Introducción

En los temas anteriores vimos los cambios políticos que ocurrieron en España, los cuales supusieron el paso del Estado absolutista al Estado Liberal, consolidándose a mediados del siglo XIX. Al mismo tiempo que se producían las transformaciones políticas, se llevaron adelante medidas legislativas que terminaron con el régimen jurídico de la propiedad de la tierra característico del Antiguo Régimen. Este proceso se desarrolló fundamentalmente durante el reinado de Isabel II (1833-1868), aunque con antecedentes desde el reinado de José I y las Cortes de Cádiz (1808-1812), y estuvo marcado por las desamortizaciones.

Antecedentes

El régimen jurídico de la propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen se caracterizaba por la ausencia de una propiedad libre e individual. Más de la mitad de las tierras no se podían comprar ni vender, eran tierras amortizadas o, más bien, en manos del clero o de los municipios. Muchas tierras se sometían a trabajos colectivos, dominantes en la comunidad campesina. A esto hay que sumar que, en muchas zonas campesinas, tanto los que trabajaban las tierras (campesinos) como los que cobraban las rentas (nobleza y clero) tenían derechos sobre ellas, con una división de dominios: el útil (campesino: tierra) y el eminente (quien cobraba las rentas).

El nuevo modelo de sociedad que la burguesía pretendía imponer necesitaba modificar la estructura de la propiedad agraria, eliminando los obstáculos para el libre desenvolvimiento de las relaciones capitalistas de producción, entre ellos, la tierra. Los objetivos que perseguía el Estado liberal mediante este proceso eran básicamente:

• Cambiar la estructura de la propiedad, convirtiéndola en privada.
• Cambiar el sistema de producción agraria, modernizando la agricultura para aumentar la producción.
• Obtener ingresos para solucionar el problema de la hacienda española.
• Aumentar el poder del Estado liberal frente a la Iglesia, la nobleza y las comunidades rurales, creando a cambio una masa de propietarios favorables.

Para crear un nuevo tipo de propiedad de la tierra, los gobiernos liberales modificaron la estructura agraria con una serie de leyes que suprimieron las vinculaciones de las propiedades en las familias nobiliarias (desvinculación de los morgados), el régimen señorial de origen feudal con su forma de posesión, la propiedad eclesiástica en forma de manos muertas con las desamortizaciones religiosas y, por último, las formas de propiedad colectiva con las desamortizaciones civiles. Estas leyes fueron promulgadas en el período 1808-1812 por los gobiernos del rey José I y las Cortes, y por el Trienio Liberal (1820-1823), pero no se consolidaron hasta el período 1835-1860, con la aparición del liberalismo en España. Entre todas estas medidas, la más importante para las transformaciones de la propiedad de la tierra fueron las desamortizaciones.

Desarrollo

Se entendía como desamortización a la incautación por el Estado de bienes pertenecientes, en su mayoría, a la Iglesia y los municipios, bienes que luego fueron vendidos en pública subasta y que pasaron a ser propiedad privada de los compradores. Los orígenes del proceso están en el pensamiento ilustrado, con las manos muertas consideradas uno de los obstáculos para la modernización económica de España. Las primeras medidas se llevaron a cabo en el reinado de Carlos III, afectando a otros niveles.

La desamortización significó poner en el mercado las tierras y los bienes amortizados, lo que también implicó la pérdida del poder económico y político de la Iglesia. Los gobiernos progresistas llevaron a cabo este proceso. Los orígenes del proceso están en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, ya que Jovellanos criticó duramente la gran cantidad de tierras en manos muertas. Las primeras leyes desamortizadoras afectaron a la Iglesia a muy pequeña escala y fueron impulsadas por Godoy. Las Cortes de Cádiz promulgaron el Decreto General de Desamortización de 1813, por el que el Estado confiscaba y ponía en venta los bienes de los afrancesados, de las órdenes militares, de los conventos suprimidos o destruidos, junto con parte del patrimonio de la Corona, los baldíos y tierras de concejos.

El decreto del 6 de agosto de 1811 tenía como objetivo manifiesto acabar con el feudalismo. Esta medida significaba que los antiguos señores nobles perdían su poder legal sobre sus vasallos y siervos. El poder (nación) era el único capacitado a partir de ahora para hacer leyes y para impartir justicia: el señorío jurisdiccional desaparece, pero queda un señorío territorial: el señor, propietario privado de las mismas tierras que arrendaban los antiguos siervos. Estas medidas tuvieron escasa vigencia por la restauración del absolutismo, que paralizó en gran medida la desamortización con la abolición del señorío. Durante el Trienio Liberal se promulgó el decreto del 3 de mayo de 1823, pero las medidas quedaron otra vez paralizadas por los gobiernos absolutistas de la Década Ominosa.

El proceso de reforma agraria se llevó a cabo plenamente durante el reinado de Isabel II (1833-1868). La primera gran ley desamortizadora liberal es la de Mendizábal. La idea principal es la declaración de la venta de las propiedades de las corporaciones religiosas suprimidas. Durante la regencia del liberal Espartero se completó la desamortización eclesiástica de Mendizábal por el decreto de 1 de septiembre de 1841, que declaró nacionales los bienes del clero secular y los puso a la venta. A partir de 1844, los gobiernos moderados paralizaron el proceso al alcanzar un acuerdo con el Vaticano (Concordato de 1851) en plena Década Moderada, apareciendo así el eco del clero y el catolicismo.

Después de la Década Moderada, reaparece el proceso desamortizador en 1855, durante el Bienio Progresista. El ministro Pascual Madoz puso en marcha una nueva desamortización que recibió el nombre de Desamortización General, que afectó a todos los bienes amortizados pertenecientes al Estado y a los municipios, a todos los que no pertenecían a particulares y que quedaban del clero. Estos bienes se dividían en dos grandes grupos: los propios, que eran pertenecientes a los concejos y de los que estos obtenían beneficios para cubrir gastos, y los comunes, que eran propiedad colectiva de vecinos (montes y pastos).

El pago de las propiedades comunales o municipales se hacía en subastas públicas que debían hacerse en metálico, y el dinero se repartía para así disminuir la deuda pública. Entre 1855 y 1867 se vendió una gran cantidad de tierras valoradas por Mendizábal, pero, aparte del volumen de tierra que se puso en venta, esta ley es diferente porque, a diferencia de las anteriores, cambiaban el titular y el propietario. Hay que destacar que uno de los grandes objetivos de la ley era preparar el terreno para la construcción del ferrocarril de dos cámaras, obteniendo beneficios y expropiando las tierras por orden.

El balance desigual de la desamortización

Desde un punto de vista económico, la desamortización sirvió para paliar los problemas hacendísticos del Estado español. Los ingresos obtenidos entre 1855 y 1867 se invirtieron en el ferrocarril para paliar el déficit acumulado por el Estado. El Estado construyó numerosas infraestructuras y edificios para cuarteles y hospitales; además, pudo llevar a cabo la construcción del ferrocarril, algo inviable en un territorio con los regímenes jurídicos del Antiguo Régimen. Se logró transformar el sistema de producción agraria (aumento de la producción) con la incorporación de nuevas tierras, eriales y de cultivo. Sin embargo, el rendimiento no aumentó debido a que no hubo transformaciones técnicas en el campo español.

Desde el punto de vista social, la distribución de la propiedad de la tierra tras la desamortización consolidó la situación previa de desigualdad, diversa en cada zona de España. La propiedad cambió, pero no hubo transformaciones significativas: donde había una mayor concentración, esta se acentuó (sur), y donde había mayor diversidad, esta aumentó (norte).

Desde el punto de vista político, los compradores no tuvieron ningún interés en volver al Antiguo Régimen, convirtiéndose en liberales fieles, mayoritariamente de signo moderado/conservador.

Desde el punto de vista cultural, la desamortización supuso la pérdida de gran parte de la riqueza patrimonial conservada en los monasterios y edificios religiosos desamortizados (bibliotecas, objetos artísticos).

Conclusión

Aunque las desamortizaciones no lograron una modernización global del campo español, se observa que existen grandes diferencias regionales en el desenvolvimiento agrario español. Hay una diversidad que es debida, en parte, a factores naturales y ambientales. Existen dos casos: las zonas que se modernizaron, como Levante, que incorporó avances técnicos como fertilizantes y una selección de semillas con avances científicos, y donde se desarrolló una gran especialización agraria con exportación internacional; y, por otro lado, zonas que permanecieron estancadas, como Galicia, donde el minifundismo impidió la incorporación de maquinaria y se mantuvo, en muchos casos, la agricultura de subsistencia.