Los Inicios de la Transición

El panorama político español de la década de 1970 presentaba tres alternativas. Unos defendían claramente la continuidad del régimen de Franco y otros apostaban por una reforma promovida desde las propias instituciones que culminase en la democratización del sistema. Finalmente, la mayoría de la oposición antifranquista se inclinaba por la ruptura con el pasado dictatorial y la construcción de un nuevo sistema político liderado por las fuerzas democráticas.

El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey. El monarca dispuso que continuara al frente del gobierno Carlos Arias Navarro, quien incorporó en su gabinete a los reformistas Fraga Iribarne y José María Areilza. Cuando Arias Navarro presentó su programa de gobierno ante las Cortes, se hizo evidente que apostaba por el continuismo franquista. Su propuesta representaba una simple reproducción del viejo espíritu del 12 de febrero y se limitaba a proponer unas leyes extremadamente restrictivas sobre el derecho de reunión y de asociación, que no contemplaban la existencia de partidos políticos. La decepción se extendió entre todos los demócratas.

Para presionar a favor de la alternativa democrática, la oposición tomó la iniciativa política y definió un programa común para todas las fuerzas antifranquistas. Con esta orientación, los organismos unitarios creados en la etapa final del franquismo se unieron en la llamada Coordinación Democrática. Su propuesta política se expresaba en la fórmula de la ruptura democrática, es decir, un procedimiento constituyente que, a través de un gobierno provisional y unas elecciones generales, pusieran las bases de un nuevo sistema político.

Las fuerzas antifranquistas también promovieron una serie de movilizaciones populares que reclamaban las libertades democráticas y la amnistía para los presos políticos. Las movilizaciones del invierno 1975-1976 adquirieron una dimensión desconocida hasta la fecha. En Cataluña y en el País Vasco se promovieron diversas huelgas generales y en Madrid varios sectores permanecieron en huelga durante semanas. El gobierno y los empresarios respondieron a la conflictividad con gran contundencia represiva. Esencialmente graves fueron los sucesos de la huelga general de Vitoria en marzo de 1976, con un balance de cinco muertos y decenas de heridos.

Los inmovilistas solo aceptaban la continuidad del régimen y la represión policial, a la vez que estimulaban la acción de grupos paramilitares para acallar la oposición. Hay que situar en ese contexto el asesinato de estudiantes en las manifestaciones o los graves sucesos de Montejurra en mayo de 1976, donde se enfrentaron las facciones franquistas y demócrata del carlismo.

La Reforma Política

Los reformistas, ante la incapacidad del gobierno de Arias Navarro, se esforzaron por desplazar del gobierno a los inmovilistas con el visto bueno de la monarquía. Su proyecto de cambio pretendía promover una reforma progresiva del sistema político a partir de la evolución de las leyes y de las instituciones franquistas.

El rey Juan Carlos y sus colaboradores más cercanos forzaron la dimisión de Arias Navarro el 30 de junio de 1976 y Torcuato Fernández, presidente de las Cortes, maniobró para imponer como sucesor a Adolfo Suárez, un joven político procedente de los sectores reformistas del Movimiento, que aceptó pilotar desde el gobierno la transición a la democracia.

Tras acceder a la presidencia del gobierno, Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas y promulgó un indulto para los presos políticos. Además, propuso un proyecto, la Ley de Reforma Política, que reconocía los derechos fundamentales de las personas, confería la potestad legislativa en exclusiva a la representación popular y preveía un sistema electoral democrático. La ley fue aprobada sin problemas en las Cortes y en ello desempeñaron un papel decisivo las negociaciones subterráneas del gobierno con muchos procuradores franquistas, a los que se les garantizó que podrían mantener su estatus económico y social, que no se les pediría responsabilidad política y que no se legalizaría al Partido Comunista.

La ley fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976 y aprobada por el 81% de los votantes.

Las Primeras Elecciones Democráticas

En los meses siguientes a la aprobación de la Ley de Reforma Política se prepararon las condiciones para la celebración de elecciones generales. El primer paso fueron una serie de decretos que permitieron la libertad sindical, la legalización de los partidos políticos (a excepción del Partido Comunista) y una amplia amnistía para delitos políticos cometidos durante el franquismo.

La legalización del PCE se había convertido en piedra de toque del proceso democrático. Los comunistas apostaban claramente por el proceso democrático y mostraron su fuerte presencia social con la multitudinaria manifestación que tuvo lugar a raíz de los asesinatos de los abogados laboralistas de CCOO de la calle Atocha de Madrid. Finalmente, Suárez decidió su legalización en el mes de abril, hecho que provocó una crisis en el gobierno pero garantizó la legitimidad democrática de las elecciones.

En primavera de 1977, los partidos de izquierda que habían vertebrado la oposición a Franco se prepararon para la celebración de las elecciones generales. A la derecha, el político Manuel Fraga creó un nuevo partido, Alianza Popular, y desde el gobierno se constituyó la Unión de Centro Democrático (UCD), cuyo líder era Adolfo Suárez.

Las elecciones generales se celebraron el 15 de junio de 1977. El triunfo fue para UCD, que consiguió 166 diputados, quedando el PSOE en segundo lugar con 118 diputados. Aunque no contaban con la mayoría absoluta en la cámara baja, compuesta por 350 diputados, Adolfo Suárez constituyó el primer gobierno democrático de España después de la Guerra Civil.

La Constitución de 1978

Las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 no tenían formalmente el carácter de constituyentes. Sin embargo, pronto se impuso la opinión de que su primera tarea debía ser la elaboración de una constitución democrática. La redacción de la Constitución inició la llamada política de consenso, que consistió en resolver las cuestiones claves para la construcción de la democracia y los problemas que se presentaban mediante la negociación y el acuerdo entre las fuerzas políticas.

La Constitución adoptó un carácter progresista, aunque presentaba una cierta ambigüedad, producto del consenso, que permitía que su desarrollo legislativo fuera asumido tanto por la izquierda como por la derecha democrática. El texto constitucional fue publicado el 6 de noviembre de 1978 y sometido a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978.

La Constitución de 1978 define a España como un Estado social y democrático de derecho, organizado como una monarquía parlamentaria, en la que la Corona tiene básicamente funciones representativas y en la que el ejército queda sometido al poder civil. Asimismo, el texto fija el carácter no confesional del Estado, abole la pena de muerte y desarrolla una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas que incluyen el derecho a la huelga y a la libre sindicación.

En la Constitución se recogen también los principios rectores de la política social y económica. Asimismo, la Carta Magna establece el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones y reconoce como lengua oficial del Estado el castellano, además de las lenguas propias de las respectivas comunidades autónomas.

El Estado de las Autonomías

El Título VIII de la Constitución de 1978 regula la descentralización de ciertos poderes del Estado y posibilita la creación de comunidades autónomas. El proceso de construcción del Estado de las Autonomías tuvo dos etapas diferenciadas: la primera fue la de las preautonomías, es decir, la concesión de una autonomía provisional a regiones cuyos representantes las solicitaran, y la segunda se emprendió a partir del momento en que la Constitución reguló definitivamente el régimen autonómico.

La primera preautonomía se concedió a Cataluña, adonde regresó, en 1977, el antiguo dirigente republicano Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio. De este modo, en septiembre de 1977 se restableció la Generalitat bajo su presidencia y se creó un gobierno provisional formado por los partidos parlamentarios catalanes que defendían la autonomía. Posteriormente, en el País Vasco se formó el Consejo General Vasco en enero de 1978 y en Galicia se creó la Xunta de Galicia provisional en marzo de 1978.

La Constitución establecía dos procedimientos distintos para acceder a la autonomía: uno más rápido y completo, previsto en el artículo 151, al que podían acceder directamente las nacionalidades históricas (e incluso otras si cumplían unas determinadas condiciones y la decisión era ratificada por un referéndum), y otro más lento, previsto en el artículo 143. La mayoría de las comunidades autónomas se regirían por el artículo 143, a excepción de las nacionalidades históricas, de Navarra (que se regiría por un mecanismo especial, partiendo de su peculiar sistema foral) y de Andalucía, que había creado una Junta preautonómica y decidió por referéndum la construcción de la autonomía por la vía más rápida del artículo 151.

La plasmación jurídica del régimen autonómico tuvo lugar mediante la aprobación de los Estatutos de Autonomía, que contenían las competencias y las instituciones de las comunidades autónomas.