La Transición Española a la Democracia
La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 marca el inicio de una nueva etapa en la historia de España: la transición a la democracia. No obstante, el pulso entre sectores reformistas y sectores rupturistas originó momentos de crisis.
El Reinado de Juan Carlos I
Don Juan Carlos fue nombrado rey de España dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975. Sus partidarios esperaban que hiciera realidad una monarquía autoritaria que mantuviese lo esencial del franquismo, aunque fuera introduciendo algunas reformas graduales. La oposición, en cambio, exigía cambios rápidos y significativos.
El primer discurso de Juan Carlos como jefe de Estado ante las Cortes fue muy prudente y ya apuntaba sus intenciones reformistas, pero la ambigüedad de su significado dejaba abierto muchos interrogantes. De hecho, los primeros actos del nuevo gobierno estuvieron dirigidos a tranquilizar al aparato franquista, incluido el ejército.
El Gobierno de Arias Navarro
En este sentido hay que entender la continuidad de Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno, siendo confirmado por el rey en su cargo. Al mismo tiempo, el monarca situó a Torcuato Fernández Miranda, su antiguo profesor de derecho, en la presidencia de las Cortes y el Consejo del Reino. Obligó a Arias a contar con algunas de las figuras más destacadas del reformismo franquista, como Fraga y Areilza.
Arias Navarro inició algunas reformas políticas limitadas (libertad de prensa, el reconocimiento del derecho de asociación y reunión…), pero dentro de los cauces del Movimiento, además del indulto a numerosos presos políticos.
Conflictividad Social y Crisis Económica
En el año 1976 hubo una gran conflictividad social, con numerosas huelgas que afectaron a fábricas, servicios públicos o comunicaciones, debido a la política de congelación salarial. El Presidente Arias, haciendo caso omiso a los requerimientos del rey, reaccionó de manera autoritaria ante los nuevos conflictos que surgían. Entre ellos destacó el de Vitoria, en los que la policía causó cinco muertos cuando disolvía una asamblea de trabajadores.
La lentitud con que avanzaban las reformas y los problemas que comenzaba a causar la crisis económica dio lugar a que los dos organismos de la oposición (La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática), se fusionaran en marzo de 1976 en la Coordinadora Democrática, conocida como Platajunta, cuyo programa insistía en la petición de una amnistía general para los presos políticos del régimen, la legalización de los partidos y sindicatos prohibidos por la dictadura, la defensa de las libertades y la celebración de elecciones libres.
El Gobierno de Adolfo Suárez
Ante las circunstancias anteriores, el rey provocó la dimisión de Arias Navarro en julio de 1976 (gracias a las gestiones de Fernández Miranda) y nombra presidente del gobierno a Adolfo Suárez, que para hacer creíbles sus intenciones reformistas concedió una amplia amnistía, estableció contactos con Felipe González, líder todavía ilegal del PSOE, e incluso con Santiago Carrillo, el principal dirigente del Partido Comunista, y con Comisiones Obreras para preparar la reforma sindical.
Para evitar cualquier intento golpista por parte de las Fuerzas Armadas, Suárez se entrevistó con los principales generales en activo y les tranquilizó sobre sus intenciones, que fueron aceptadas con la condición implícita de que no se legalizara el Partido Comunista. El proceso aperturista culminó cuando las Cortes franquistas dieron su aprobación al proyecto de Ley para la Reforma Política. A continuación Suárez convocó en diciembre de 1976 un referéndum para que el pueblo español se pronunciara sobre esta Ley, siendo aprobada por una amplia mayoría, a pesar de que las izquierdas hicieron campaña a favor de la abstención.
Legalización de Partidos Políticos
Los partidos de la oposición seguían sin legalizarse. A finales de 1976 el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, provocó su detención volviendo del exilio y en enero de 1977 el PSOE fue legalizado. En este mismo mes un comando de extrema derecha asesinaba en el barrio madrileño de Atocha a cinco miembros de un despacho de abogados laboralistas, vinculado a Comisiones Obreras y el PCE. La actitud moderada del PCE al encajar con una gran serenidad los asesinatos, llevaron a Suárez a legalizar al PCE, el gran enemigo del franquismo, en la Semana Santa de 1977.
Las Fuerzas Armadas expresaron su protesta y la situación volvió a crisparse, pero Suárez continuó negociando con la oposición medidas como la disolución del Tribunal de Orden Público del Sindicato Vertical y la del propio Movimiento Nacional, así como la ampliación de la amnistía y la convocatoria de elecciones para elegir Cortes Constituyentes. En estas, tras el triunfo de la UCD con Adolfo Suárez, se nombra una comisión para elaborar la Constitución que sería aprobada en 1978.
Los Pactos de la Moncloa
Por otra parte, los efectos de la crisis económica mundial de los años setenta se hicieron también patentes en España. Así, el estancamiento del PIB, la inflación galopante, el incremento del déficit público y, sobre todo, el aumento espectacular de las cifras de paro (ya que a los parados nacionales se sumaban los emigrantes despedidos en Europa) hizo que todas las fuerzas políticas y sindicales estuvieran de acuerdo en resolver estos problemas consensuadamente. Así, en octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, entre el gobierno correspondiente, los partidos, sindicatos y la patronal.
Estos pactos sirvieron para frenar la tendencia negativa de la economía, redujeron la inflación y el déficit exterior, aunque no lograron detener el incremento del paro. Tras esos pactos, se aprobaron otras medidas complementarias como la ley que reestructuraba la Seguridad Social y creaba el INEM. Hay que destacar que los primeros años de la democracia se vieron seriamente amenazados por la escalada terrorista y por el golpismo militar, fomentado por el búnker franquista.
Las Elecciones de 1979 y la Moción de Censura
Tras la aprobación de la Constitución, se convocaron elecciones generales en 1979, donde Suárez logró un nuevo triunfo electoral. Pero poco después se produjo el triunfo de la oposición de izquierdas en las elecciones municipales del mismo año haciéndose con los ayuntamientos de las principales ciudades.
Por otra parte, las diferencias entre el gobierno y la oposición se acentuaron y, tras la etapa de consenso, el PSOE comenzó a realizar una dura crítica opositora que culminó con la presentación de una moción de censura, la cual no prosperó por el estrecho margen de 14 votos.
Dimisión de Suárez y el 23-F
Además del acoso de la oposición, Suárez tuvo que afrontar la desintegración de su propio partido, que demostraba la falta de unidad ante los problemas que se iban planteando: Ley de divorcio, reforma fiscal, descentralización autonómica.
A finales de enero de 1981, Suárez presentó su dimisión ante el acoso que representaba la dura oposición socialista y su propio partido, además de los rumores sobre presiones militares. La trama golpista se decidió a actuar el 23 de febrero de 1981 durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo en el Parlamento, con la ocupación del congreso por un destacamento de guardias civiles a las órdenes del teniente coronel Tejero. La rápida intervención del rey, abortó la intentona golpista.
El Gobierno de Calvo Sotelo
Bajo la presidencia de Calvo Sotelo, las Cortes aprobaron en 1982 la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y el congreso de los diputados aprobó una progresista ley de divorcio.
Sin embargo, la gestión de Calvo Sotelo se vio entorpecida sobre todo por la desintegración de su propio partido, que dio lugar a cuatro formaciones distintas. Hasta su mismo fundador, Suárez, la abandonó para crear el Centro Democrático y Social (CDS). A pesar de ello y del rechazo de la izquierda, Calvo Sotelo consiguió meter a España en la OTAN en 1982 y sin esperar a agotar la legislatura, adelantó las elecciones y el PSOE con Felipe González a la cabeza, obtuvo un triunfo aplastante con 10 millones de votos en octubre de 1982.
Con este relevo político, comienza la consolidación de la democracia y finaliza el periodo conocido como la transición democrática.
La Constitución y el Estado de las Autonomías
a) La Constitución de 1978
En junio de 1977 los españoles eligieron a sus representantes en las Cortes en medio de grandes manifestaciones de apoyo internacional. Eran las primeras elecciones democráticas desde 1936. Obtuvo el triunfo el partido Unión de Centro Democrático (UCD), formada por un conjunto de personalidades y partidos de centro, socialdemócratas, liberales y democristianos en torno a Adolfo Suárez, seguido del PSOE, encabezada por Felipe González. El resultado de las elecciones confirmaba el apoyo de los españoles a la política de centro, a la reforma democrática gradual, puesta en marcha al poco tiempo de la muerte de Franco. El PCE obtuvo solo 20 escaños, mientras que la extrema derecha era barrida y el franquismo quedaba en un recuerdo con los 16 diputados de Alianza Popular de Manuel Fraga. En cambio, los grupos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco obtuvieron unos resultados que pronosticaban su futuro protagonismo.
Después de las elecciones a Cortes constituyentes y tras el triunfo de la UCD, el primer paso fue el nombramiento por parte del Parlamento de una comisión compuesta por siete diputados, representantes de las distintas fuerzas políticas, para elaborar el borrador de la nueva Constitución. La comisión logró llegar a un acuerdo, aunque no fueron fáciles en temas como la educación, la libertad religiosa, el aborto, el divorcio, la pena de muerte, etc. y el texto pasó posteriormente a debatirse en el Congreso y en el Senado. El 6 de diciembre de 1978 la Constitución fue aprobada en un referéndum mayoritariamente con un 88% de votos a favor. En total fueron 16 meses de discusiones que dieron lugar a una carta magna cuyas principales características son:
- La amplia declaración de derechos y libertades de los españoles, que se inspira en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se hacía referencia a algunos deberes inexcusables para el mantenimiento del Estado, como el pago de impuestos.
- La definición del sistema político español como una monarquía parlamentaria, en la que el rey como jefe del Estado arbitra entre las diferentes instituciones pero no tiene poder ejecutivo.
- La división de poderes. El legislativo corresponde a las Cortes, integradas por el Congreso y el Senado, dos cámaras elegidas cada 4 años por sufragio universal, directo y secreto. El ejecutivo recae en el gobierno, integrado por el presidente, los vicepresidentes y los ministros. Por último, el poder judicial correspondía a los jueces y magistrados.
- Este cuadro de instituciones se completa con otras dos: El Tribunal Constitucional, que se encarga de interpretar la Constitución en caso de conflicto, y el Defensor del Pueblo, cuya misión es atender directamente a los ciudadanos velando por el respeto de sus derechos y libertades.
- La descentralización del Estado, pues la Constitución contemplaba la posibilidad de que las regiones y nacionalidades pudieran optar por convertirse en comunidades autónomas, que a su vez se organizaban en provincias y municipios. En el Título Preliminar, la Constitución dedica varios artículos más a reconocer aspectos como la lengua y símbolos de las comunidades autónomas que se establezcan. En el Título VIII se establecen las instituciones que deberán regir la comunidad autónoma (Asamblea Legislativa, Presidente y Tribunal Superior de Justicia) y define las competencias que podrán asumir los gobiernos autonómicos y las que quedan como competencias exclusivas del Estado.
b) La organización del nuevo Estado autonómico
Tras las elecciones de 1977 quedaba claro que en las nacionalidades históricas, Cataluña y el País Vasco sobre todo, sería imposible la normalidad democrática si no se resolvían sus reivindicaciones autonomistas.
Sin embargo, ante las manifestaciones populares en favor de la autonomía también en otras regiones, las fuerzas políticas optaron por generalizar la creación de éstas, una solución que sería conocida como café para todos.
En Cataluña y País Vasco este se vio como una forma de rebajar el alcance de sus reivindicaciones descentralizadoras, mientras que para los sectores del búnker franquista (los continuistas del régimen franquista que se oponían al proceso de transición) era el camino hacia la desintegración de la patria.
Cataluña y País Vasco
En Cataluña en octubre de 1977 regresaba el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, y se restablecía con carácter provisional el gobierno autonómico. Mientras una comisión de parlamentarios elaboraba el proyecto de Estatuto de Autonomía.
En el País Vasco el proceso fue similar, aunque el contexto resultaba más crispado, sobre todo debido al nacionalismo radical partidario de la independencia de Euskadi.
En octubre de 1979 tanto el Estatuto Vasco como el catalán fueron aprobados en referéndum, con una fuerte abstención. Sufrieron recortes por parte de las Cortes, aunque lograron unos niveles de autonomía superiores a los estatutos de la II República, sobre todo el Vasco.
Tensiones y la LOAPA
De todas maneras el proceso autonómico generó fuertes tensiones. Por un lado la prensa y los grupos de extrema derecha denunciaban continuamente los riesgos de fragmentación de España, instigando al ejército a frenar dicho proceso. Por otra parte, muchas regiones se sentían agraviadas ante los privilegios de las comunidades históricas. Esto dio lugar a la creación de un Ministerio de Administración Territorial, que se encargaría desde 1979 de gestionar el traspaso de competencias a los territorios autonómicos.
El 1 junio de 1982 con Leopoldo Calvo Sotelo se aprueba en las Cortes la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), permitiendo unificar los criterios del gobierno y la oposición sobre la ampliación del proceso descentralizador y la elaboración de Estatutos de autonomía y continuando este proceso autonómico de manera gradual hasta 1983, a excepción de Ceuta y Melilla, cuyos estatutos se aprobaron más tarde, en 1995.