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Si bien los problemas que arrastraba la economía española eran muchos, el gran debate económico del Siglo XIX entre gobiernos, partidos políticos, industriales y agricultores fue la alternativa entre una política económica proteccionista (aranceles altos para proteger a los productos nacionales frente a la competencia exterior) y una librecambista (aranceles bajos para estimular la demanda y la competencia).

El proteccionismo era defendido por los industriales catalanes sobre todo, los terratenientes castellanos, dedicados al cereal, y los siderúrgicos vascos, que se opónían a la libertad de mercado que preconizaba el librecambismo porque amenazaba sus negocios por la competencia que supónían las producciones de otros países: más baratas y de mayor calidad que las nacionales. El argumento del proteccionismo se basa en que la producción nacional es prioritaria frente a la de otros países; en el caso español, lo que se intentaba sobre todo era evitar la competencia de la industria británica, cuyos productos eran más baratos y de mayor calidad. Consideraban que la libre competencia hundiría a la incipiente industria española. Los moderados, durante el reinado de Isabel II, y posteriormente los conservadores en la Restauración les darán su apoyo.

La postura librecambista era apoyada con fuerza por los exportadores de productos agrarios (principalmente levantinos y andaluces) y las compañías ferroviarias, así como por los círculos académicos y políticos liberales. Tuvieron el apoyo de las masas urbanas, para quienes el librecambismo supónía productos más baratos. El liberalismo defiende que el librecambismo estimula la innovación de las empresas para adaptarse a la competencia y resulta más favorable para el consumidor, ya que mejora la concurrencia entre las empresas que compiten por ganar cuotas de mercado ofreciendo productos de mejor calidad y más baratos. Fueron apoyados por los progresistas durante el reinado de Isabel II y por el Partido Liberal después.

En España la política seguida fue, durante casi todo el Siglo XIX, proteccionista con algunas excepciones. Algunos matices librecambistas, aunque de moderado alcance, se introdujeron en los años 40, con actuaciones como la reforma de Mon-Santillán en 1845 y el arancel de 1849, y durante el Sexenio. Cánovas durante la Restauración apostó por el proteccionismo, política económica seguida durante todo el Siglo XX, hasta la desaparición de la dictadura de Franco y nuestra incorporación a la actual Uníón Europea (en 1986, denominada entonces Comunidad Económica Europea).  Por otra parte, una de las reformas básicas del Estado liberal en España durante el Siglo XIX fue el control de la banca y la emisión de moneda. Así, al mismo tiempo que se iniciaba la transición a un sistema monetario moderno con la aparición de la peseta, se emprendía también la implantación de un nuevo sistema bancario.  Por lo que respecta a la modernización del sistema bancario español, el primer banco nacional es el Banco de San Carlos, que funciónó entre 1782 y 1820 y fue creado, fundamentalmente, para conceder préstamos a la corona a través de la emisión de vales reales, lo que le acabaría llevando a la bancarrota.

En 1820 los liberales crean un nuevo banco:

El Banco de San Fernando

En 1844 se crea el Banco de Isabel II, en Madrid, que tendrá una capacidad emisora de billetes mayor que el Banco de San Fernando. Además, el Banco de Isabel II tiene la prioridad para abrir sucursales en otras capitales de provincia. Esta tendencia implica que los billetes de banco comienzan a emitirse en varias ciudades. Pero la competencia entre los dos grandes bancos madrileños crea problemas. Para evitarlos se hace necesario fusionar los dos bancos. Surge así el Nuevo Banco de San Fernando con monopolio de emisión de billetes de banco en Madrid. En 1856 pasaría a denominarse simplemente Banco de España.

Esta institución tendrá prioridad para abrir sucursales en toda España, como las de Valencia, Alicante, etc., y será, también, emisor de billetes. Su labor principal será la financiación del ferrocarril y de la industria. Las reformas del bienio progresista también suponen la liberalización de la emisión de moneda, con lo que gran número de los bancos privados comienzan a emitirla. Finalmente, en 1874 se concede el monopolio de emisión

de billetes al Banco de España, que absorbe muchos de los bancos privados, con lo que se unifica la moneda y se extiende su validez a todo el país.

Por último, tras el desastre colonial de 1898, se repatrió a España gran parte de los capitales situados en Cuba, Puerto Rico y Filipinas y se inició una nueva fase de desarrollo bancario privado, con fundaciones tan importantes como la del Banco Hispano Americano en 1901. Menos importante fue la creación de cajas de ahorro, con un papel más asistencial que financiero y dirigidas al fomento del ahorro entre las clases medias y trabajadoras. Otra innovación fue la creación de la Bolsa de valores.
En 1831 comienza a funcionar la Bolsa de Madrid, para la negociación de los valores de las empresas dentro del capitalismo financiero. Por lo que respecta al sistema monetario, durante el primer tercio del Siglo XIX existía en España una diversidad anárquica de monedas, pesos y medidas que entorpecía el comercio interior y los intercambios. Las leyes de 1848 y 1864 implantaron el sistema bimetálico de oro-plata, con el real como unidad básica. La reforma de 1864 establecíó el escudo, basado ya en el sistema métrico decimal. Sin embargo, la reforma definitiva en el sistema monetario llegaría con la revolución de 1868 y la implantación de la peseta (4 reales), basada en un sistema decimal, como unidad monetaria. El uso de la peseta tardó en generalizarse, pero a finales del XIX ya era la unidad monetaria utilizada en todos los intercambios económicos. A ello contribuyó la creciente emisión de billetes de banco.

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Con el surgimiento de la industrialización, el ferrocarril se convierte en el principal medio de transporte en todos los países desarrollados, capaz de transportar materias primas y productos a largas distancias y favoreciendo la expansión de la industria. Es, por tanto, percibido como una necesidad para el desarrollo de la industria española. Sin embargo, la Historia del ferrocarril en España se inicia tardíamente, en 1844, con la Real Orden que inicia el primer proyecto ferroviario, inaugurándose la línea Mataró-Barcelona en 1848.
No obstante, los primeros años estuvieron marcados por un crecimiento escaso y la continua especulación. Esta Real Orden, además, establecíó un ancho de vía superior al europeo, que acabaría por aislar al país del resto de Europa, era mayor en España q en otros países como Francia. Durante el bienio progresista (1854-1856), el gobierno de España aprobó la Ley General de Ferrocarriles.
Se trató de una medida que, a partir de su entrada en vigor en 1855, estimuló la construcción de la red viaria básica, que era uno de los grandes anhelos del partido político en el poder, ya que facilitaba la formación de sociedades anónimas ferroviarias, mediante el pago de subvenciones estatales.
En los 10 años siguientes a la ley se construyeron 4300 kilómetros de vías.     Los objetivos de la Ley de Ferrocarriles pueden resumirse en tres puntos 

· Activar la economía nacional gracias a un medio de transporte con mayor capacidad y notablemente más rápido que el existente.

· Dar salida, mediante una inversión rentable en apariencia, al excedente de capital acumulado en las últimas décadas.

· Favorecer el desarrollo de la industria mediante la articulación del mercado nacional y el aumento de la demanda.

A la hora de abordar las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles, se ha de tener en cuenta que algunas de ellas fueron positivas para el país, pero también las hubo negativas. Dentro de ese último grupo cabe destacar la escasa rentabilidad de la inversión realizada , así como los efectos de la excesiva especulación, que terminó por llevar a la crisis de 1866 y a la quiebra de numerosas entidades financieras, por lo que a partir de ese año se frena el ritmo de construcción. La Ley permitíó la inversión de capitales extranjeros (fundamentalmente franceses) y establecíó una franquicia arancelaria para la importación de los materiales para su construcción, lo que, si bien disparó los kilómetros de vía construidos, provocó que los beneficios y las subvenciones estatales no repercutieran demasiado en los capitales y industrias autóctonos. Además, los promotores construyen allí donde están sus intereses, por lo que fundamentalmente se unieron zonas que ya eran económicamente dinámicas, hundiendo aún más al resto. El resultado fue un trazado radial, con Madrid como centro, cuyos efectos se extienden hasta tiempos muy recientes. En definitiva, se puede hablar de un relativo fracaso del ferrocarril como estímulo a la industrialización. Sin embargo, dentro de las consecuencias positivas, se ha de destacar que la ley aprobada en 1855 revoluciónó el sistema de comunicaciones en España, permitiendo crear un mercado nacional que trajo consigo cierto fortalecimiento de la industria, aunque no en la medida en que se pretendía, ya que sobre todo se utilizó para el transporte de materias primas para su exportación. La carga transportada pasó de 3.000 millones de toneladas en 1870 a 16.000 millones en el año 1900.