La cuestión religiosa

Un objetivo clave de la Segunda República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. La Constitución estableció la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. Se legalizaron el divorcio y el matrimonio civil, y se secularizaron los cementerios. Se prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas. El proceso se completó con la Ley de Congregaciones, que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y previó la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado. Acusada de depender de un poder extranjero, la Compañía de Jesús fue disuelta y sus bienes, nacionalizados. La jerarquía eclesiástica manifestó su antagonismo hacia la República y se movilizó para influir en los católicos en su contra.

La modernización del ejército

El ejército español necesitaba una profunda transformación para crear una institución profesional y democrática. Para ello, se consideró necesario reducir los efectivos militares, acabar con la macrocefalia, poner fin al fuero especial de los militares, asegurar su obediencia al poder civil y terminar con la tradicional intervención del ejército en la vida política. Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República o retirarse con el sueldo íntegro si así lo deseaban. Se suprimieron algunos rangos tradicionales, se redujo el número de unidades y oficiales, y se cerró la Academia Militar de Zaragoza, considerada un semillero de los sectores más golpistas del ejército. Se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República. Estas reformas fueron percibidas por algunos militares, sobre todo por los llamados africanistas, como una agresión a la tradición militar y al poder del ejército. La derecha aprovechó este descontento para animar a la revuelta militar contra la República.

La reforma agraria

La reforma agraria pretendía poner fin al predominio del latifundismo existente en buena parte del centro y el sur de España y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres. En 1931, la población activa era de unos 8,5 millones de personas y casi la mitad trabajaban en la agricultura. Los primeros decretos establecieron la prohibición de rescindir los contratos de arrendamiento, la jornada laboral de 8 horas en el campo, salarios mínimos y la obligación de los propietarios de poner en cultivo las tierras aptas para ello. Pero la verdadera reforma consistía en la elaboración de una Ley de Reforma Agraria, aprobada por las Cortes en septiembre de 1932. La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria. Los resultados iniciales de la reforma agraria fueron escasos porque se expropiaron muchas menos hectáreas y se asentaron muchos menos campesinos de los previstos inicialmente (entre 1932 y 1934 se establecieron unas 12.000 familias). Las razones de este fracaso estarían en la complejidad de la propia ley, la lentitud y dificultades burocráticas, la falta de presupuesto y la resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo tipo de medios para esquivarla. La Ley originó un considerable aumento de la tensión social. Por un lado, los grandes propietarios se opusieron abiertamente a la reforma y la mayoría de ellos se aliaron con los enemigos de la República. Por otro lado, los campesinos quedaron decepcionados con los resultados y tomaron posturas revolucionarias y de enfrentamiento con las fuerzas del orden (ocupación de tierras, incendios, etc.).

La reforma del Estado centralista

La configuración de un Estado que permitiera a las regiones con sentimientos nacionalistas tener una organización propia y acceder a la autonomía era una cuestión pendiente en la vida política española. En Cataluña, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, había proclamado la República Catalana. Esta proclamación creaba un grave problema, dado que el Pacto de San Sebastián determinaba que debía ser la Constitución la que estableciese el nuevo tipo de Estado y la situación de las diferentes nacionalidades dentro de este. La negociación entre el gobierno provisional de la República y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esta decisión, a cambio de la formación de un gobierno autonómico provisional (Generalitat) cuya primera tarea sería la elaboración de un Estatuto de Autonomía (Estatuto de Núria). La Constitución, aprobada en diciembre de ese mismo año, ofreció un marco legal al Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero estableció recortes con respecto al texto elaborado de Núria. Impulsado por Manuel Azaña, fue aprobado finalmente en septiembre de 1932.

En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron, en junio de 1931, un proyecto de estatuto (Estatuto de Estella). Pero su aprobación se retrasó indefinidamente, ya que sectores de la izquierda lo consideraban en exceso confesional. Finalmente, ya iniciada la Guerra Civil, se aprobó un estatuto, fruto de un consenso político entre nacionalistas, republicanos y socialistas. José Antonio Aguirre, principal dirigente del PNV, fue elegido primer lehendakari.

En Galicia, la conciencia nacionalista era menos acusada y el nacionalismo gallego distaba mucho de ser una fuerza hegemónica. En consecuencia, el proceso estatutario fue mucho más lento y el 28 de junio de 1936 se sometió a plebiscito un proyecto de estatuto que no llegó nunca a ser aprobado por las Cortes debido al estallido de la Guerra Civil.

La obra educativa y cultural

La Segunda República tuvo como objetivo primordial promover una educación liberal y laica, y hacer del Estado el garante de este derecho para toda la población. Se crearon 10.000 escuelas y 7.000 plazas para maestros, mientras que el presupuesto de educación se incrementó en un 50%. Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Se promovieron campañas culturales destinadas a los sectores más humildes, como las Misiones Pedagógicas, formadas por grupos ambulantes de estudiantes, profesores e intelectuales, que llevaban el teatro y la cultura a los pueblos (destaca en este sentido La Barraca, de Federico García Lorca).

Las reformas laborales

Entre las reformas laborales más importantes destacan la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley de Jurados Mixtos, que establecían mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de desacuerdo entre trabajadores y empresarios.