Cádiz: La Guerra de la Independencia (1808-1814) enfrentó dos visiones del mundo opuestas: el liberalismo y el absolutismo, la sociedad liberal y la sociedad estamental. La guerra comenzó como respuesta a la invasión francesa, facilitada por los problemas que atravesaba la monarquía de Carlos IV y potenciada por las ambiciones internacionales de Napoleón, obtenidas gracias a las Abdicaciones de Bayona. La presencia y hostilidad de las tropas francesas llevó al inicio de la guerra el 2 de mayo de 1808. Durante esta época tuvieron lugar: el colapso del Antiguo Régimen con la invasión francesa, el nacimiento del proyecto liberal y el restablecimiento del absolutismo tras el retorno de Fernando VII. Además, mientras que se desarrollaba la guerra, las Juntas convocaron las Cortes de Cádiz, se declararon soberanas y elaboraron una Constitución.

Las Abdicaciones de Bayona y la creación de las Juntas

Las Abdicaciones de Bayona crearon un vacío de autoridad en España ya que muchos españoles se negaron a obedecer a una autoridad que se veía como ilegítima. Para llenar ese vacío, se crearon Juntas Provinciales que asumieron la soberanía y el control de las zonas sin dominio francés. Las Juntas Provinciales sintieron desde un principio la necesidad de coordinarse. Así, en septiembre de 1808, se constituyó la Junta Suprema Central en Aranjuez que asumió la totalidad de los poderes soberanos y se estableció como máximo órgano de gobierno. Constaba de treinta y cinco miembros cuyo presidente inicial era el murciano José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, y su figura más destacada fue Gaspar Melchor de Jovellanos. Huyendo del Ejército francés, la Junta Central se trasladó a Extremadura, a Sevilla y finalmente a Cádiz, donde convocó la reunión de Cortes extraordinarias, acto que iniciaba el proceso revolucionario.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Las Cortes de Cádiz quedaron constituidas el 23 de septiembre de 1810 y funcionaron durante 3 años. Al día siguiente se proclamaron representantes de la soberanía nacional, dejando el mandato del rey fuera de la legitimidad de las Cortes. Poco más de trescientos diputados participaron en aquellas Cortes de las cuales 187 fueron diputados firmantes, siete de ellos representantes del Reino de Murcia. Los diputados estaban agrupados en tres corrientes de opinión o sectores ideológicos:

• Los absolutistas o ‘serviles’: partidarios de que el monarca tuviese la soberanía y de que las Cortes se limitaran a recopilar las leyes existentes, manteniendo así los privilegios.
• Los jovellanistas: defendían la separación de poderes y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Fueron precursores del liberalismo moderado y conservador del siglo XIX.
• Los liberales: defendían el protagonismo de la nación como único sujeto de soberanía y que pese a ser un grupo minoritario impusieron sus principios a cambio de importantes concesiones.

La labor de las Cortes fue tanto la de desmantelar el Antiguo Régimen como la de elaborar una Constitución. Unos aspectos fundamentales fueron la abolición del régimen señorial y la creación de un liberal mediante como la supresión de los bienes de manos muertas y las desamortizaciones. También abolieron los gremios y los derechos de la Mesta, las aduanas interiores, se decretó la libertad de comercio y se suprimió el Tribunal de la Inquisición.

La Guerra de Sucesión Española y el Absolutismo Borbónico

Durante el siglo XVII, tras la Guerra de Sucesión, se estableció en España el modelo francés de monarquía absoluta producido por el cambio de dinastía. Esta nueva forma de gobierno se impuso sobre los intereses de los estamentos y de las oligarquías locales. Para implantar y consolidar su modelo, la nueva dinastía emprendió un amplio programa de reformas encaminadas a reforzar su poder, prestigio y riqueza. Además, centraron su política exterior en la defensa de las Indias, es decir, América. Las reformas se apoyaban en un movimiento filosófico y cultural conocido como Ilustración que dio lugar al despotismo ilustrado, una forma de gobierno característica de la época. Los reformistas e ilustrados comenzaron a diseñar un nuevo Estado. España había dejado de ser una potencia y era un país atrasado económica y socialmente.

Felipe V y el cambio dinástico

Tras los Tratados de Partición de España y ante la falta de heredero del monarca español Carlos II, la situación entre las potencias europeas se presentó muy complicada. En su testamento, Carlos II legó los reinos españoles a Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV de España. No obstante, existía otro candidato al trono, el archiduque Carlos de Habsburgo, hijo del emperador de Alemania. La mayor parte de las potencias europeas apoyaron al archiduque temiendo que los Borbones ocuparan simultáneamente los tronos de Francia y España. Por ello, cuando Felipe llegó a Madrid en 1701 para tomar posesión del trono como Felipe V de España, se formó una Gran Alianza anti-borbónica. Así, se desencadenó la Guerra de Sucesión Española que se extendería hasta los Tratados de Utrecht en 1713 y de Rastadt en 1714, finalizando definitivamente en 1715.

El nuevo modelo de gobierno

El final de la guerra marcaba un nuevo periodo en el que los monarcas españoles suscribieron con los Borbones franceses Pactos de Familia, acuerdos dirigidos contra el Reino Unido, los Habsburgo y Portugal. La nueva dinastía era francesa. Se impuso en España un modelo a imagen y semejanza del francés: el soberano concentraba todo el poder político, justificándolo con la autoridad de origen divino. La reforma del Gobierno se realizó sobre dos principios en auge en Europa: la centralización, ya que todas las medidas de gobierno debían de proceder del rey y sus ministros, y la uniformidad, al aplicarse las decisiones gubernamentales a todos los súbditos por igual. Ambos principios buscaban evitar privilegios locales y forales.