El Sistema Político de la Restauración
Cánovas pretendía la creación de un nuevo modelo político que superase algunos de los problemas continuos del liberalismo precedente: el carácter partidista y excluyente de los moderados durante el reinado isabelino, el intervencionismo de los militares en la política y la proliferación de enfrentamientos civiles. Para conseguirlo, se propuso dos objetivos: elaborar una constitución que organizase un sistema político basado en el bipartidismo y pacificar el país poniendo fin a la guerra de Cuba y al conflicto carlista. La primera medida política importante fue la convocatoria de elecciones para unas Cortes constitucionales.
La Constitución de 1876
La Constitución elaborada en 1876 es una clara muestra del liberalismo doctrinario, caracterizado por el sufragio censitario y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Se trataba de una constitución de carácter conservador. La Constitución consideraba a la monarquía como una institución superior, permanente y al margen de cualquier decisión política. Constituía un poder moderador.
Se establecía la soberanía compartida y se concedían amplios poderes al monarca: derecho de veto, nombramiento de ministros y potestad de convocar las Cortes, suspenderlas o disolverlas sin contar con el gobierno. Las Cortes eran bicamerales y estaban formadas por el Senado y el Congreso de los Diputados de carácter electivo. La Constitución no fijaba el tipo de sufragio, pero una ley de 1878 estableció el voto censitario. Sin embargo, en 1890, cuando estaba en el poder el partido liberal, se aprobó el sufragio universal masculino.
La Constitución también proclamaba la confesionalidad católica del Estado, aunque toleraba otras creencias siempre que no se hiciese manifestación pública de ellas. En consecuencia, se restableció el presupuesto del culto y clero para financiar a la Iglesia.
El nuevo texto constitucional contaba con una extensa declaración de derechos, pero su concreción se remitía a leyes ordinarias posteriores que tendieron a restringirlos, especialmente los derechos de imprenta, expresión, asociación y reunión.
Bipartidismo y Turno Pacífico
Cánovas introdujo un sistema de gobierno basado en el bipartidismo y en la alternancia en el poder de dos grandes partidos dinásticos: el liberal y el conservador. Así, hubo un turno pacífico de partidos que aseguraría la estabilidad institucional mediante la participación en el poder de las dos familias del liberalismo y pondría fin a la intervención del ejército en la vida política. El ejército quedó subordinado al poder civil. Así, una Real Orden de 1875 estableció que la misión del ejército era defender la independencia nacional y que no debía intervenir en las contiendas de los partidos. Como contrapartida, se otorgaba a los militares cierta autonomía para sus asuntos internos y se le daba al ejército un elevado presupuesto.
De este modo, el turno pacífico eliminó del panorama político de la Restauración el problema de los pronunciamientos y el protagonismo de la presencia militar en los partidos y en la vida política española, que habían caracterizado la época de Isabel II. La estabilidad del régimen se vio favorecida por el fin de las guerras carlista y cubana.
El esfuerzo militar del gobierno a lo largo de 1875 redujo los núcleos carlistas en Cataluña. La intervención del ejército al mando de Martínez Campos forzó la rendición de los carlistas en Cataluña, Aragón y Valencia, pero el conflicto continuó unos meses más en el País Vasco y Navarra, donde fue trasladada la mayor parte del ejército gubernamental, que consiguió debilitar la resistencia de Navarra y País Vasco hasta su rendición en 1876. En febrero de 1876, Carlos VII cruzó la frontera francesa hacia el exilio y la guerra se dio por finalizada en todo el territorio.
La consecuencia de la derrota carlista fue la abolición definitiva del régimen foral. Así, los territorios vascos quedaron sujetos al pago de los impuestos y al servicio militar, comunes a todo el Estado. En 1878, se acordó un sistema de conciertos económicos que otorgaba un cierto grado de autonomía fiscal a las Provincias Vascas; estas pagarían anualmente a la administración central una determinada cantidad recaudada directamente por las Diputaciones Provinciales.
El final de la guerra carlista permitió acabar más fácilmente con la insurrección cubana (Guerra de los Diez Años). Como resultado de la actuación militar y de la negociación con los insurrectos, en 1878 se firmó la Paz de Zanjón. En ella se incluía una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud y la promesa de reformas políticas y administrativas por las que Cuba tendría representantes en las Cortes españolas. El retraso e incumplimiento de estas reformas provocó el inicio de un nuevo conflicto en 1879 (Guerra Chiquita) y la posterior insurrección de 1895.