El Panorama Político Español en la Década de 1970
El panorama político español de la década de 1970 presentaba tres alternativas:
- Continuismo franquista: Defendido por algunos sectores que abogaban por mantener el régimen sin Franco.
- Reforma: Propuesta por otros que buscaban una reforma que culminara en la democratización del sistema.
- Ruptura: Apoyada por la mayoría de la oposición, que aspiraba a romper con el pasado dictatorial y construir un nuevo sistema político democrático.
El Reinado de Juan Carlos I y el Inicio de la Transición
El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey. El monarca mantuvo al frente del gobierno a Carlos Arias Navarro, quien incorporó a su gabinete a los reformistas Fraga Iribarne y José María de Areilza.
El Programa de Arias Navarro y la Oposición Democrática
El programa de gobierno de Arias Navarro evidenció su apuesta por el continuismo franquista, limitándose a proponer leyes restrictivas sobre el derecho de reunión y asociación, que no contemplaban la existencia de partidos políticos.
Para presionar a favor de una alternativa democrática, la oposición tomó la iniciativa política y definió un programa común para todas las fuerzas antifranquistas. Los organismos unitarios creados en la etapa final del franquismo se unieron en la llamada Coordinación Democrática, que propuso un procedimiento constituyente que sentara las bases de un nuevo sistema político.
Movilizaciones Populares y Represión
Las fuerzas antifranquistas promovieron una serie de movilizaciones populares que reclamaban las libertades democráticas y la amnistía para los presos políticos. Las movilizaciones del invierno 1975-1976 adquirieron una dimensión desconocida hasta la fecha.
En Cataluña y el País Vasco se promovieron diversas huelgas generales, y en Madrid varios sectores permanecieron en huelga durante semanas. El gobierno respondió con represión, especialmente grave en la huelga general de Vitoria, con un balance de 5 muertos y decenas de heridos.
La Polarización Política y la Dimisión de Arias Navarro
La tensa situación del país polarizó las posturas dentro de la clase política procedente del franquismo. Los inmovilistas solo aceptaban la continuidad del régimen y la represión policial, mientras que los reformistas se esforzaron por desplazarlos del gobierno con el visto bueno de la monarquía.
El rey Juan Carlos y sus colaboradores más cercanos forzaron la dimisión de Arias Navarro el 30 de junio de 1976, y Torcuato Fernández-Miranda maniobró para imponer como sucesor a Adolfo Suárez, un joven político procedente de los sectores reformistas del Movimiento, que aceptó pilotar desde el gobierno la transición a la democracia.
La Ley de Reforma Política y la Aprobación de la Constitución
Tras acceder a la presidencia del gobierno, Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas. Propuso la Ley de Reforma Política, que preveía un sistema electoral democrático.
La aprobación de la Ley por las Cortes franquistas fue un paso crucial, teniendo en cuenta que proponía su desmantelamiento y el establecimiento de una nueva Asamblea bicameral elegida por sufragio universal. La Ley fue aprobada sin problemas gracias a las negociaciones del gobierno con muchos de los procuradores franquistas, a quienes se les garantizó su estatus económico, la no exigencia de responsabilidades políticas y la no legalización del Partido Comunista. La Ley fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976 y aprobada por el 81% de los votantes.
La Legalización de los Partidos Políticos y las Elecciones Generales
En los meses siguientes a la aprobación de la Ley de Reforma Política, se prepararon las condiciones para la celebración de elecciones generales. Se promulgaron decretos que permitieron la libertad sindical, la legalización de los partidos políticos (excepto el Partido Comunista) y una amplia amnistía para delitos políticos cometidos durante el franquismo.
La legalización del PCE, a la que se oponían radicalmente los inmovilistas y amplios sectores del ejército, se convirtió en piedra de toque del proceso democrático. Los comunistas mostraron su fuerte presencia social con la multitudinaria manifestación que tuvo lugar a raíz de los asesinatos de los abogados laboralistas de CC OO de la calle Atocha de Madrid. Finalmente, Suárez decidió su legalización en el mes de abril, hecho que garantizó la legitimidad democrática de las elecciones.
Las Elecciones Generales de 1977 y el Primer Gobierno Democrático
En la primavera de 1977, los partidos de la izquierda se prepararon para las elecciones generales. A la derecha, el veterano político Manuel Fraga Iribarne creó un nuevo partido, Alianza Popular. Desde el gobierno se constituyó la Unión de Centro Democrático, cuyo líder era Adolfo Suárez.
Las elecciones generales se celebraron el 15 de junio de 1977. La jornada electoral transcurrió con absoluta normalidad y una alta participación. El triunfo fue para UCD, quedando el PSOE en segundo lugar. Aunque no contaba con mayoría absoluta, Adolfo Suárez constituyó el primer gobierno democrático de España después de la Guerra Civil.
La Elaboración de la Constitución
Las Cortes elegidas no tenían formalmente carácter constituyente. Se impuso la opinión de que su primera tarea debía ser la elaboración de una Constitución democrática. Para su redacción se eligió una Ponencia formada por diputados de todos los partidos que tenían representación en las Cortes.
La redacción de la Constitución inició la llamada política de consenso, que consistió en la negociación y el acuerdo entre las fuerzas políticas.
La Constitución de 1978
La Constitución adoptó un carácter progresista. El texto constitucional fue publicado el 6 de noviembre de 1978 y sometido a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978. La consulta arrojó una amplia mayoría a favor y dio validez a una Constitución que permanece vigente hasta el día de hoy.
La Constitución de 1978 define a España como un “Estado social y democrático de Derecho”, organizado como una monarquía parlamentaria, en la que la Corona tiene básicamente funciones representativas y el ejército queda sometido al poder civil. El texto fija el carácter no confesional del Estado, abole la pena de muerte y desarrolla una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades que incluyen el derecho a la huelga y a la libre sindicación.
El Estado de las Autonomías
En la Constitución se recogen también los principios rectores de política social y económica. La carta magna establece el derecho a la autonomía y reconoce como lengua oficial del Estado el castellano, además de las lenguas propias en las respectivas Comunidades Autónomas.
El Título VIII de la Constitución regula la descentralización de ciertos poderes del Estado y posibilita la creación de Comunidades Autónomas. El proceso de construcción del Estado de las Autonomías tuvo dos etapas diferenciadas:
- Preautonomías: Concesión de una autonomía provisional.
- Régimen autonómico: Regulación del régimen autonómico.
La primera preautonomía se concedió a Cataluña, a donde regresó en 1977 el antiguo dirigente republicano Josep Tarradellas. Se creó un gobierno provisional formado por los partidos parlamentarios catalanes que defendían la autonomía. Posteriormente, el País Vasco se formó un Consejo General Vasco y en Galicia se creó una Xunta de Galicia provisional.
La Constitución establecía la posibilidad de que todas las regiones se convirtieran en Comunidades Autónomas con un estatuto de autonomía y se dotaran de órganos legislativos, elegidos por sufragio universal, y órganos ejecutivos.
Los primeros estatutos promulgados fueron los de Cataluña y el País Vasco en 1979. Los estatutos de Galicia y Andalucía se aprobaron en 1981 y posteriormente, entre 1982 y 1983, los del resto de las Comunidades Autónomas. Por último, en 1995 se regularon regímenes autonómicos para las ciudades de Ceuta y Melilla.