Las barreras que impidieron el desarrollo de un mercado nacional eran de carácter material. Era necesario construir una red viaria efectiva que comunicara la costa con el interior.En España esta construcción se fue dilatando. La primera línea férrea se construyó en Cuba. A partir de ese momento la construcción del ferrocarril experimentó un enorme impulso. Fueron los progresistas quienes en 1855 aprobaron la Ley General de Ferrocarriles, que fijaba las condiciones para la construcción y establecía un plano radial a partir de Madrid. La ley eliminó los aranceles a las importaciones de material ferroviario, concedíó privilegios de expropiación de tierras y permitíó la entrada de capital extranjero. Se formaron tres grandes compañías ferroviarias con capital francés. A ellos se unieron socios españoles de las finanzas y de la Bolsa. Boom ferroviario se interrumpíó con la crisis financiera internacional, que en España tuvo mucho que ver con el hundimiento de las sociedades ferroviarias, ya que habían invertido mucho dinero en líneas no muy rentables. El último impulso constructor del siglo XIX comenzó con la Restauración. Al otorgarse las principales concesiones a compañías extranjeras, los materiales se importaban de fuera, por lo que el ferrocarril no estimuló la industria siderúrgica nacional. El escaso capital español existente, además de desviarse hacia la compra de tierras, fue absorbido, en gran medida por el ferrocarril, por eso mismo, no se derivó hacia la inversión industrial. Ayudó al desarrollo de la siderurgia y la minería del carbón y terminó por tener efectos positivos en la economía española cuando la economía española empezó a despegar.
Apoyos: Los industriales catalanes sobre todo, los terratenientes castellanos o andaluces y los siderúrgicos vascos se opónían a la libertad de mercado que preconizaba el librecambismo, porque amenazaba sus negocios por la competencia que supónían las producciones de otros países: más baratas y de mayor calidad que las nacionales. Argumentos: El argumento del proteccionismo se basa en que la producción nacional es prioritaria frente a la de otros países; en el caso español, lo que se intentaba sobre todo era evitar la competencia de la industria británica. Por su parte, el liberalismo defiende que el librecambismo estimula la innovación de las empresas para adaptarse a la competencia y resulta más favorable para el consumidor ya que mejora la concurrencia entre las empresas que compiten por ganar cuotas de mercado. Actuaciones: En España la política seguida fue, durante casi todo el Siglo XIX, proteccionista con algunas excepciones como la aprobada al efecto por las Cortes de Cádiz, que tuvo poco recorrido; la reforma de Mon-Santillán en 1845 y el arancel de 1849 introdujeron algunos matices librecambistas pero de moderado alcance. Por último, el Arancel de Figuerola de 1869, en pleno Sexenio Democrático, se inclínó más claramente hacia el librecambismo al suprimir el derecho diferencial de bandera. Finalmente, Cánovas durante la Restauración apostó por el proteccionismo, política económica seguida durante todo el Siglo XX, hasta la desaparición de la dictadura de Franco y nuestra incorporación a la actual Uníón Europea (en 1986, denominada entonces Comunidad Económica Europea).
El uso de la peseta tardó en generalizarse, pero a finales de siglo ya era la unidad monetaria utilizada en todas las transacciones económicas. Banca moderna: A fines del XVIII se crea el primer banco español (Banco Nacional de San Carlos en 1782), para administrar la deuda pública. Hasta que no se aprueba una Ley de Banca en 1855, la banca española fue poco dinámica; a partir de entonces, crecíó notablemente. La crisis financiera de 1866 dio paso a una nueva estructura bancaria: quedaría por un lado el Banco de España (creado en 1856) con el monopolio de emisión de billetes; mientras que la banca privada fue desmantelada casi en su totalidad, dejando entidades como el Banco de Barcelona, Bilbao o el de Santander. La banca española fue poco utilizada como instrumento de desarrollo productivo y más como prestamista del Estado y captador de recursos externos para inversiones pública a través de la deuda pública.