TEMA 4: EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)

El Sexenio democrático es una de las etapas más agitadas del Siglo XIX español. La revolución de Septiembre de 1868 –la Gloriosa– se inicia con un pronunciamiento liberal, tanto militar y como civil, que abre una etapa revolucionaria con la que se pretende, sin conseguirlo, instaurar un régimen democrático
. A pesar de ello, el sexenio aportó la primera Constitución democrática del Siglo XIX.  

Esta etapa supuso el ensayo de lo que se considera el primer intento fallido de sistema democrático, bajo un régimen monárquico primero (Amadeo I)
Y, tras su fracaso, republicano después (la I República).

Fue un marco caracterizado por el protagonismo de la pequeña burguésía urbana y el movimiento obrero por buscar un nuevo orden político y social que satisficiera sus aspiraciones de clase. Como no llegó a cambiar la estructura de la sociedad, no se le considera un auténtica revolución.

El Sexenio se define como la última etapa de la revolución liberal, caracterizada por una serie de reivindicaciones económicas para alcanzar el “estadio capitalista” y una aguda conflictividad social en la que destacan movimientos revolucionarios nuevos, cantonalismo, otros endémicos como será el carlismo y, finalmente, colonial, Cuba. Finalmente debido a la radicalización dará lugar a que la burguésía apostará por un modelo más conservador, desembocando en la vuelta de los Borbones con la Restauración (1875).

En el último periodo del reinado de Isabel II (1863-1868), sobre todo, a partir de 1866, se produjo una serie de crisis que agravaron la deficiencia del sistema liberal y ahondaron las debilidades económicas de España. Las causas de la crisis fueron: la crisis financiera debido al hundimiento de la Bolsa, ya que el rendimiento económico del ferrocarril fue menor del esperado y una pesada deuda pública, así como crisis en las entidades financieras. La prosperidad económica vivida desde 1850 se truncó con la quiebra del banco Overend & Gurney. Por otro lado, la Guerra de Secesión americana encarecíó la importación de algodón a Cataluña (“hambre de algodón”), dando lugar a una subida de precios y una escasa demanda de productos, desencadenando una crisis industrial y el descontento de la burguésía y paro obrero. Esto coincidíó con una serie de malas cosechas, que hizo que subieran los precio de productos básicos para la alimentación de forma prohibitiva para las clases humildes, provocando la crisis de subsistencias, miseria y oleadas de hambre, y crecíó la mortalidad. Una crisis política, reflejada en el agotamiento y debilitamiento del sistema isabelino, reflejado en los innumerables pronunciamientos para promover reformas en el país, el fallido levantamiento de los sargentos en el Cuartel de San Gil (1866) y el autoritarismo de los gobiernos conservadores. Todo ello provocó el Pacto de Ostende (1866) entre progresistas y demócratas(, principales fuerzas de la oposición,) con el objetivo de derrocar a la reina.

Tras la muerte de O’Donnell en Francia(1867), la Uníón Liberal se incorporó (Julio de 1868) a la conspiración antiborbónica de la que formaban parte mandos militares como el general Francisco Serrano, creándose un Comité secreto en Madrid constituido por unionistas, progresistas y demócratas. Se excluyó a los republicanos, para preparar la insurrección que desembocaría en un pronunciamiento militar.

En Septiembre de 1868 se produjo la revolución conocida como “La Gloriosa”, o septembrina, apoyada por los generales Serrano y Prim, que se encontraban en el exilio. La revolución comenzó con el pronunciamiento de la armada en Cádiz (17 de Septiembre de 1868), al mando del almirante Topete, y del ejército, dirigido por los generales Prim y Serrano.

Seguidamente, se crearonJuntas Revolucionarias controladas por las clases populares en Cataluña, Valencia y Andalucía. En un primer momento, el poder residíó en las juntas revolucionarias que reclamaron amplias medidas de democratización política (sufragio universal, libertad de expresión, de reuníón, de asociación y de culto) y de reformas sociales (desamortización, abolición de las quintas y del impuesto de consumos).

La revolución social y económica del movimiento popular hicieron caer en la batalla de Alcolea (28 de Septiembre de 1868) a Isabel II, la cual tuvo que exiliarse, dejando el poder dividido entre las juntas revolucionarias (Demócratas y Republicanos) y el Gobierno Provisional (Progresistas y Unionistas).

El gobierno provisional con Prim y Serrano estaba compuesto por unionistas y progresistas, decretó la disolución de las juntas y asumíó el ideario democrático de estas.

Pero una de las cuestiones clave era la forma de gobierno, monarquía o república, que debían decidir unas Cortes constituyentes. Se convocaron elecciones que, fueron las primeras elegidas por sufragio universal masculino para mayores de 25 años, dieron la mayoría a los partidos de la coalición antiborbónica –unionistas, progresistas y demócratas–, partidarios de una monarquía democrática. A la izquierda se situó una fracción del partido demócrata partidaria de la República, y que formó el Partido Republicano Federal.

Prim (Progresistas) pasa a ser nombrado jefe de gobierno y Serrano (Unionistas) es declarado regente
.

Para esta nueva monarquía se elaboró la Constitución de 1869. Esta sería la primera constitución democrática con una amplia declaración de derechos y libertades tanto colectivas como individuales. Esta constitución establece un régimen de monarquía basado en el principio básico de la soberanía nacional
. Recoge una amplia declaración de derechos y libertades como el derecho de reuníón de asociación, el juicio por jurados, el sufragio universal directo y masculino para mayores de 25 años y la libertad de culto. Se fundamenta en los principios de la división de poderes y en la descentralización. El poder ejecutivo lo representa el rey con facultades limitadas, y los ministros, el legislativo de cortes bicamerales, al que se le daban mayores prerrogativas para controlar al gobierno, y el judicial, con jueces independientes. Se reemprende la desamortización y se suprimen los consumos.

La labor más importante fue la desarrollada por Laureano Figuerola en materia económica: creó la peseta de forma oficial, intentó una reforma fiscal, destinada a suprimir el impuesto de consumos, que resultó fallida, dictó una nueva legislación minera que permitíó las inversiones de capital extranjero y promovíó el librecambismo en España. Además, se creó el Banco Hipotecario y se otorgó al Banco de ESpaña el monopolio de la emisión de billetes. Se promulgó la Ley Arancelaria como consecuencia de abrir la economía española a los mercados exteriores. Asimismo, la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de minas permitieron conseguir inversiones extranjeras y entrada de capitales para financiar el crecimiento económico.

El 68 no fue una auténtica revolución porque el campesinado vio frustradas sus esperanzas de reparto de tierras y se radicalizó el movimiento obrero, al estimarse las reformas favorables a los intereses de los patronos y no beneficiarles a ellos, favorecido por el internacionalismo (movimiento anarquista y socialista). Además, los republicanos, que capitalizaron parte del descontento obrero, no vieron satisfechas sus pretensiones de establecer una República, como estimaron que haría Prim.

Pero el mayor problema al que se tenía que enfrentar este nuevo gobierno era el de encontrar un rey ya que ni Isabel II ni su heredero (Alfonso XII), ni la opción carlista eran opciones válidas.

Los mayores problemas a los que se tuvieron que enfrentar fueron: el descontento de los republicanos por la trayectoria que el Gobierno provisional impuso a la revolución al inclinarse por la monarquía. Por otra parte estaban los carlistas que también se opónían al gobierno. Las crisis agrarias de 1867–1868 desataron la rebeldía de campesinado andaluz. El fracaso de la sublevación produjo el desengaño del campesinado hacia los partidos políticos. Con la introducción en España de la I Internacional, en su versión anarquista, apolítica y colectivista encontró eco en ese campesinado desengañado. De igual modo la escasez, la carestía y la protesta contra los consumos y las quintas provocó motines populares urbanos y surge la huelga. El Sexenio tuvo en la guerra de Cuba (1868–1878) otro problema de gran envergadura. La falta de respuesta por parte el gobierno y las ansias independentistas cubanas provocaron un movimiento secesionista dirigido por Céspedes.  

La elección de Amadeo de Saboyá por las Corte Constituyentes (Octubre 1870) como nuevo Rey de España no fue unánime. Prim había mantenido unida la coalición monárquico–democrática y su muerte provocó su descomposición. Los unionistas se alejaron el nuevo régimen y se acercaron a los partidarios de la solución alfonsina.

En el seno del partido progresista, se produjo la ruptura. De un lado Sagasta, con la parte constitucionalista, y por el otro Ruiz Zorrilla, con el sector más radical. También se opónían a él la Iglesia católica, la nobleza y la burguésía industrial y financiero.

El carlismo cobró un nuevo impulso tras el destronamiento de Isabel II, iniciando una tercera guerra carlista a favor de Carlos VII (1872–1876).

Amadeo I tuvo graves problemas como gobernante y se vivíó una fuerte inestabilidad política. El mayor problema de la Monarquía Democrática fue el de La Guerra de Cuba. La alta burguésía española obtuvo sus grandes fortunas de Cuba; asimismo, el antiabolicionista marqués de Manzanedo fue uno de los principales inspiradores del movimiento antiabolicionista.

Los problemas vienen dados por las crecientes diferencias entre la sociedad cubana y la española. Los productores de azúcar y tabaco concedían cada vez más importancia a Estados Unidos como mercado natural, mientras que las tensiones entre criollos y peninsulares aumentaban.

Cuba pidió cada vez más autonomía, y España le responde con represiones con el Capitán General, Francisco Lersundi.

La sublevación sucedíó poco después de la revolución, tras el llamado gritó de Yara (Octubre, 1868). La “guerra larga”, en realidad, no fue más que una interminable guerrilla que tardó diez años en ser erradicada.  Los principales líderes fueron Maceo y Gómez. Una buena parte de los dirigentes republicanos y alguno de los intelectuales más conocidos formó parte de la sociedad abolicionista de la esclavitud, cuestión que estaba planteada en la política española en torno a 1872–1873.

Con la desaparición de Isabel II comienza la III Guerra Carlista por las pretensiones  

que tenían los sucesores de Carlos María Isidro por ocupar el trono. La práctica del sufragio universal favorecíó a los Carlistas gracias a la libertad de imprenta.

Finalmente, Amadeo I, impotente para dar solución a los graves problemas que asolaban el país abdicó el 11 de Febrero de 1873, tras seis gobiernos y tres elecciones generales dejando así un vacío institucional. El Congreso y el Senado se unieron en una Asamblea Nacional, aunque la Constitución de 1869 lo prohibía. El crucial apoyo del Partido Radical de Ruiz Zorrilla, mayoritario en la cámara, y del partido demócrata, a los diputados republicanos, permitíó la proclamación de la I República (Febrero 1873 – Enero 1874).

Su lema va a ser “orden, justicia, y libertad”. El primer gobierno republicano estuvo formado por una coalición de radicales y republicanos, y presidido por Estanislao Figueras. Los radicales querían una República unitaria, mientras que los republicanos renuncian a la proclamación inmediata de la República federal dejando esta decisión para las Cortes. Pero esta I República sólo fue reconocida internacionalmente por EE.UU.

Los dirigentes republicanos se encontraron con una doble oposición; por un lado los radicales (republicanos, monárquicos y unitarios (derecha)) y por el otro los intransigentes (partidarios del inmediato establecimiento de la República federal, aunque sea por la vía de la revolución).

La desilusionada y frustrada masa federal intentó proclamar el Estado catalán dentro de la República Federal española. La radicalización se extendíó a los campesinos, que identificaron la República con el reparto de tierras. En Andalucía estos brotes revolucionarios desembocaron en graves disturbios como el de Montilla, en Córdoba.

Los republicanos federales gobernaran solos, puesto que los radicales intentaran derribar el gobierno por la fuerza e impedir la convocatoria de Cortes Constituyentes. Tuvieron que hacer frente a las recuperaciones de las guerras carlistas y a los partidos políticos restantes.

El 1 de Junio de 1873 se convocan Cortes Constituyentes, nombrándose un nuevo gobierno presidido por Pi i Margall. Emilio Castelar se encargó de redactar un proyecto de constitución según el ideario federalista. Comienza a elaborarse la Constitución de 1873 que es republicana y federal, pero no llega a aprobarse por los movimiento cantonalistas, la conflictividad social, la extensión de la guerra carlista y el problema cubano.

En Julio dimite Pi i Margall y le sustituye Nícolás Salmerón, que produce un giro conservador. Para acabar con el movimiento cantonal y los levantamientos se aumenta la presión social en las calles, se reprime la I Internacional y se refuerza el ejército y la Guardia Civil.

En Septiembre Castelar es nombrado presidente
. Gobierna por decreto. El gobierno sale fortalecido como árbitro de las tres guerras y se sofoca el levantamiento cantonalista casi en su totalidad.

Pero el 3 de Enero de 1874 Pavía da un Golpe de Estado en las Cortes que votaban la sustitución de Castelar.  

El cantonalismo buscó hacer realidad el ideal de la República federal mediante la formación de unos poderes locales fuertes y autónomos –cantones– como medida para contrarrestar el centralismo.

En Andalucía aparecen poderes políticos que se declaraban autónomos y que no reconocían el poder central. La sublevación federal cantonalista fue protagonizada por estudiantes, intelectuales y políticos provincianos, a los que se suman artesanos, tenderos y asalariados de diversas especies. Muy a menudo los internacionalistas (movimiento obrero) colaboraron con el cantonalismo.

Puntos destacados de la sublevación cantonal fueron Alcoy y Sanlúcar, pero el principal foco fue la sublevación de Cartagena, que contó con el apoyo de parte de la Armada. Para sofocar estos levantamientos Salmerón empleó a militares monárquicos, como los generales Martínez Campos y Pavía, que acabaron con el movimiento cantonal durante el verano de 1873.

El ejército propone a Serrano para cerrar el proceso y acabar con las guerras y el desorden, pero los carlistas van a aguantar hasta 1876 y la guerra de Cuba va a durar hasta 1878.

La causa alfonsina es la salida más lógica. Cánovas del Castillo redacta el “manifiesto de Sandhurst” en Diciembre 1874, según el cual Alfonso, en el caso de ser nombrado rey, se comprometía a implantar un régimen constitucional y parlamentario estable.

El general Martínez Campos se adelanta y se pronuncia en Sagunto a favor de Alfonso XII el 29–30 de Diciembre de 1874, poniendo fin a la I República.