El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España, mediante sufragio universal masculino. Las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en los distritos urbanos y las monarquías en los rurales. El 14 de abril los concejales de Éibar proclamaron la república. Ante la nueva situación Alfonso XIII renunció a sus poderes y partió al exilio junto con su familia. En Madrid, los representantes firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional en el que estaban representados republicanos, socialistas y nacionalistas y se proclamó la república en el Ministerio de la Gobernación. La segunda medida sería convocar elecciones a Cortes Constituyentes. El gobierno decretó una serie de medidas: la concesión de una amnistía general para los presos políticos, la proclamación de las libertades políticas y sindicales, etc. Las elecciones generales del 28 de junio dieron victoria a los republicanos-socialistas. Las nuevas Cortes republicanas ratificaron al jefe del gobierno Niceto Alcalá Zamora. Una comisión se encargó de elaborar un proyecto de Constitución aprobado en diciembre de 1931. La Constitución de 1931 era democrática y progresista y establecía que todos los poderes emanan del pueblo. El Estado se configuraba de forma unitaria y se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos. El poder legislativo residía en las Cortes, el poder ejecutivo en el gobierno y el poder judicial se confiaba a unos jueces independientes. La Constitución incluía declaración de derechos y libertades, garantizaba igualdad absoluta ante la ley, educación, trabajo, etc. Establecía el voto a los 23 años y concedía el voto a la mujer. El Estado lo declaraba laico y se reconocía el matrimonio civil y el divorcio. Aunque fue aprobada tenía la oposición de la derecha en religiosa y autonómica, provocó la dimisión de los sectores católicos y obligó a Manuel Azaña a sustituir en la jefatura del gobierno a Niceto Alcalá Zamora.

Las reformas del bienio de izquierdas (1931-1933)

1. Cuestión religiosa: Uno de los objetivos de la República fue limitar la influencia de la iglesia. La Constitución declaraba la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la prohibición a las órdenes religiosas de dedicarse a la enseñanza, limitó la posesión de bienes. Esta ley permitió la disolución de la Compañía de Jesús y la nacionalización de sus bienes. La política religiosa provocó el antagonismo de sectores católicos. La actitud antirrepublicana del cardenal Segura obligó al gobierno a dictar su expulsión del gobierno español. 2. Modernización del ejército: Manuel Azaña pretendía crear un ejército profesional y democrático. Para acabar con la macrocefalia se promulgó la Ley de Retiro de Oficialidad. Se redujo el número de unidades y oficiales, desaparecieron los tribunales de honor y el Consejo Supremo de Justicia Militar. La reforma tuvo la reducción del presupuesto, dificultó la modernización del material de armamento y de los equipamientos. Además, se pusieron los africanistas para un levantamiento contra la República. Posteriormente se creó la Guardia de Asalto para salvaguardar la República. 3. Reforma agraria: Pretendía poner fin al predominio del latifundismo del pueblo de España y mejorar la vida de los campesinos pobres. En 1931, la mitad de la población activa trabajaba en la agricultura y 2 millones eran jornaleros y aparecieron los propietarios. Establecieron la prohibición de rescindir los contratos de arrendamientos, fijaron los salarios mínimos, jornada de 8 horas… La Ley de Reforma Agraria contemplaba la posibilidad de expropiar las tierras de la nobleza sin cultivar. La ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba de los asentamientos de las familias campesinas. Esta ley aumentó la conflictividad social. 4. La reforma del Estado centralista: Permitía a las regiones nacionalistas acceder a la autonomía. En 1931 Francesc Macià proclamó la República Catalana contraviniendo lo acordado en el Pacto de San Sebastián. El gobierno concedió la formación de un gobierno autonómico provisional que se encargaría de elaborar un estatuto que fue aprobado en referéndum popular. El régimen autonómico catalán contaba con un gobierno y un parlamento propios con competencia en materia económica, social y educativa. En el País Vasco nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron un proyecto de estatuto en 1931. La oposición de republicanos y socialistas retrasó su aprobación hasta 1936.

Reforma educativa

El objetivo promover una educación liberal, laica y universal. Se mejoró la formación de los maestros y se incrementó el número de escuelas. Se promovieron campañas culturales.

Reformas laborales

El socialista Francisco Largo Caballero aprobó la Ley de Contratos de Trabajo.

Reformas económicas

Intentó llevar a cabo la coalición republicano-socialista, hay que enmarcarla en la depresión del 29. A esto se sumó los derivados de la política económica del gobierno y aumento de los salarios. La situación la agravó la política de gobierno de equilibrio presupuestario, que conlleva la disminución de la inversión pública. A partir de 1933 a los intentos revolucionarios de la CNT se suman los radicales de la UGT. Esta situación permitió la reorganización de las élites económicas, sociales e ideológicas. Ante el agravamiento de la crisis política Manuel Azaña dimitió y el presidente de la República Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones. La derecha se presentó unida y consiguió la victoria. Se iniciaba el llamado bienio conservador. La entrada de la CEDA en el gobierno radicalizó el movimiento obrero. En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social. La represión fue muy dura, lo cual desencadenó una campaña de solidaridad internacional con las víctimas. Lluís Companys, para evitar la entrada de la CEDA, declaró la República Catalana. Tras la revolución aumentó su poder. Presentó un anteproyecto para modificar la Constitución que fue aceptado por los radicales y el presidente de la República. Gil Robles intentó que le nombraran jefe de gobierno pero Alcalá Zamora se negó y convocó elecciones. La clara represión contra las izquierdas durante el bienio negro propició que se unieran contra el gobierno conservador y en las elecciones del 16 de febrero de 1936 los partidos de izquierdas se agruparon en el Frente Popular. Los de derechas en el bloque nacional, pero no lograron una candidatura única para toda España ni un programa electoral común. Los partidos de derechas rechazaron la nueva situación y se enfrentaron a la República. Estos serían utilizados para organizar una conspiración militar que restableciera el orden, a la que apoyaban los partidos políticos de derechas. Ante los rumores golpistas, el gobierno trasladó de destino a los generales implicados en la conspiración. El 14 de julio fue asesinado José Calvo Sotelo en respuesta al asesinato del teniente Castillo. Este hecho adelantó la sublevación del ejército en Marruecos al día 17 de julio dando origen a la Guerra Civil.