El Carlismo y la Guerra Civil (1833-1839)

El 1 de octubre de 1833, dos días después de la muerte de Fernando VII, D. Carlos reivindicó desde Portugal sus derechos dinásticos (Manifiesto de Abrantes). Fue proclamado rey en diversas ciudades de España, mientras surgían partidas carlistas por todo el país. En el bando carlista estaban los absolutistas más intransigentes que reclamaban la defensa del derecho sucesivo masculino. En el carlismo militaban una parte de la nobleza y miembros ultraconservadores de la administración y del ejército. A ellos se unió la mayoría del bajo clero.

Los inicios de la guerra carlista en 1833 fueron favorables a los carlistas que derrotaron a la tropa del gobierno en repetidas ocasiones. Desde entonces llegaron las defensivas y el agotamiento le llevó a iniciar negociaciones que terminaron en agosto de 1839 con el Pacto de Vergara. A cambio de su rendición, se reconocieron los grados y empleos de los vencidos. También se incluyó el compromiso de mantener los fueros, lo cual significó la renuncia de Navarra a su condición de reino, a cambio de una promesa de autonomía, y se le concedió la administración de los impuestos y competencias administrativas.

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

Entre 1833 y 1840 María Cristina gobernó como regente, durante la minoría de edad de Isabel. Destaca la división del territorio español en provincias y la promulgación del Estatuto Real. Mediante este estatuto se establecían unas Cortes bicamerales: una cámara de Próceres (futuro Senado) y otra de Procuradores (sería el Congreso de los Diputados). Las Cortes solo podían ser convocadas por la Corona.

El gobierno moderado demostró ser incapaz de dirigir el país. La falta de fondos, los errores tácticos en la guerra carlista provocaron una creciente agitación en las calles. En 1835 es nombrado ministro de hacienda Juan Álvarez Mendizábal cuya medida principal fue la desamortización de los bienes del clero con la pretensión de conseguir dinero para sanear la deuda pública y financiar la guerra civil. Su cese en 1836 provocó un pronunciamiento militar que supuso la consolidación de los progresistas: se restauró la Constitución de 1812 hasta que las Cortes Constituyentes aprobaron la Constitución de 1837.

El nuevo gobierno encabezado por José María Calatrava continuó la labor de demolición del absolutismo. Una nueva insurrección en septiembre de 1840 forzó la dimisión de María Cristina que optó por abandonar el país.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

El general Espartero se convirtió en el nuevo regente, inaugurando así la tendencia de los militares a dirigir la política liberal. Su política autoritaria con tendencia a reprimir las protestas hizo que su popularidad fuera disminuyendo poco a poco. Moderados y algunos progresistas organizaron entonces un pronunciamiento militar que obligó a Espartero a dimitir en agosto de 1843. El artífice del golpe, el general Narváez, desencadenó un acelerado proceso de reacción, convirtiéndose en 1844 en jefe de gobierno.

El Reinado de Isabel II (1843-1868)

En el otoño de 1843, las Cortes, para evitar una nueva regencia, votaron la mayoría de edad de Isabel con 13 años, para que pudiera comenzar su reinado. Fue un periodo de tendencia muy conservadora y gobiernos autoritarios. Los primeros 10 años de su reinado estuvieron protagonizados por la figura del general Narváez, principal inspirador de la Constitución de 1845 y las leyes del periodo, manteniendo el ejército alejado de la vida política.

En cuanto a los poderes del estado, la Constitución repartía el poder legislativo entre las Cortes y el Rey. Además, permitía a la Reina disolver el Congreso. El único suceso que enturbió la vida política fue la 2ª guerra carlista en 1846 en el norte de Cataluña. A comienzos de 1854 las Cortes habían sido suspendidas y el gobierno actuaba de forma autoritaria, el descontento político y social iba en aumento.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La revolución de 1854 fue en realidad un golpe de estado. El pronunciamiento inicial del general O’Donnell fracasó tras un enfrentamiento con las tropas gubernamentales en Vicálvaro. Los rebeldes reaccionaron y publicaron el Manifiesto del Manzanares, que consiguió el apoyo popular y provocó la revolución en julio. Otros jefes militares se sumaron al golpe y obligaron a Isabel II a entregar el gobierno al general Espartero. Rápidamente se convocaron elecciones y gobernaron conjuntamente durante los siguientes años.

Las Cortes aprobaron una nueva Constitución en 1856 que incluía una declaración de derechos más detallada, una limitación de los poderes de la Corona y del ejecutivo y una ampliación de la participación, pero no hubo tiempo para que se pusiera en vigor. En 1863 el desastre de la acción de gobierno y las discusiones de la Unión Liberal llevaron a O’Donnell a presentar la dimisión. Se pretendía entonces cambiar una sucesión de gobiernos inestables y autoritarios, presididos por él mismo y Narváez.