La crisis fue la forma en que adoptó el País Vasco la quiebra del Antiguo Régimen. La burguesía propugnó un nuevo sistema basado en la igualdad jurídica, la propiedad privada, y la defensa de un sistema político parlamentario y en la libertad económica. El sistema económico y político definido por los fueros era incompatible con los intereses y aspiraciones de la burguesía comercial. Por otra parte, los fueros consagraban un sistema político dominado por los notables rurales, que relegaba a los comerciantes urbanos en la toma de decisiones. El alineamiento de la burguesía con el liberalismo era por causa de la inadecuación del sistema foral al creciente desarrollo comercial emprendido. La revolución liberal amenazaba con la aniquilación de los fueros y de la centralización, arrojando de esta manera a la sociedad vasca en brazos de los carlistas, quienes, incorporaron la reivindicación foral a su programa absolutista y teocrático. La burguesía intentará en todo momento salvaguardar aquellos aspectos de los fueros en los que se podría obtener beneficios.

El carlismo encontró en la defensa de los fueros un poderoso instrumento en su lucha contra la revolución. La reivindicación foral no apareció en el momento inicial del carlismo, aunque, como defensores del Antiguo Régimen, combatían en favor de aquellos. En la Tercera Guerra Carlista (1872-76), la defensa de los fueros se convertirá, junto a la defensa de la religión y de la propiedad, las principales ideas/fuerza del carlismo. Sin embargo, los liberales percibieron, desde la Primera Guerra Carlista, que el foralismo iba cobrando fuerza en el discurso político enemigo, e intentaron separar el concepto formalista del dinástico carlista.

Muñagorri, intentó alzar la bandera de “paz y fueros” en plena guerra,con el ánimo de dividir el campo carlista y negociar con los liberales. La operación fuerista resultó un fracaso y el carlismo siguió siendo el movimiento foralista por excelencia.

La ley del 21 de julio de 1876, elaborada por Cánovas del Castillo, procedía a la abolición de los fueros. La aplicación de la Ley no fue tan dramática, ya que para evitar una nueva revuelta armada, se intentó llegar a un punto intermedio. Fue calificada como una ley transaccional entre fueristas y antifueristas que equilibraba las aspiraciones de ambas tendencias. La ley no suprimió literalmente los fueros, pero sí aumentaba la intervención y el poder político y administrativo del Estado en el País Vasco, al tiempo que establecía el servicio militar obligatorio y la contribución a los gastos de la hacienda nacional.

La abolición significó el establecimiento de un nuevo marco jurídico, económico y administrativo que recibió el nombre de Concierto Económico y fue regulado el 28 de febrero de 1878. En él se establecía un régimen excepcional de tributación que mantenía la peculiaridad vasca.

Fueros y constituciones liberales

La llegada del liberalismo al País Vasco producirá la primera crisis institucional de importancia. La constitución de Cádiz de 1812 ignoraba la peculiaridad vasca de los fueros.

El régimen foral preservaba una sociedad rural con un fuerte protagonismo de la nobleza del campo y frenaba el desarrollo económico de la burguesía comercial vasca. La principal reivindicación de los comerciantes vascos era conseguir la unidad de mercado española que la división foral no permitía.

El final de la primera carlistada culminará con el Convenio de Vergara, cuyo compromiso obligaba al gobierno liberal a respetar el régimen foral.

La nueva ley del 25 de octubre de 1839 confirmaba los fueros vascos, pero sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía.

En Navarra, se puso fin al régimen foral el 16 de octubre de 1841 con la Ley Paccionada. Navarra se convirtió en una provincia, sin competencias legislativas, ni exenciones fiscales, aunque con mantenimiento de su derecho civil y de autogobierno administrativo.

El gobierno liberar de Espartero creó un decreto el 29 de octubre de 1841, para uniformizar la nación.

La vuelta de los moderados en 1844 devolvió las perdidas atribuciones forales, a cambio de ganarse a los sectores templados del liberalismo y de impedir un levantamiento militar del mayoritario carlismo sociológico.

El control de los gastos e ingresos municipales pasó a depender de las diputaciones forales.

La abolición definitiva del régimen foral vasco vendrá con la derrota militar sufrida por los carlistas en 1876. La ley de 21 de julio de Antonio Cánovas del Catillo disponía que los deberes constitucionales de hacer el servicio militar y contribuir a los gatos del Estado se extenderían en las provincias vascas. Las nuevas diputaciones consolidarían su capacidad de autogobierno y gestión de recuersos con los conciertos económicos.

La tercera guerra Carlista (1872-1876) :

En la década de 1860, la Revolución de 1868, que instauró la monarquía de Amadeo de Saboya, y tras su fracaso, la Primera República, hizo multiplicar la clientela del carlismo. Las clases medias propietarias antes isabelinaS se vieron forzadas a apoyar el carlismo como recurso militar para la imposición del orden social

cuándo se produjo el vacío de poder tras el exilio de Isabel II, el neocarlismo alcanzó una gran importancia en el País Vasco, que se vio plasmada en las elecciones de 1869. El mantenimiento del orden era la principal preocupación de los notables vascos(jauntxos). Los carlistas se presentaban como defensores de la Iglesia y de la tradición foral frente al centralismo de los liberales radicales.

Con Carlos VII como pretendiente al trono, los carlistas se alzaron de nuevo al combate encabezados por Nicolás Ollo, quien organizo un pequeño ejército y estableció las bases de un estado político con capital en Estella. Ollo murió y su ejército tuvo que iniciar la retirada. Pese a ello, la guerra prosiguió.

El pronunciamiento de Sagunto de 1874 colocó como monarca a Alfonso XII, hijo de la desterrada Isabel II, de manera que Carlos VII perdió el apoyo de eclesiásticos y conservadores, sus principales seguidores. Los carlistas derrotados militarmente optaron por la lucha política en una posición marginal de extrema derecha, que, sin embargo fue determinante en las luchas electorales de los distritos vascos.

Además, la victoria Alfonsina trajo consigo la abolición de los Fueros de Vizcaya, Guipúzkoa y Álava. Para evitar la inestabilidad política que supondría la derogación de la tradición foral, Cánovas del Castillo crea un régimen excepcional por la ley del 21 de julio de 1876. Los conciertos económicos, que aceptaban la tradiciónal autonomía fiscal de las diputaciones vascas fue calificada como una ley transaccional entre fueristas y antifueristas que equilibraba las aspiraciones de ambas tendencias.