La Constitución de 1812

Se promulgó el 19 de marzo de 1812. Su tramitación se vio afectada por la guerra y por las diferencias entre absolutistas y liberales.

La Constitución contiene una declaración de derechos del ciudadano:

• La libertad de pensamiento y opinión.
• La igualdad de los españoles ante la ley.
• La libertad civil, etc.

La nación se definía como el conjunto de todos los ciudadanos de los territorios peninsulares y las colonias americanas.

La estructura del estado correspondía a una monarquía limitada, basada en la división de poderes:

El Poder Legislativo

Representado por las Cortes unicamerales, elaboraban leyes, mandaban sobre el ejército, etc. El sufragio era universal masculino e indirecto.

El Poder Ejecutivo

Representado por el monarca, dirigía el gobierno e intervenía en la creación de leyes. Las decisiones del monarca debían ser refrendadas por los ministros que estaban sometidos a responsabilidad penal.

El Poder Judicial

Representado por los tribunales, establecían los principios básicos de un Estado de derecho: códigos únicos en materia civil, criminal y comercial, garantía de los procesos, etc.

La Acción Legislativa de las Cortes

Aprobaron una serie de decretos y leyes para eliminar el antiguo régimen y ordenar el estado como un régimen liberal.

Se votó la abolición de la Inquisición, con la oposición de los absolutistas y del clero, y la libertad de imprenta. Sin embargo, la religión seguía bajo el control de la Iglesia.

La libertad de trabajo, la anulación de gremios y la unificación del mercado fue el primer liberalismo que marcó la modernización de España.

Los legisladores de Cádiz aprovecharon la situación creada por la guerra para elaborar un marco legislativo más avanzado, pero la situación no lo permitió, y al final de la guerra, con la vuelta de Fernando VII se volvió al absolutismo.

El Reinado de Fernando VII (1814-1833)

La Restauración del Absolutismo (1814-1820)

Los liberales desconfiaban de que el monarca aceptara el nuevo orden constitucional y lo hicieron ir a Madrid a jurar la Constitución, y este, por miedo, se vio obligado a jurar. Pero los absolutistas (nobleza y clero) sabían que la vuelta del monarca era su mejor oportunidad para deshacer la obra de Cádiz y volver al antiguo régimen, así que se reorganizaron para demandar la restauración del absolutismo (Manifiesto de los Persas). Fernando VII, cuando ya estaba seguro de la debilidad liberal, traicionó sus promesas y, mediante el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución, las leyes de Cádiz y anunció la vuelta al absolutismo. Así que, los principales dirigentes liberales fueron detenidos o asesinados, mientras que otros huyeron hacia el exilio. Era la vuelta al Antiguo Régimen.

A partir de 1815, Fernando VII y su gobierno intentaron rehacer el país, que estaba destrozado por la guerra, y todo ello a partir de la restauración del antiguo régimen. Sus gobiernos fracasaron: por un lado, las pérdidas humanas y materiales arruinaron al campesinado, paralizando el comercio y la producción; por otro lado, la Hacienda Real entró en bancarrota por la falta de recursos económicos.

Los hechos ocurridos entre 1808 y 1814 cambiaron la mentalidad de muchos grupos sociales, la gente quería volver al régimen constitucional.

Los gobiernos de Fernando VII no supieron resolver los problemas de enderezar la Hacienda o de hacer frente a los movimientos independentistas en las colonias. La represión fue la única respuesta de la monarquía a las demandas políticas y sociales.

El Trienio Liberal (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, Rafael del Riego se sublevó y recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército, la acción de los liberales y la neutralidad de los campesinos obligaron al rey Fernando VII a aceptar la Constitución, formando un nuevo gobierno que convocó elecciones en la Corte.

El resultado de las elecciones fue a favor de los diputados liberales, que iniciaron una importante obra legislativa. Restauraron gran parte de las reformas de Cádiz, establecieron la disminución del diezmo (impuesto del 10%) y reformaron el sistema fiscal, el Código Penal y el ejército. Impulsaron la liberación de la industria y el comercio e iniciaron la modernización política y administrativa del país, de acuerdo con el modelo de Cádiz.

Estas reformas llevaron a la oposición de la monarquía. Fernando VII había aceptado el nuevo régimen, pero aprovechó el derecho de voto que le daba la Constitución para eliminar algunas leyes y conspiró contra el gobierno, buscando recuperar su poder mediante las potencias absolutistas en España.

Sin embargo, las nuevas medidas liberales del Trienio provocaron el descontento de los campesinos, porque no les facilitaban el acceso a las tierras. Los antiguos señores se convirtieron en propietarios, y ellos en arrendatarios que podían ser echados de las tierras si no pagaban, con lo que perdían sus tradicionales derechos.

La nobleza y la Iglesia, al verse perjudicados por su pérdida de bienes, se enfrentaron a los gobernantes del Trienio.

También hubo tensión entre los propios liberales, que se dividieron en los moderados, partidarios de reformas limitadas que no perjudicaran a la alta sociedad; y los exaltados, que querían reformas radicales, favorables a las clases medias y populares.

La Década Ominosa (1823-1833)

La acción de la Santa Alianza supuso el fin del régimen liberal. Fernando VII encargó a Francia la intervención en España. Los Cien Mil Hijos de San Luis irrumpieron en territorio español y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto.

Las potencias restauradoras, alarmadas por la constante agitación que vivía España, consideraron necesario hacer algunas reformas moderadas, proclamar una administración eficaz.

Fernando VII rechazó las peticiones y se volvió a producir una represión contra los liberales. Se depuraron la administración y el ejército y se persiguió a los liberales.

También seguían los problemas económicos, las dificultades de Hacienda se vieron agravadas por la pérdida definitiva de las colonias americanas.

El Conflicto Dinástico

En 1830, el nacimiento de Isabel, hija del rey, parecía garantizar la continuidad borbónica. Esto creó un conflicto. La Ley Sálica, implantada por Felipe V en España, impedía el acceso al trono a las mujeres. Pero Fernando VII, influido por su mujer María Cristina, negó esa ley con la Pragmática Sanción, permitiendo el acceso al trono a Isabel.

Los carlistas se negaron a esta situación y presionaron al monarca para que repusiera la Ley Sálica, en beneficio del príncipe Carlos María Isidro, candidato al trono.

María Cristina quería salvar el trono para su hija y buscó el apoyo de los liberales. Fue nombrada regente cuando el rey enfermó y formó un nuevo gobierno de carácter reformista.

En 1833, Fernando VII murió, dejando en el testamento a su hija como heredera del trono y nombrando gobernadora a la reina María Cristina hasta la mayoría de edad de Isabel. El mismo día, Don Carlos se proclamó rey, lo que inició un levantamiento absolutista en el norte de España, y poco después en Cataluña. Comenzaba así la Primera Guerra Carlista.

La Independencia de la América Hispana

La América Española a Finales del Siglo XVIII

A lo largo del siglo XVIII, la preocupación de los Borbones por los territorios de ultramar dio lugar a una etapa de prosperidad económica, que propició el desarrollo de un grupo burgués criollo, de raza blanca pero nacido en América.

Fue entre esta burguesía criolla donde se iniciaron los proyectos de independencia.

Gran Bretaña, que quería controlar el mercado americano, respaldó los movimientos secesionistas, convencida de que, una vez independientes, podría dominar fácilmente el mercado de las nuevas naciones.

El Proceso de Independencia

En la Guerra de la Independencia, los criollos no aceptaron la autoridad de José Bonaparte y crearon Juntas que asumieron el poder en sus territorios.