La Desamortización en España

Etapas de la Desamortización

Primer proceso desamortizador

a) Primer proceso desamortizador: La primera etapa, en el reinado de Carlos IV, conocida como “desamortización de Godoy” (1798-1808), aunque su impulsor fue el sustituto de este, Mariano Luis de Urquijo, y tuvo en el Secretario de Hacienda Miguel Cayetano Soler su principal artífice. Afectó a bienes de los Colegios Mayores, la Compañía de Jesús, e instituciones benéficas dependientes de la Iglesia con un valor aproximado de 1.500 millones de reales. Sólo compraron los grandes propietarios. La segunda la realizó José I, que suprimió las órdenes religiosas e incorporó sus bienes al Estado y realizó una “pequeña desamortización”, anulada al acabar la guerra de la Independencia Española (1808-1814). La tercera, durante las Cortes de Cádiz, mediante unos decretos de 1811-1813 que abolían los señoríos, desamortizaban “todos los terrenos de baldíos o realengos y de propios y arbitrios” de los municipios, y consideraban “bienes nacionales”, entre otros, los de “traidores”, afrancesados, órdenes religiosas, y conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra. La cuarta, en el Trienio Liberal (1820-1823), al restablecerse los decretos anteriores con otros nuevos que además añadían los bienes de la Inquisición y del clero regular. Las dos últimas fueron anuladas al restablecer Fernando VII el absolutismo.

Proceso de desamortización general

b) Proceso de desamortización general:

• Desamortización de Mendizábal. Este presidente del Gobierno promulgó un decreto (1836) que afectaba a los bienes del clero regular. Su objetivo: sanear la Hacienda, crear propietarios adictos al régimen liberal y desarrollar el sector agrario e industrial. La necesidad de dinero para la guerra carlista y el hecho de que los lotes fuesen establecidos por las autoridades municipales propiciaron que estos sólo pudiesen pagarlos las oligarquías adineradas y las autoridades municipales (nuevos caciques locales), quienes los adquirieron por medio de intermediarios o testaferros por miedo a ser excomulgados por la Iglesia por ello, y a un precio más bajo del esperado, recaudándose unos 3.440 millones de reales. Mendizábal también promulgó una ley en 1837 que afectaba a casi todos los bienes del clero secular, pero fue derogada antes de su puesta en vigor.
• Desamortización de Espartero. En 1841 el regente Espartero aplicó el proyecto de desamortización de bienes del clero secular elaborado por Surra Rull, ley que fue derogada tres años más tarde al hundirse el partido progresista. Si bien la Iglesia reconoció la titularidad de las propiedades ya desamortizadas con el Concordato de 1851.
• Desamortización de Madoz. Efectuada por el ministro de Hacienda Pascual Madoz en 1855 durante el Bienio Progresista, es conocida como la desamortización civil, aunque, además de a las propiedades del Estado y de los municipios (bienes de propios, comunales y baldíos), también afectó a las de las órdenes militares (Santiago, Calatrava, etc.) y al resto de bienes que aún quedaban de las comunidades religiosas y del clero secular. Suspendida por el gobierno moderado (1856), fue reanudada por los unionistas (1858), alcanzando en 1895 casi el doble del dinero obtenido con la desamortización de Mendizábal, a lo que contribuyó su mayor duración, y tuvo una importancia superior a todas las anteriores. El dinero se destinó a cubrir el déficit del presupuesto estatal, a amortizar la deuda y obras públicas, como el ferrocarril, y a reedificar y reparar iglesias.

En total, de lo desamortizado, el 30-35% pertenecía a la Iglesia, el 15-20% a beneficencia y el 50% a las propiedades municipales, fundamentalmente de los pueblos. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y con ello la desamortización de Madoz.

Consecuencias de la Desamortización

• Sociales: acentuó la división de España en dos zonas, latifundista al sur y minifundista al norte, al no haber en la zona meridional agricultores con recursos económicos suficientes para pujar en las subastas. Se incrementó y diversificó el número de propietarios con burgueses absentistas, pero no consiguió que la mayoría de los pequeños campesinos se convirtiesen en propietarios, y muchos de ellos, faltos de recursos por la privatización de los bienes municipales, los nuevos arrendamientos y la competencia de jornaleros, se vieron obligados a emigrar a zonas industrializadas o a América.
• Económicas: los bajos ingresos por las subastas no lograron terminar con el déficit público y, aunque aumentó la superficie cultivada y la productividad, se centró sobre todo en el cereal, protegido por aranceles y de baja rentabilidad, no se invirtió en una renovación técnica e incrementó la deforestación. El abandono con el tiempo de muchas de estas tierras empeoraría la situación. También aumentó la centralización al perder los ayuntamientos buena parte de sus ingresos.
• Urbanísticas y culturales: la privatización de bienes religiosos y culturales provocó cambios urbanísticos, como ensanches y nuevos edificios públicos (Teatro Romea en Murcia), pero también la pérdida de inmuebles y bienes culturales de los monasterios, muchos de los cuales, vendidos a precios irrisorios, acabaron en el extranjero.
• Políticas e ideológicas: se quiso consolidar el régimen liberal creando una clase de pequeños y medianos propietarios afines a este, pero la mayor parte de las tierras fueron adquiridas por grandes propietarios, lo que puso en entredicho a la élite liberal creada en el siglo XIX, que perdió el poder político en el Sexenio y lo recuperó en la Restauración, a pesar de que el rechazo social hacia ella iría en aumento.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

Los preparativos

Ante la crisis político-económica se dieron varias sublevaciones, como la de los sargentos del cuartel de artillería de San Gil (1866), que, aunque reducida por O’Donnell, le costó a este el puesto. Fue sustituido por Narváez y éste por González Bravo, que estableció una dictadura civil gobernando con decretos. Mientras, progresistas y demócratas, más la Unión Liberal fundada por O’Donnell, conspiraban para derrocar a la reina. En 1866, los dos primeros firmaron el Pacto de Ostende, al que en marzo de 1868 se sumó la Unión Liberal, dirigida por Serrano, y el 17 de septiembre estalló la revolución.

Revolución de 1868: La Gloriosa

La Gloriosa se inició con la sublevación del almirante Topete en la Bahía de Cádiz, apoyado por los generales Prim (progresista) y Serrano (Unión Liberal), y bajo el lema “Viva España con honra” (el pueblo añadiría “y abajo los Borbones”). El pronunciamiento militar se extendió dando lugar a levantamientos populares y a la organización de juntas revolucionarias locales. Días después, Serrano venció al ejército gubernamental en Alcolea (Córdoba) e Isabel II huyó a Francia, asumiendo la Junta revolucionaria el poder hasta la formación de un Gobierno provisional.

Gobierno provisional (1868-1871)

Formado por progresistas, como Prim, Sagasta y Ruiz Zorrilla, y unionistas, como Serrano. Aunque el Partido Demócrata, rebautizado como Partido Republicano Federal y dividido en moderados (Castelar), centristas (Salmerón) e intransigentes (Pi y Margall), quedó fuera del Gobierno, lo apoyó y fue su nexo con las clases populares. Se disolvieron las milicias populares (Voluntarios de la Libertad) y se convocaron elecciones mediante sufragio universal directo para unas Cortes Constituyentes, que ganó la mayoría gubernamental frente a una minoría republicana y carlista. Dicha mayoría elaboró la Constitución de 1869, por la que España quedó configurada como una monarquía parlamentaria y que incluía principios básicos del liberalismo como:

• Una soberanía que reside en unas Cortes bicamerales y se ejerce mediante sufragio universal.
• División de poderes (ejecutivo, ejercido por el rey a través de sus ministros; legislativo, por las Cortes; y judicial, por los jueces).
• Derechos individuales absolutos e inalienables.
• Descentralización administrativa y judicial.
• Libertad de culto, que dio lugar a la secularización de la sociedad con leyes como la del matrimonio civil.

Las clases más populares y los republicanos expresaron su frustración con levantamientos y una dura oposición, respectivamente. Aprobada la Constitución, se designó a Serrano como regente del Reino, y Prim, presidente del Consejo de Ministros, buscó un nuevo rey. El elegido fue Amadeo de Saboya, que llegó a España tres días después de que Prim sufriese un atentado mortal en Madrid.

El reinado de Amadeo I (1871-1873)

Amadeo entró en Madrid en enero de 1871. La muerte de Prim provocó una inestabilidad política interna (se sucedieron seis gobiernos: Serrano, unionista; Ruiz Zorrilla, radical; Malcampo y Sagasta, constitucionalistas; Serrano y Ruiz Zorrilla, liberales) a la que se añadió: la insurrección cubana (1868-1878); la impopularidad del rey por su origen; la oposición de alfonsinos (moderados y parte de la Iglesia partidarios de Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II) y republicanos; y la tercera guerra carlista (1872-1876). El presidente Serrano pidió al rey la supresión de las garantías constitucionales al no aceptar las Cortes el convenio de Amorebieta, y este se negó. Amadeo, falto de apoyos, terminó abdicando (10 de febrero de 1873) y el Congreso y el Senado, reunidos en Asamblea Nacional, proclamaron la Primera República.

La Primera República (1873-1874)

El régimen intentó, sin éxito, consolidarse, ya que el republicanismo apenas tenía apoyo popular y los republicanos estaban divididos en unitarios y federalistas. Figueras, primer presidente del Poder Ejecutivo de la República, reunió Cortes Constituyentes, tras lo cual la presidencia recayó en Pi y Margall. Este presentó un proyecto que convertiría a España en una República federal de diecisiete estados, pero no llegó a aprobarse debido a la insurrección cantonal, en la que destacó Cartagena, y que obligó al propio Pi y Margall a dimitir. Le sucedió Salmerón, más conservador y dispuesto a acabar con la resistencia cantonal por medio del ejército, si bien su oposición a firmar penas de muerte provocó su salida y el nombramiento de Castelar, que practicó una política autoritaria encaminada a asegurar el orden y la unidad frente al cantonalismo, la insurgencia cubana y el repunte del carlismo (ocupación de Estella y sitio de Bilbao). En enero de 1874 el general Pavía disolvió las Cortes mediante un golpe de Estado y gobernó Serrano bajo el régimen constitucional de 1869 pero con poderes dictatoriales. Este liquidó el problema cantonalista con la rendición de Cartagena, pero no el cubano ni el carlista, lo que fue aprovechado por el partido alfonsino para presentar el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo y firmado por Alfonso de Borbón, en el que se indicaba que se quería implantar en España un régimen monárquico constitucional, conservador y católico, defensor del orden social y garante del sistema político liberal. El 29 de diciembre, dos días después de la publicación del manifiesto en la prensa española, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto proclamando rey a Alfonso XII. La Restauración borbónica se abría paso.

La Restauración Borbónica (1874-1931)

Evolución política de la Restauración hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII

Antonio Cánovas del Castillo, consciente del rechazo del pueblo hacia Isabel II, consiguió que esta abdicara en su hijo Alfonso (1870) y encabezó el movimiento alfonsino. Durante su estancia como cadete en la Academia Militar de Sandhurst (Reino Unido), Alfonso firmó el Manifiesto de Sandhurst (1874), inspirado por Cánovas, con el que expresaba su deseo de implantar en España un régimen monárquico constitucional, conservador y católico, defensor del orden social y garante del sistema político liberal. El pronunciamiento de Martínez Campos proclamando rey a Alfonso (diciembre de 1874), frustró el deseo de Cánovas de que las Cortes aceptaran a Alfonso XII de manera pacífica y sirvió de excusa a la futura oposición para definir a la Restauración como un sistema político impuesto.

Etapas de la Restauración:

• 1874-1885: Cánovas afianzó el sistema gracias a una combinación de: censura; restricción de la libertad de cátedra, el asociacionismo obrero y el derecho al voto; mejora de la economía; éxitos militares; y la popularidad del rey. La exigencia de Sagasta (Partido Liberal) al rey para que su partido gobernase alternándose con el de Cánovas (Partido Conservador) dio lugar a una práctica artificial (turnismo) que acabó con el limitado pluralismo político existente. Se abolieron parte de los fueros vascos y navarros y la esclavitud en Cuba, se asentó el capitalismo y se acabaron los pronunciamientos.
• 1885-1902: abarcó la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena. En vísperas del fallecimiento del rey y para proporcionar estabilidad al régimen, Cánovas y Sagasta acordaron mantener ese turno pacífico (Pacto de El Pardo, 1885). En este periodo, los liberales llevaron a cabo una política de defensa de los derechos individuales (libertad de expresión, Ley de Asociaciones) y establecieron el sufragio universal masculino (1890). El catalanismo y el nacionalismo vasco adquirieron carta de naturaleza política con la fundación de la Unió Catalanista (1891), el PNV (1895) y la Lliga Regionalista (1901). En 1897 Cánovas, entonces presidente, fue asesinado por un anarquista. En 1898 España, derrotada militarmente, renunció a su soberanía sobre Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam en beneficio de EEUU, y en 1899 vendió las islas Marianas, Carolinas y Palaos a Alemania, perdiendo así su imperio.

El Sistema Canovista

Cánovas, verdadero artífice de la Restauración, pretendía continuar la época moderada a través de:

• Una base social compuesta por alfonsinos, hombres de negocios, mandos militares y la Iglesia, que defendían el orden, la propiedad, la monarquía, el catolicismo y la unidad de la patria con el mantenimiento de las colonias, e identificaban la república con la anarquía. Su propósito: asentar la monarquía y crear un marco de conciliación lo más conservador posible.
• Unos fundamentos ideológicos basados en lo que Cánovas llamó “verdades madre”, unos principios indiscutibles (la Constitución interna del sistema: nación, libertad, propiedad, monarquía, dinastía hereditaria y soberanía conjunta de rey y Cortes), que eran entendidos de manera distinta por los diferentes grupos sociales, naciendo de esa confrontación y oposición el equilibrio necesario para la perdurabilidad y la aceptación social del régimen (a la soberanía del rey se oponía la de las Cortes; a un partido, otro contrario; etc.).

Este sistema tenía tres pilares:

• Alfonso XII, rey-soldado respetuoso con el liberalismo, defensor del orden y el catolicismo, y vencedor del carlismo y el independentismo cubano.
• Constitución de 1876. Texto moderado, pero flexible y consensuado, con elementos de la del 69 y caracterizado por:
  • La soberanía residía en las Cortes y el rey.
  • El rey, jefe del Ejército, estaba por encima del Gobierno y de las Cámaras legislativas, pues nombraba al Consejo de Ministros y a su presidente, tenía derecho a veto y podía disolver las Cortes.
  • Cortes bicamerales: Congreso (diputados elegidos por sufragio censitario; más tarde universal masculino) y Senado (senadores vitalicios -nombrados por la Corona a propuesta del Gobierno-, por derecho propio, y electivos).
  • El catolicismo, religión oficial; se toleraba al resto en privado.
  Cada gobierno (conservador o liberal) podía modificar los repertorios de derechos y la forma del sufragio sin necesidad de promulgar una nueva constitución.
• Turnismo. Caracterizado por:
  • El acuerdo entre dos partidos dinásticos, el Partido Liberal-Conservador (dirigido por Cánovas y heredero del moderantismo isabelino; confesional y garante del orden) y el Partido Liberal Fusionista (por Sagasta y heredero del progresismo; más laico y partidario de reformas sociales), en el fondo muy similares (vinculados a la burguesía y deseosos de evitar enfrentamientos y pronunciamientos).
  • Un sistema electoral cuyo sufragio admitía circunscripciones uninominales.
  • El control de la oligarquía sobre la política (mediante el sistema electoral diseñado por Posada Herrera), la sociedad (a través del control del empleo público y del caciquismo en el medio rural) y la economía (con una política proteccionista).

El mecanismo del Turnismo

Ante una crisis, el rey disolvía las Cortes y convocaba elecciones que “cocinaba” el Ministro de la Gobernación, en base al reparto de escaños previamente acordado por Cánovas y Sagasta, dejando siempre un porcentaje a republicanos y carlistas. Seguidamente los jefes provinciales de conservadores y liberales reproducían el encasillado y los caciques condicionaban el voto para ayudar al Gobernador Civil correspondiente a que se diese el resultado acordado. Si esto no era suficiente, se recurría al pucherazo, a la coacción moral, al uso de matones o a la manipulación de los censos, con los “cuneros” y haciendo votar a muertos (“lazaros”).