El Sexenio Democrático (1868-1874)
Las Causas de la Revolución
En el último periodo del reinado de Isabel II se produjeron una serie de crisis económicas y políticas que mostraban las deficiencias del sistema liberal y la debilidad de la economía española.
La Crisis Económica
El último periodo de reinado de Isabel II se caracterizó por una expansión económica, pero a mitad de la década de 1860 se inició una grave crisis económica a nivel financiero e industrial que coincidió con una crisis de subsistencia.
- Crisis financiera: Provocada por la bajada del valor de las acciones en bolsa a raíz de la crisis de los ferrocarriles. La construcción implicó una gran inversión, pero su rendimiento económico fue menor del esperado. Los inversores exigieron subvenciones al gobierno, pero este carecía de fondos y le era imposible hacer frente al préstamo, ya que las cotizaciones de la deuda pública también se habían desplomado (los bonos bajaban cada vez más su precio en el mercado). Esto provocó la crisis de entidades financieras.
- Crisis industrial: Sobre todo en Cataluña, la industria textil se abastecía con algodón importado de EEUU, pero al estallar la Guerra de Secesión americana encareció el transporte de algodón (hambre de algodón). Muchas empresas del sector no pudieron afrontar la subida de precios y el aumento de los alimentos.
- Crisis de subsistencia: Se inició en 1866. La causó una serie de malas cosechas que acabaron en escasez de trigo. Los precios empezaron a subir, el del trigo llegó a doblar su precio y lo mismo ocurrió con otros productos básicos (carne, arroz).
La combinación de las tres crisis condujo a un clima de violencia social y una oleada de paro.
El Deterioro Político
Gran parte de la población se mostraba en contra del sistema isabelino. Los negociantes reclamaban medidas para salvar sus inversiones en bolsa, los trabajadores de la industria reclamaban proteccionismo y denunciaban su miseria. Después de la revuelta del cuartel de San Gil, O’Donnell fue apartado del gobierno por la reina, pero el Partido Moderado continuó gobernando y no hicieron frente a los problemas del país. Los progresistas, al no poder acceder al gobierno, se negaron a participar en las elecciones y conspiraron como única manera de llegar al poder. Así también se situaba el Partido Demócrata. Ambos firmaron el Pacto de Ostende en 1866, ciudad belga, para unificar sus actuaciones y acabar con el moderantismo. El compromiso proponía el fin de la monarquía isabelina y dejaban la decisión sobre la nueva forma de gobierno (monarquía o república) en manos de las Cortes que serían elegidas por sufragio universal masculino. A este pacto se unieron los unionistas tras la muerte de O’Donnell. Serrano aportó el ejército que contaba con altos mandos militares. Pero el carácter conservador y opuesto a cambios sociales de los unionistas contrarrestó el peso de los demócratas y redujo el levantamiento de 1868 a un simple pronunciamiento militar.
Revolución de Septiembre de 1868
La Gloriosa tuvo un inmenso apoyo popular en todo el país por lo que se impuso sin gran dificultad.
La Revolución del 68 y el Gobierno Provisional
El 19 de septiembre de 1868 en la bahía de Cádiz el brigadier Juan Topete protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. Prim, exiliado en Londres, y Serrano, desterrado a Canarias, se reunieron con los sublevados y consiguieron el apoyo de la población gaditana, tras la publicación de un manifiesto en el que se pedía a los ciudadanos que acudiesen a las armas para defender la libertad con el lema “¡Viva España con honra!”. En los días siguientes, con tres fragatas, Prim fue sublevando Málaga, Almería y Cartagena. Isabel II defendió el trono con las armas y envió desde Madrid un ejército para enfrentarse a los sublevados que se reagruparon en Andalucía liderados por Serrano. Ambas fuerzas se encontraron en el puente de Alcolea en Córdoba, donde se libró una batalla que vencieron las fuerzas afines a la revolución por lo que la reina tuvo que exiliarse a Francia donde fue acogida por Napoleón III. En la revolución tuvieron un gran protagonismo las fuerzas populares dirigidas por progresistas, demócratas y republicanos. En muchas ciudades revolucionarias se constituyeron Juntas Revolucionarias que organizaban levantamientos y lanzaron llamamientos al pueblo (Sevilla, Córdoba, Huelva, El Ferrol, Barcelona…). Pedían libertad, soberanía nacional, separación de la Iglesia y el Estado, supresión de las quintas, sufragio universal, abolición de impuestos de consumos (impuestos que gravaban los productos básicos, eran los más impopulares entre las clases humildes), elecciones a Cortes Constituyentes, reparto de la propiedad, o proclamación de la república. El radicalismo de algunas propuestas no eran compartidas por unionistas y progresistas, que ya habían echado a la monarquía. Se produce el nombramiento de un gobierno provisional centrista
liderado por Serrano, proclamado regente, y el general Prim, presidente del gobierno, integrado por progresistas y unionistas. Se ordenó disolver las Juntas y desarmar la Milicia Nacional y pretender cambios revolucionarios en el sistema económico y político.
La Constitución de 1869 y La Regencia
El nuevo gobierno promulgó una serie de decretos para satisfacer demandas populares (libertad de imprenta, derecho de reunión, sufragio universal) y convocó elecciones a Cortes Constituyentes en enero de 1869. España reconoce el sufragio universal masculino. Dieron la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y demócratas). También aparecieron en la cámara minorías de carlistas y republicanos. Las Cortes se reunieron en febrero y crearon una comisión parlamentaria encargada de redactar una nueva Constitución que fue aprobada el 1 de junio de 1869. La Constitución del 69 fue la primera democrática de la historia de España. Estableció un amplio régimen de derechos y libertades: manifestación, reunión, asociación, la libertad de enseñanza y la igualdad para obtener empleo. Se reconocía la libertad de religión aunque el Estado debía mantener el culto católico. Proclamaba la soberanía nacional. El Estado se declaraba monárquico pero la potestad de las leyes residía en las Cortes, el rey solo las promulgaba, no podía vetarlas y sus poderes se limitaban. Las Cortes eran bicamerales (Senado y Congreso). Las provincias de ultramar, Cuba y Puerto Rico, gozaban de los mismos derechos peninsulares mientras Filipinas quedaba gobernada por una ley especial. La regencia recayó en el general Serrano mientras Prim era designado jefe de gobierno. Los republicanos mostraban su descontento con la nueva situación, los carlistas volvían a la insurrección, la situación económica era grave y había que encontrar un monarca. Sin embargo, el nuevo gobierno fue acogido con simpatía por gran parte de los países europeos. Los nuevos dirigentes parecían más adecuados para emprender reformas y garantizar inversiones de energía extranjeros.
El Intento de Renovación Económica
Uno de los objetivos de la Gloriosa era reorientar la política económica. En esta etapa se caracterizó por la defensa del librecambismo y por la apertura del mercado español a la entrada del capital extranjero. El ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, suprimió la contribución de consumos aunque volvió a restablecerla con una nueva ley en 1870. Para compensar la pérdida de ingresos introdujo la contribución personal según renta. Además, estableció la peseta como unidad monetaria. La Hacienda española poseía una deuda pública muy elevada, con unos intereses de millones, las deudas contraídas con la banca extranjera. Además, la grave crisis de los ferrocarriles solo parecía tener solución utilizando recursos públicos para subvencionar a las compañías ferroviarias. Todo ello se pretendió solucionar mediante la Ley de Minas (venta de yacimientos mineros a distintas compañías extranjeras), una medida que ofrecía la entrada de capitales exteriores. Con los ingresos obtenidos de la llamada desamortización del subsuelo se hizo frente a la devolución de los préstamos. La última gran acción sobre la economía fue la liberalización de los intercambios exteriores, mediante la Ley de Bases Arancelarias que ponía fin a la tradición proteccionista de la economía española. Esta medida contó con la oposición de los industriales algodoneros de Cataluña y con los cerealistas, que veían peligrar sus monopolios sobre el mercado.
La Frustración de las Aspiraciones Populares
La Constitución del 69 consolidó un régimen político basado en los principios liberal-demócratas, que inspiró a los impulsores de la revolución del septiembre del 68. Sin embargo, frustró algunas de las aspiraciones de los grupos populares, especialmente la población rural. La forma de gobierno monárquica disgustó a los que aspiraban a la república. Durante el periodo de regencia (1869-1870) hubo una fuerte conflictividad social.
El campesinado demandaba un mejor reparto de la tierra, mientras las revueltas urbanas protestaban contra los consumos, las quintas y el aumento de precios. También los obreros sufrieron un proceso de radicalización en demanda de la mejora de las condiciones salariales y de trabajo. Los republicanos encarnarían gran parte de ese descontento. La mayoría de estos sectores se inclinaban hacia posiciones más radicales y apolíticas (internacionalismo: AIT). Esas ideas internacionalistas llegaron a España. La expansión de las ideas vinculadas a la Primera Internacional (anarquismo y socialismo) abrió una nueva etapa y condujo a la organización del proletariado y del campesinado alrededor de las nuevas organizaciones.
Las Fuerzas Políticas: El Auge del Republicanismo
Los partidos de la época eran mayoritariamente monárquicos, pero la tendencia republicana, especialmente de orientación federal, creció de forma imparable después del destronamiento de los Borbones.
El Nuevo Panorama Político
En la derecha se situaban los carlistas, que aceptaban el juego parlamentario con un programa que defendía la preeminencia del catolicismo y la monarquía tradicional (hijo de Carlos María Isidro). En la derecha estaban también los moderados, que se mantuvieron fieles a Isabel II. Tenían el apoyo de la burguesía agraria y entre sus líderes destacó Cánovas del Castillo. En el centro se hallaba la conjunción monárquico-democrática: unionistas dirigidos por Ríos Rosas, una mayoría de progresistas en torno a Prim, Sagasta y Ruiz Zorrilla, y unos monárquico-demócratas. Defendían una forma de gobierno monárquica y un amplio respeto a las libertades públicas. Estos grupos contaban con el apoyo de la burguesía financiera e industrial, de las clases medias urbanas, de amplios sectores del ejército y de numerosos intelectuales y profesionales liberales. A la izquierda se situaba el partido republicano federal, surgido de una escisión del partido demócrata a mediados de 1868. Dirigidos por Pi y Margall y Figueras. El federalismo propugnaba un sistema que defendía la forma republicana de gobierno, la separación de Iglesia y Estado y el laicismo de este. Se oponía a la intervención del ejército en política y promulgaba un proyecto de transformación social que compaginaba la ampliación de los derechos democráticos con la intervención del Estado para la regulación de las condiciones laborales. Existían dos tendencias: los benevolentes (controlaban la dirección del partido, Pi y Margall, eran partidarios del respeto a la legalidad, por ello, defendían las insurrecciones armadas y creían que el federalismo había que establecerse de arriba a abajo, impulsado por el gobierno) y los intransigentes (José María
de Orense, apoyaban la insurrección popular y propugnaban que los distintos territorios podían declararse independientes para después pactar libremente su unión a una república federal; era justamente un estado construido de abajo hacia arriba). Por último, un sector de los republicanos encabezados por Castelar eran conocidos como unitarios. Discrepaban del modelo federal del Estado y defendían una república unitaria, al mismo tiempo que mantenían posiciones mucho más conservadoras desde el punto de vista político y social.
El Republicanismo Federal
El republicanismo federal contaba con el apoyo de la pequeña burguesía, de las clases populares urbanas y de parte del movimiento obrero y campesino, antes de que este fuera atraído por las ideas anarquistas y socialistas. Fueron las primeras preocupaciones por lo que se llamaría posteriormente la cuestión social. El auge del republicanismo fue debido también al desencanto de las masas populares que veían que las reformas prometidas por los progresistas y los demócratas no se llevaban a cabo. De este modo, republicanismo y cambio social fueron realidades estrechamente relacionadas. Los primeros levantamientos al grito de “¡La república federal o muerte!” se produjeron en Cádiz en 1868. Al año siguiente hubo nuevos levantamientos federalistas en Málaga, Sevilla, Badajoz, Béjar, Orense, Tarragona, Gandía y Valencia. En todos ellos se expresaron reivindicaciones populares, como decididos adversarios de las quintas. En mayo de 1869 los republicanos federales de casi toda España establecieron una serie de pactos para provocar levantamientos. Constituyeron en Madrid un Consejo Federal Provisional. Se llegaron a inmovilizar partidas federales, en especial implantación en Cataluña, Aragón, Andalucía y Valencia. El general Prim tuvo que recurrir al ejército para pararlas. A finales de 1869 el jefe de gobierno proclamó la victoria, pero años después volvieron a producirse.
El Reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)
La Constitución del 69 establecía como forma de gobierno una monarquía democrática.
Un Monarca para un Régimen Democrático
Prim fue el encargado de sondear a los embajadores extranjeros y de llevar a cabo las negociaciones necesarias para establecer un candidato idóneo para el trono español. El rechazo de la dinastía portuguesa (Fernando de Portugal) y la oposición de Francia al pretendiente alemán (Leopoldo) limitaron las posibilidades. Consiguió imponerse la candidatura de Amadeo de Saboya, un hombre con una concepción democrática de la monarquía y miembro de una dinastía que gozaba de gran popularidad por haber sido artífice de la unificación de Italia (su padre). El nuevo monarca de 26 años fue elegido rey de España por las Cortes en noviembre de 1870 y llegó al país por el puerto de Cartagena. Tres días antes habían asesinado a Prim con lo que el nuevo monarca se quedó sin su valedor y consejero más fiel. El 2 de enero Amadeo fue proclamado rey y tras jurar las Cortes se disolvieron para iniciar una nueva etapa de monarquía democrática.
Las Dificultades de la Nueva Dinastía
La nueva dinastía contaba con escasos apoyos. En las Cortes solo obtuvo 190 de los 311 diputados. Satisfacía a progresistas y unionistas. El rey contó desde el principio con la oposición de la aristocracia, el clero y las camarillas cortesanas, sobre todo cuando el monarca mostró su intención de mantener neutralidad en cuestiones políticas. Una parte del ejército mostró su resistencia a expresar fidelidad al monarca, lo que fue especialmente grave cuando se desencadenó el problema cubano. Tampoco obtuvo el favor popular, por causa del arraigo del republicanismo. Una vez establecido el sufragio universal, el nuevo monarca pretendió consolidar un régimen democrático, marcado por dificultades como los problemas económicos, lucha entre partidos políticos, conflicto carlista, guerra de Cuba e insurrección republicana.
Una Permanente Inestabilidad
Amadeo I contó desde el principio con la oposición de los moderados, que consideraban ilegítima la nueva dinastía. Empezaron a organizar la restauración borbónica en la persona del príncipe Alfonso, hijo de la reina. Cánovas del Castillo fue captando unionistas y progresistas. Esta opción contaba con los apoyos de la Iglesia. También apoyaban a los moderados las élites de dinero opuestas a un régimen que legislaba contra sus intereses: abolición de la esclavitud en Cuba, regulación del trabajo infantil… Los carlistas se habían reorganizado como fuerza política para volver a intentar métodos de insurrección. En 1872 se sublevaron por las posibles expectativas de sentar en el trono a su candidato Carlos VII. Tampoco contaba con el respaldo de los sectores republicanos ni de los grupos populares. En el año 1872 se produjeron insurrecciones, especialmente de carácter anarquista, que hicieron aumentar aún más la inestabilidad del régimen. Además, en 1868 se inició con el llamado Grito de Yara un conflicto en la isla de Cuba (Guerra de los Diez Años). La insurrección, dirigida por propietarios criollos, contó con el apoyo popular al prometer el fin de la esclavitud en la isla. Aunque el gobierno impulsó este proyecto, la negativa de los sectores económicos españoles con intereses en Cuba frustró la posibilidad de una solución pacífica al conflicto. La crisis final del reinado de Amadeo de Saboya fue resultado de la desintegración de la coalición gubernamental (unionistas, progresistas y demócratas). En dos años se formaron seis gobiernos y hubo que convocar elecciones tres veces. La oposición a partir de 1872 practicaba un total abstencionismo. El 11 de febrero de 1873 Amadeo de Saboya presentó su renuncia al trono y abandonó España dejando una impresión de país ingobernable.
La Primera República Española (11 de febrero de 1873 – 3 de enero de 1874)
La Primera República Española no alcanzó un año.
La Proclamación de la República
La república fue aprobada el 11 de febrero de 1873 por una amplia mayoría de votos a favor. Para presidir el gobierno fue elegido el republicano federal Estanislao Figueras, que contó para gobernar con los miembros de su partido y algunos republicanos unitarios. Estos datos no reflejan un apoyo real a la nueva forma de gobierno. Gran parte de la cámara era monárquica y su voto republicano fue una estrategia para ganar tiempo y organizar el retorno de los Borbones al trono español. Así pues, la república nació con escasas posibilidades de éxito, lo que se evidenció en el aislamiento internacional del nuevo sistema. Salvo EEUU y Suiza, ninguna potencia reconoció la república española, a la que veían como un régimen revolucionario que podía poner en peligro la estabilidad de una Europa mayoritariamente burguesa y conservadora. La república fue recibida con entusiasmo por las clases populares, que creyeron que había llegado el momento de cambio social. Los federales constituyeron Juntas Revolucionarias para desplazar de la administración a los antiguos monárquicos. En Andalucía se produjo un movimiento que pretendía dar solución al problema del reparto de tierras. En las ciudades se produjeron movilizaciones populares entre el movimiento obrero a favor de la reducción de la jornada laboral, del aumento de los salarios y de la implantación inmediata del estado federal. Gran parte de los dirigentes republicanos federales estaban lejos de las aspiraciones revolucionarias de las bases de su propio partido. El interés de los dirigentes por respetar la legalidad se exteriorizó en la disolución de las Juntas y en la represión de revueltas populares. Se convocaron Cortes: ganaron los republicanos.
El Intento de Instaurar una República Federal
Las Cortes se abrieron el 1 de junio de 1873 y el día 7 proclamaron la república democrática federal. La presidencia quedó en Estanislao Figueras, pero dimitió al cabo de unos días y el gobierno pasó a Pi y Margall. Su propósito era emprender grandes reformas: la elaboración de una Constitución federal, la separación de Iglesia y Estado, la concesión de la independencia de las colonias, la restauración de la disciplina en el ejército y la elaboración de una serie de leyes sociales (enseñanza, quintas, trabajo, consumos), pero los pocos meses que duró la experiencia republicana no permitieron el desarrollo de esa legislación reformista. La ratificación de la abolición de la esclavitud en las colonias, la supresión de las quintas, la reforma de los impuestos y el inicio de una legislación proteccionista en el ámbito laboral fueron las iniciativas más innovadoras.
El Proyecto de Constitución Federal
Se presentó en las Cortes el proyecto de la nueva Constitución, pero prácticamente no llegó a ser debatido y, por consiguiente, tampoco aprobado. La propuesta de la Constitución republicana federal seguía la línea de la del 1869 en relación a la implantación de la democracia y al reconocimiento de amplios derechos y libertades. La república tendría un presidente. Las Cortes se mantendrían bicamerales (Senado y Congreso). Asimismo, se declaraba la libertad de culto y la separación de la Iglesia y el Estado. El aspecto más novedoso era la estructura del Estado. La nación estaba compuesta por 17 estados, entre ellos Cuba. El poder emanaba de tres niveles: municipios, estados regionales y estado federal. Los estados regionales tendrían autonomía económica, administrativa y política, y elaborarían sus propias constituciones compatibles con el Estado federal. El proyecto planteaba por primera vez en el liberalismo español un estado no centralista, origen de futuras propuestas nacionalistas.
Los Conflictos Armados
- Graves problemas que paralizaron la acción del gobierno. Uno de ellos fue una insurrección carlista. Se animó el conflicto armado, que pasó del enfrentamiento con unas cuantas partidas armadas a un verdadero frente abierto, con un auténtico ejército y con el dominio de diversos territorios tradicionalmente carlistas. Se extendió por gran parte de Cataluña, en las provincias vascas y el Maestrazgo. En las zonas sublevadas se fue articulando un embrión de estado, y los ayuntamientos y diputados se organizaron bajo principios forales e impulsaron la lengua propia y las instituciones regionales. Las tropas gubernamentales impidieron la extensión del conflicto a las ciudades, pero fueron incapaces de acabar con él.
- También la guerra de Cuba (Guerra de los Diez Años). Las autoridades y funcionarios españoles en la isla eran proclives a la restauración borbónica, por tanto, actuaron al margen del poder republicano. Los gobiernos intentaron dar una solución al problema cubano con el proyecto de estructuración federal del Estado que consideraba a Cuba como un territorio más de la federación española. Al estallido de la insurrección carlista y a la guerra de Cuba se añadió el obstruccionismo de los partidos monárquicos y las divisiones entre los propios republicanos. Todo ello socavó un régimen que tenía dificultades para dirigir a un ejército escasamente fiel al proyecto republicano.
La Sublevación Cantonal
3. La sublevación cantonal fue el conflicto más grave que se produjo en el breve periodo republicano y el que provocó la mayor situación de crisis para el gobierno. El cantonalismo era un fenómeno complejo en el que se mezclaban las aspiraciones autonomistas propiciadas
por los republicanos federales intransigentes con las aspiraciones de revolución social inspiradas en las nuevas ideas internacionalistas. La proclamación de cantones independientes, con sus gobiernos autónomos y su propia legislación, fue la consecuencia de aplicar de forma radical y directa la estructura federal desde abajo, impulsada, al mismo tiempo, por el deseo de avanzar en las reformas sociales. Se proclamaron cantones en Cartagena, Sevilla, Cádiz, Málaga… Los protagonistas de los levantamientos cantonalistas eran un conglomerado social compuesto por artesanos, pequeños comerciantes y asalariados, dirigidos por federales intransigentes decepcionados con el rumbo de los acontecimientos de la nueva república. Pi y Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitió, siendo sustituido por Salmerón, quien inició una acción militar contra el movimiento cantonalista. Excepto en Cartagena, la intervención militar acabó rápidamente con la insurrección, pero dio un inmenso poder a los generales que asumieron la represión y volvió a colocar al ejército en el papel del único garante del orden y barrera contra la revolución social. Salmerón dimitió al sentirse moralmente incapaz de firmar las penas de muerte impuestas por la autoridad militar contra activistas cantonalistas. La presidencia recayó en Emilio Castelar, dirigente del republicanismo unitario, mucho más conservador. La república inició a partir de ese momento un desplazamiento a la derecha. Intentó aplicar una política de autoridad y fuerza para controlar los problemas, especialmente la grave situación de Cartagena. El 13 de septiembre Castelar consiguió plenos poderes de las Cortes para reorganizar el ejército, obtener un crédito y gobernar con el parlamento cerrado, que se mantuvo así hasta el 2 de enero de 1874.
El Fin de la Experiencia Republicana
La república dio un claro vuelco conservador con el nuevo gobierno de Castelar, que había ido abandonando las pretensiones federalistas y reformistas. Castelar no tenía mayoría en las Cortes y, temiendo ser destituido por la mayoría federal, había suspendido las sesiones parlamentarias y gobernaba autoritariamente respaldando los sectores militares. Ante esta situación, un sector de los diputados (Figueras, Pi y Salmerón) llegaron al acuerdo de plantear una moción de censura al gobierno de Castelar para forzar su dimisión cuando se reanudasen las sesiones de Cortes. El día 3 de febrero de 1874 se abrieron las Cortes y el gobierno de Castelar fue derrotado. Era inminente la formación de un gobierno de izquierda. Al conocer este hecho, el capitán general Manuel Pavía exigió la disolución de las Cortes republicanas. Los diputados se resistieron, pero ante la invasión del hemiciclo por José de la Iglesia con fuerzas de la Guardia Civil abandonaron la cámara. Era el día 3 de enero de 1874. El poder pasó a manos de una coalición de unionistas y progresistas encabezada por Serrano, que intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador. Ya había optado por la solución alfonsina, esto es, la vuelta del hijo de Isabel II, Alfonso XII. El 29 de diciembre de 1874 el pronunciamiento militar de Martínez Campos en Sagunto proclamó rey de España a Alfonso XII. Anteriormente, Isabel II ya había abdicado en su hijo y Cánovas del Castillo se había convertido en dirigente e ideólogo de su causa. El 1 de diciembre el príncipe Alfonso había firmado el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo, que sintetizaba el programa de la nueva monarquía alfonsina: un régimen conservador, católico, que garantizaba el funcionamiento del sistema político liberal y restablecía la estabilidad política y el orden social.