INTRODUCCIÓN

La Segunda República española (1931-1936) representa la mayor experiencia democrática de la Historia de España hasta entonces y una apuesta decidida por la modernización del país. El ambicioso plan de reformas de inspiración regeneracionista puesto en marcha con tal fin hubo de enfrentarse, sin embargo, a obstáculos muy poderosos. Las tensiones derivadas de ello desembocaron en la Guerra Civil (1936-1939).

I. LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA Y LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

El fracaso de la dictadura de Primo de Rivera (enero de 1930) fue también, en poco tiempo, el de la Monarquía que la había aceptado. Caído aquél, el rey, Alfonso XIII, encargó al general Berenguer formar gobierno con el objetivo, ya imposible, de resucitar el caduco sistema de la Restauración y salvar así a la Monarquía –fue el llamado, por Ortega y Gasset, “error Berenguer”–. En agosto de 1930, republicanos, socialistas y nacionalistas firmaban el Pacto de San Sebastián. El Comité Revolucionario surgido del mismo -con Niceto Alcalá Zamora al frente- promovió, en diciembre, una fallida insurrección militar contra la Monarquía (Jaca: Galán y García Hernández; aeródromo de Cuatro Vientos: Queipo de Llano). A Berenguer le sucedió en el gobierno el almirante Aznar, que convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Republicanos y socialistas las plantearon como un plebiscito en contra de la Monarquía. Pese a la victoria monárquica, el triunfo de las izquierdas en 41 de las 50 capitales de provincia se interpretó como un abierto rechazo a la Monarquía. Tanto el gobierno como el propio rey, Alfonso XIII, así lo entendieron también. Por ello, el 14 de abril, en medio de una gran alegría en muchas ciudades de España, fue proclamada la República. Alfonso XIII tomaba el camino del exilio.

II. EL GOBIERNO PROVISIONAL. LA CONSTITUCIÓN DE 1931.

El Gobierno Provisional de la República inmediatamente constituido fue un reflejo del citado Comité Revolucionario, con políticos diversos pero coincidentes en la idea de modernizar el país: Niceto Alcalá Zamora -que asumió la Presidencia de la República-, exmonárquico y católico, de la Derecha Liberal Republicana; Alejandro Lerroux, del centrista Partido Radical; Manuel Azaña, de Acción Republicana -su figura más notable y uno de los más importantes políticos españoles del siglo XX-; y los socialistas Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Con todo, la andadura de la naciente República no se antojaba fácil. El crack de la Bolsa de Nueva York (1929) desató una crisis económica mundial generadora de un incremento de la conflictividad social –paro, huelgas- que, en España, dificultó la estabilización del régimen recién estrenado. Otro factor adverso fue la inexistencia de hábitos democráticos previos, lo que hizo que el debate político se plantease desde el principio en términos de confrontación violenta con el adversario, y no de consenso.

El Gobierno Provisional hubo de abordar cuestiones inaplazables que exigieron el despliegue, desde el primer momento, del amplio programa de reformas al que, en pos de una mayor claridad expositiva, aludiremos más adelante. Junto a ello, tarea prioritaria fue la convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes, esto es, con vistas a elaborar una Constitución en la que anclar el régimen republicano. Celebradas las mismas el 28 de junio, el triunfo de la conjunción republicano-socialista fue rotundo –socialistas, radicales, radical-socialistas…-. Tras tensos debates parlamentarios, el 9 de diciembre de 1931 fue aprobada una Constitución globalmente progresista, tachada de sectaria por las derechas. Fue, no obstante, la más democrática que España había tenido, arbitrando incluso mecanismos de democracia directa como el plebiscito o la iniciativa popular para el referéndum. Junto a ello, la mayoría de izquierdas impuso una única cámara parlamentaria -Congreso de los Diputados- como expresión directa de la voluntad popular, que no sufriría, de ese modo, los recortes ulteriores de un Senado, que, contra los deseos de las derechas, ahora desaparece. Cortes unicamerales que, además de sus funciones legislativas y presupuestarias, ejercerían un control efectivo sobre el Ejecutivo mediante mociones de censura o de confianza, e incluso destituyendo al Jefe del Estado, como le ocurrió a Alcalá Zamora en 1936. En virtud de este espíritu ultrademocrático, hay quien ha observado cierta debilidad del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República –elegido por seis años-, frente al Legislativo. Pese al inicial intento de definir a España como “República de trabajadores”, al entender esta formulación como excesivamente revolucionaria, las derechas impusieron finalmente el añadido de “trabajadores de toda clase”.

Junto a lo social, el cierto idealismo de aquella carta era visible, por ejemplo, al renunciarse a la guerra como instrumento de las relaciones internacionales. En el ámbito del Poder Judicial, lo más novedoso era la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales en defensa de la Constitución. Se reconocía, cómo no, una amplia declaración de derechos y libertades. Pero junto a los individuales y políticos clásicos del liberalismo decimonónico, se añaden ahora los derechos sociales -derecho al trabajo, considerado también como un deber; seguros sociales; vacaciones pagadas…-; derechos económicos –reconocimiento de la propiedad privada, pero admitiendo la primacía de su función social, lo que abría la puerta a una reforma agraria-; incluso derechos culturales. Gran avance histórico fue la concesión del voto femenino. Se establecían, también, el matrimonio civil y el divorcio. En cuanto a la organización territorial, a medio camino entre el federalismo y el unitarismo, el Estado integral republicano permitiría a las regiones que lo decidiesen disponer de un Estatuto de autonomía aprobado por las Cortes. Fundamental fue, por último, la declaración de laicidad, al separar totalmente al Estado de la práctica religiosa privada de los ciudadanos. La separación Estado-Iglesia supondría el fin de los privilegios históricos de ésta: de su financiación estatal, de su monopolio de la enseñanza. Se disolvía la Compañía de Jesús y sus bienes eran nacionalizados. Los cementerios se secularizaban y adquirían un carácter civil. En este punto los debates entre la izquierda más anticlerical y la derecha más reaccionaria alcanzaron su máxima tensión. La cuestión quedó zanjada, finalmente, con un gran discurso de Azaña.

III. EL BIENIO PROGRESISTA (1931-1933)

Aprobada la Constitución, merced a la mayoría republicano-socialista se eligió Presidente de la República a Niceto Alcalá Zamora y del Gobierno a Manuel Azaña. Al Bienio Progresista 1931/33 se le llama también Reformista, por el desarrollo durante el mismo de las grandes reformas ya iniciadas por el Gobierno Provisional. Reformismo bien intencionado, sin duda, en tanto que buscaba la necesaria modernización de España; pero al que, en alguna cuestión como la religiosa, le faltó algo de tacto.

La Organización Territorial

La organización territorial del Estado fue el primer gran problema planteado a la República. El mismo 14 de abril de 1931, el líder de Esquerra Republicana, Francesc Maciá, proclamaba la República catalana como estado independiente dentro de una Federación Ibérica. Alcalá Zamora tuvo que viajar a Barcelona y resolvió el problema comprometiéndose a restaurar la Generalitat como gobierno autónomo de Cataluña. Aprobada la Constitución, y pese a las fuertes tensiones entre los sectores más catalanistas y la derecha nacional, se aprobó finalmente, tras la “sanjurjada” (fallido intento de sublevación del general Sanjurjo contra la República en agosto de 1932), el Estatuto de Nuria. En el caso vasco, la aprobación de su Estatuto se vio continuamente dilatada por los avatares políticos hasta 1936, aunque sin Navarra. En Galicia, el estallido de la guerra en julio de 1936 truncó su aprobación. En Andalucía, una Asamblea Regional (Córdoba, 1933) redactó un Anteproyecto del Estatuto, bajo el impulso de Blas Infante. El Bienio Conservador (1933/35) frenó un proceso que, finalmente, no llegaría a cristalizar debido a la rebelión militar de julio de 1936, que costaría la vida al propio Blas Infante.

La Cuestión Agraria

En cuanto a la acuciante cuestión agraria, recién proclamada la República el ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero, trató de mejorar la grave situación del campesinado del sur mediante dos decretos, mal recibidos por los terratenientes: el de “laboreo forzoso”, que obligaba a estos a tener cultivadas sus tierras; y el de “términos municipales”, por el que se impedía a los propietarios contratar campesinos foráneos mientras en su término municipal hubiese braceros en paro. Junto a ello, en el ámbito laboral se regularon también el seguro de accidentes y la jornada de ocho horas; el trabajo de mujeres y niños; los jurados mixtos de obreros y patronos… Pero el aspecto fundamental en este terreno fue la Reforma Agraria, una de las cuestiones más importantes y polémicas de la Segunda República. El fuerte latifundismo del sur peninsular condenaba al hambre a un campesinado sin tierra que esperaba en la plaza de los pueblos una contratación a precios miserables para trabajos temporeros (100/150 días al año: aceituna, vendimia…). Por ello, con la proclamación de la República los jornaleros creyeron llegada al fin la hora del reparto de la tierra. Tras meses de intensa discusión sobre el modo más adecuado de proceder, se aprobó (septiembre de 1932) la Ley de Bases para la Reforma Agraria, que acabó siendo un fracaso por su enorme lentitud burocrática y por la falta de fondos. También aquí la reseñada sanjurjada aceleró el proceso, al decretarse la expropiación sin indemnización de las tierras de los grandes de España. Aquella reforma-sanción se granjeó, así, el odio de los poderosos; pero tampoco contentó a los campesinos, que se sintieron traicionados por la República: cuando cae el gobierno Azaña (otoño de 1933), se habían asentado poco más de 8.000 familias, cuando el objetivo eran millones.

La Reforma Educativa

En materia educativa, su buscó erradicar el analfabetismo y –siguiendo a la Institución Libre de Enseñanza- hacer de la educación gratuita, laica y mixta un derecho universal garantizado por el Estado y no monopolizado como hasta entonces por la Iglesia. En esta línea, se proyectó crear unas 10.000 escuelas (también algunos institutos de Bachillerato) y un número similar de puestos de maestros y profesores, a los que se les aumentó el sueldo. Sin embargo, las ambiciosas expectativas iniciales se toparon, a la larga, con la falta de fondos suficientes y la oposición frontal de la Iglesia. En este mismo ámbito cultural deben destacarse también las llamadas Misiones Pedagógicas, que llevaron al mundo rural actividades teatrales, musicales, recitales de poesía, bibliotecas ambulantes y reproducciones de famosas obras pictóricas. En las mismas participaron figuras como Antonio Machado, Miguel Hernández o Federico García Lorca, este último al frente de su propia compañía teatral, la Barraca. No se ignore, junto a ello, la efervescencia artística de fondo en aquel primer tercio de siglo: en poesía, la gran Generación de 1927: Lorca, Alberti, Cernuda, Aleixandre…; Gaudí, en arquitectura; Picasso, Miró, Dalí en pintura; en la música, Falla, Albéniz y Granados.

La Cuestión Militar

La cuestión militar fue uno de los asuntos más espinosos. En este terreno, el objetivo de Azaña, ministro de Guerra, era conseguir un ejército más eficaz y fiel al nuevo régimen. Así, por el decreto de “retiros” se ofrecía el retiro voluntario con el sueldo íntegro a los militares que se negaran a jurar fidelidad a la República. 8.000 oficiales, de 21.000, decidieron retirarse. Otras medidas fueron la creación de la Guardia de Asalto, cuerpo de seguridad afín a la República; el cierre de la Academia Militar de Zaragoza (tachada de antirrepublicana), dirigida por Franco; y la supresión de ascensos por méritos de guerra, lo que supuso la pérdida de grado, y la indignación, de muchos militares africanistas, Franco también entre ellos. Azaña fue acusado, desde ese momento, de querer “triturar” al Ejército.

La Cuestión Religiosa

Asunto especialmente espinoso fue la cuestión religiosa. El 1 de mayo de 1931, el Cardenal Segura, arzobispo de Toledo y primado de España, publicaba una pastoral en la que advertía a los católicos contra las intenciones de la República. Esta actitud inoportuna despertó el viejo anticlericalismo, causante, días después, de la “quema de conventos” y otros edificios religiosos en distintas ciudades españolas. Estos hechos y la falta de contundencia del Gobierno a la hora de atajarlos fueron interpretados por los católicos como una amenaza frontal de la República hacia ellos. Igualmente dolieron a estos la supresión, por la referida Constitución de 1931, de sus privilegios históricos –financiación por el Estado, monopolio de la enseñanza- y otros aspectos legislativos especialmente escabrosos como la posibilidad de gravar con impuestos ciertos aspectos del culto católico, como el toque de campanas. El reformismo azañista halló, así, la rotunda oposición de las derechas, que planearon el ya mencionado golpe de Sanjurjo, fracasado finalmente por su desorganización; pero también de la izquierda revolucionaria, con levantamientos anarquistas en el Alto Llobregat (1932) y en zonas rurales (Castilblanco, Arnedo). De estos últimos, el del pueblo gaditano de Casas Viejas costó la vida a 21 personas y a Azaña, desacreditado tras ello, la presidencia.

IV. EL BIENIO CONSERVADOR (1933-1935)

En las elecciones de noviembre de 1933 las izquierdas comparecieron desunidas (los anarquistas, además, se abstuvieron); no así las derechas, que se unieron en una coalición electoral -la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de José María Gil Robles; los monárquicos de Renovación Española, de José Calvo Sotelo…-. El triunfo fue para el bloque de derechas. La CEDA fue el partido más votado, aunque sin mayoría absoluta. Dado su dudoso republicanismo, Alcalá Zamora le entregó la Presidencia del Gobierno a Lerroux, líder del segundo partido más votado, el Radical. Lerroux, al necesitar el apoyo parlamentario de Gil Robles, paralizó el reformismo del anterior bienio: en materia religiosa, educativa, agraria, autonómica… Dicha circunstancia estimuló la actitud revolucionaria que impuso en el PSOE Largo Caballero, sin la que es inexplicable la llamada Revolución de octubre de 1934. Fue clave en su estallido la entrada en el gobierno de tres ministros de la CEDA, interpretada por las izquierdas como una amenaza fascista para la República. El 5 de octubre se iniciaba una huelga general revolucionaria en distintas ciudades (Madrid entre ellas), finalmente abortada por el gobierno. En Cataluña, Companys, de la Esquerra, proclamó el “Estado catalán dentro de la República Federal Española”. Sin apoyos suficientes, la sublevación fue sofocada rápidamente por el Ejército. Fue en Asturias donde los hechos alcanzaron la máxima gravedad. Allí, una alianza de socialistas, comunistas y anarquistas hizo prender una auténtica revolución social. Tras casi dos semanas de violencia, las tropas de la Legión traídas de África por Franco aplastaron la rebelión. El balance fue sobrecogedor: más de 1.300 muertos (entre insurrectos y fuerzas del orden) y 30.000 encarcelados (entre ellos Azaña, los principales dirigentes socialistas y el gobierno catalán con Companys a la cabeza). En adelante, media España viviría horrorizada por los relatos de las atrocidades revolucionarias; la otra media, por la brutal represión posteriormente desencadenada. La comprensión de la inmediata Guerra Civil española es imposible sin la huella envenenada de octubre del 34. El nombramiento de Gil Robles como ministro de Guerra –designó a Franco jefe del Estado Mayor del Ejército- subrayó la derechización del gobierno. Finalmente, los escándalos de corrupción (estraperlo, Nombela) propiciaron la caída de Lerroux y, poco después, las elecciones de febrero de 1936.

V. 1936: EL FRENTE POPULAR Y EL CAMINO HACIA LA GUERRA CIVIL

En dichas elecciones, el Frente Popular (coalición de izquierdas que integraba a republicanos, socialistas y comunistas; los anarquistas esta vez no se abstuvieron) se impuso a las ahora desunidas derechas. Pese al escaso margen de votos de diferencia, la ley electoral vigente le concedió una amplia mayoría parlamentaria al Frente Popular. Su programa se resumía, básicamente, en la amnistía para los encarcelados por octubre del 34 y en la reactivación del programa reformista del primer bienio. Alcalá Zamora fue destituido como Presidente de la República ocupando su puesto Azaña y la Presidencia del Gobierno Casares Quiroga. El PSOE de Largo Caballero se impuso al más moderado de Prieto y se negó a participar en el gobierno: apostaba abiertamente por la revolución, como los comunistas y los anarquistas –aunque cada cual a su manera-. También en la derecha la radicalización era cada vez más evidente: Calvo Sotelo, por su mayor extremismo, relevó al frente de la misma a Gil Robles, y la Falange de José Antonio apostaba claramente por la violencia. Sus pistoleros se enfrentaron a milicias socialistas, comunistas y anarquistas, y los muertos de uno y otro lado fueron alimentando el odio entre las dos Españas irreconciliables. Aquella primavera trágica de 1936 presenció, además, huelgas, incendios de iglesias, ocupaciones de fincas… En las Cortes se profirieron, incluso, amenazas de muerte. Con este escenario de fondo, se aceleraron los preparativos de una rebelión militar contra la República. El objetivo común de acabar con la anarquía del país y el peligro de una revolución bolchevique unió a los diversos elementos de la conspiración: civil (Gil Robles, Calvo Sotelo, José Antonio); financiero (Juan March); y militar (con generales africanistas: Mola, Varela, Goded, Franco…) El primero de ellos fue el “Director” de la trama golpista en la que Franco no confirmó su participación definitiva hasta el asesinato, el 13 de julio, de Calvo Sotelo, en represalia por el del teniente Castillo de la Guardia de Asalto, de ideas izquierdistas, un día antes. Pero todo estaba ya más que preparado: la tarde del 17 de julio comenzaría la rebelión militar que derivaría en una guerra civil de tres años (1936/39). La victoria de los golpistas propició la larga dictadura de Franco, prolongada hasta 1975.