Las Reformas del Bienio Reformista (1931-1933)

Bajo la presidencia de Manuel Azaña, el gobierno republicano-socialista impulsó numerosas reformas sociales:

a) La cuestión militar

Azaña asumió el cargo de ministro de Defensa con plena conciencia de la necesidad de reformar el Ejército español. La reforma buscaba asegurar la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil y modernizar su estructura y organización. Se había producido un incremento desproporcionado en el número de altos mandos y oficiales, lo que requería una corrección. Se implementaron medidas como la Ley de Retiro de la Oficialidad, que permitía la transición a la reserva con sueldo completo, la supresión de ciertos rangos y el cierre de la Academia de Zaragoza. Además, se estableció la Guardia de Asalto, una fuerza armada leal a la República.

Estas reformas generaron un profundo malestar entre los militares, lo que contribuyó al rechazo hacia el nuevo régimen republicano. La derecha aprovechó este descontento para fomentar una revuelta militar, liderada por el general Sanjurjo en 1932. Sin embargo, el intento de golpe de Estado fracasó y Sanjurjo se vio obligado a exiliarse a Portugal. Este evento dejó entrever la división existente entre los militares respecto al apoyo a la República.

b) La reforma agraria

Se trata de una iniciativa de gran relevancia. El gobierno se propuso proteger a los campesinos mediante una serie de decretos que buscaban regular la jornada laboral y mejorar sus condiciones de vida. En 1932 se promulgó la Ley de Reforma Agraria, cuyo objetivo principal era establecer una clase media rural mediante el reparto de tierras. Esta ley permitía la expropiación de tierras pertenecientes a grandes propietarios, y se estableció el Instituto de Reforma Agraria para supervisar su aplicación.

Sin embargo, la implementación de la ley se enfrentó a numerosas dificultades de índole burocrática y económica, además de la resistencia por parte de los propietarios. Esto condujo a una sensación de desilusión entre los campesinos, especialmente en las zonas rurales. Los enfrentamientos entre los campesinos y la Guardia Civil fueron frecuentes, como se evidenció en el trágico episodio de Casas Viejas en 1933.

c) La cuestión religiosa

Los republicanos intentaron reducir el poder de la Iglesia católica mediante medidas como la introducción del matrimonio civil y el divorcio. Además, el gobierno prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza y expulsó a los jesuitas. Estas acciones provocaron un distanciamiento de las fuerzas de derecha hacia la República, y la unificación de las clases conservadoras en defensa de su fe católica en oposición al régimen republicano.

d) La política autonómica

A pesar de la defensa de un Estado central robusto por parte de los líderes, la Constitución de 1931 introdujo la posibilidad de descentralización a través de los estatutos de autonomía. Estos estatutos otorgaban competencias a las regiones, para abordar los problemas de los nacionalismos. En Cataluña se estableció un gobierno autónomo, la Generalitat, y se aprobó su estatuto en 1932. Similarmente, en el País Vasco y Navarra se propuso un estatuto que inicialmente fue rechazado por el gobierno republicano, pero eventualmente aprobado en 1936. En Galicia no se aprobó por el estallido de la guerra civil.

e) La promoción de la enseñanza y la cultura

El propósito principal era instaurar una educación progresista, secular y accesible para todos los estratos sociales. Entre las medidas educativas más destacadas se encuentran la creación de numerosas plazas para maestros, la construcción de nuevas escuelas, y el impulso de un modelo educativo mixto y laico, que fuera obligatorio y gratuito. Sobresale el programa de las Misiones Pedagógicas, cuya misión era llevar la cultura a las zonas rurales a través de diversas actividades culturales, con el fin de erradicar el analfabetismo, una de las principales problemáticas sociales en España. Un ejemplo notable de este esfuerzo fue La Barraca, un proyecto teatral dirigido por Federico García Lorca.

f) Las reformas laborales y sociales

Las dificultades sociales derivadas de la pobreza y las precarias condiciones de vida de las clases obrera y campesina motivaron a Largo Caballero, en su cargo como ministro de Trabajo, a emprender reformas como la reducción de la jornada laboral a 8 horas, el establecimiento de un salario mínimo para el sector agrícola, y la implementación de los Jurados Mixtos. A pesar de estos esfuerzos, los problemas persistieron.

Problemas de la Coalición Republicano-Socialista

La difícil coyuntura económica global, marcada por la crisis del colapso bursátil de 1929, afectó mucho a la economía española, con una reducción de las exportaciones e inversiones extranjeras y un aumento del desempleo. Además, surgieron oposiciones por parte de los sectores conservadores y los partidos de derecha, mientras que dentro de las fuerzas de izquierda se manifestaron discrepancias. Esta situación se vio agravada por una creciente conflictividad social, caracterizada por huelgas y manifestaciones continuas, que el gobierno intentó sofocar mediante la represión. El gobierno perdió popularidad rápidamente, especialmente después del escándalo de Casas Viejas en 1933. Ante este panorama, Alcalá-Zamora retiró su apoyo al gobierno y convocó elecciones generales para noviembre.

Bienio Conservador (1933-1935)

Tras las elecciones, se observó un incremento en la concentración del voto hacia el centro-derecha. Mientras que las fuerzas de derecha se unieron bajo una sola candidatura, la izquierda se presentó de manera fragmentada. La victoria recayó en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y en el Partido Radical de Lerroux. Este último, con el respaldo parlamentario de la CEDA, asumió el cargo de jefe de Gobierno, aunque la CEDA no formaría parte de su gabinete. El nuevo gobierno adoptó una política de revisión y detuvo las reformas iniciadas en el periodo anterior. Además, otorgó amnistía a los involucrados en la Sanjurjada.

La Radicalización Popular: La Revolución de Octubre de 1934

La inclinación conservadora del gobierno provocó la radicalización del PSOE, con su ala más extremista organizando huelgas y protestas. Ante este escenario, la CEDA demandó formar parte del gobierno. Lerroux cedió y concedió tres ministerios a la CEDA, lo que la izquierda interpretó como un acercamiento al fascismo.

Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, impulsados por la UGT y la CNT, estallaron revueltas en las principales ciudades, aunque la mayoría fracasaron. Sin embargo, la situación se tornó especialmente tensa en Cataluña y Asturias.

En Cataluña, Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, pero la intervención del ejército suspendió esta declaración. Las autoridades catalanas fueron encarceladas y se suspendió la autonomía catalana.

En Asturias, la colaboración entre partidos obreros y mineros permitió tomar el control de gran parte de la región. El gobierno respondió declarando el estado de guerra y enviando a los generales Franco y Goded, quienes reprimieron la insurrección con dureza. Estos sucesos desencadenaron un clima de agitación social y una grave crisis en el gobierno debido a la brutal represión.

Crisis de 1935

La falta de popularidad del gobierno se acentuó debido a la excesiva represión y la paralización de las reformas. Además, varios escándalos de corrupción que involucraban al partido de Lerroux contribuyeron a esta situación. Como resultado, la coalición gobernante dimitió, y se convocaron elecciones anticipadas para febrero de 1936.

El Frente Popular (1936)

Las elecciones se llevaron a cabo en un clima de división social, con la sociedad española dividida en dos bloques opuestos. Las fuerzas de izquierda se unieron en el Frente Popular, abogando por la restauración de las reformas del primer bienio. Por otro lado, la derecha se fragmentó en diversas coaliciones lideradas por la CEDA, pero no lograron consensuar un programa único para todo el país.

El Frente Popular emergió como el vencedor, y el nuevo gobierno estuvo compuesto exclusivamente por republicanos. Manuel Azaña asumió la presidencia de la República, mientras que Casares Quiroga se convirtió en el presidente del Gobierno. El nuevo gobierno implementó el programa acordado en la coalición electoral, y los partidos y sindicatos de izquierda se involucraron en movilizaciones populares mediante huelgas y ocupaciones de tierras.

La Crisis de Julio de 1936 y el Golpe de Estado

La situación política y social se deterioraba rápidamente, creando un clima de violencia generalizada. Falange Española y otros grupos de extrema derecha iniciaron una serie de acciones violentas contra líderes de izquierda, desencadenando una espiral de violencia. A su vez, se produjeron respuestas violentas por parte de los grupos de izquierda.

Mientras el Gobierno intentaba restaurar el orden, sectores de la derecha y una parte significativa del ejército comenzaron a planificar un levantamiento armado liderado por Sanjurjo y organizado por el general Mola. Aunque carecían de objetivos claros más allá de restaurar el orden y la autoridad, defendían la unidad de España, la religión católica y tenían una postura marcadamente antidemocrática y anticomunista. Con el tiempo, la conspiración se extendió por diversas ramas.

Ante esta situación, el gobierno trasladó a destinos más seguros a los generales considerados más peligrosos. Sin embargo, en medio de esta creciente tensión, en julio se produjo el asesinato del líder del Bloque Nacional, José Calvo Sotelo, a manos de miembros de la Guardia de Asalto, en represalia por el asesinato del teniente Castillo perpetrado por la Falange. Este suceso aceleró los planes golpistas y el levantamiento se inició el 17 de julio en Melilla, extendiéndose rápidamente al resto de la Península, dando inicio así a la Guerra Civil Española.

Conclusión

Tras el fracaso de la dictadura militar, la población mostró su firme apoyo a la instauración de un régimen democrático. Este nuevo sistema enfrentaba serios problemas estructurales que requerían solución urgente. Por un lado, las clases privilegiadas estaban decididas a proteger sus intereses, mientras que los sectores populares ansiaban una rápida implementación de medidas que promovieran la justicia social. En este contexto, la República se vio limitada en su capacidad para consolidar su proyecto de reforma y modernización de España, lo que condujo al estallido de la Guerra Civil.